Locales. Tandil contemplada en el millonario plan para nuevas sedes judiciales

En la antevíspera entró al Senado y ayer tomó estado parlamentario el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo bonaerense que establece el marco regulatorio para un millonario plan de obras destinadas a mejorar la situación edilicia del Poder Judicial.
El programa de iniciativas fue elaborado por la Suprema Corte, incluye trabajos en los 18 departamentos judiciales bonaerenses y fue agregado, como anexo, al proyecto de ley que firmó el gobernador Daniel Scioli y fue enviado al Senado.
El plan -que se enmarca en la emergencia edilicia del Poder Judicial, declarada por ley hace un tiempo- prevé compra y expropiación de inmuebles, trabajos de construcción, ampliación y remodelación de edificios en todo el territorio provincial, por un costo total de 2.362.888.801 pesos.

PARA NUESTRA CIUDAD
Dentro de la millonaria inversión, se detalla los trabajos en los distintos distritos, entre ellos nuestra ciudad, iniciativa que incluso sorprendió a los propios actores judiciales de la ciudad.
Según tuvo acceso este Diario del proyecto, para Tandil se contemplan obras consideradas prioritarias en primer y tercer orden, respectivamente. Más precisamente, se detalla para Tandil obras de primer prioridad los trabajos de ampliación en la manzana de calles Uriburu y Alem, a través de gestiones obradas por la jurisdicción de Administración de Justicia y del Ministerio Público. El costo de la inversión a realizar habla de de un total de 9.180.000 millones de pesos.
Por otro lado, el proyecto contempla nuevamente a nuestra ciudad en la etapa de la prioridad tercera. Allí se establece la adquisición de inmueble de calle Pinto al 500, por un valor estimado en los 2.000.000 de pesos. Si bien no surgen más precisiones, se especula que versa sobre gestiones que oportunamente se hicieron por el inmueble donde funcionara la aseguradora El Centinela.

PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley también contempla la extensión de la emergencia edilicia, que fue sancionada a pedido del Ejecutivo bonaerense a pocos meses de asumir el mandato de Scioli, luego de una reunión en la que el ministro de Justicia, Ricardo Casal, explicó a los legisladores la necesidad de contar con una herramienta para atenuar el virtual colapso del parque edilicio judicial.
Aquella norma, que luego fue prorrogada, habilita al Ejecutivo a expropiar bienes para encarar obras de infraestructura como las que ahora se plantean.
El plan edilicio para el Poder Judicial bonaerense prevé un costo total de 2.363 millones de pesos, que el gobierno provincial busca afrontar mediante un crédito del BID, que gestionará la administración nacional. Sobre los fundamentos de la norma se extrae entre sus fundamentos la elaboración de un plan de infraestructura judicial que contendrá la programación de las obras de construcción o ampliación de edificios o complejos judiciales y la expropiación de inmuebles, entre otras disposiciones.
"A los fines de su concreción el señor Presidente de la Suprema Corte dictó la Resolución Nº 3/08, con el objeto de proceder al relevamiento de los edificios y necesidades existentes. Consecuentemente por Resolución Nº 1574/08 el Alto Tribunal Provincial aprobó la primera versión del plan, con remisión de copia al Ministerio de Justicia en el marco de lo estipulado por la Ley. Por otra parte en el ámbito del Ministerio Público se concretó igual disposición por Resolución de la Procuración Nº 389/08".
Asimismo -continúa la fundamentación del proyecto de ley - "con fecha 22 de octubre de 2008 por Resolución Nº 3048 la Suprema Corte ratificó el Acta suscripta por el señor Presidente del Tribunal, la Procuradora General y el Ministro de Justicia, en cuyo contenido se aprobó el Plan de Infraestructura Edilicia y sus prioridades elaborado por las áreas pertinentes de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General, se estableció el compromiso de suscribir Convenios entre las tres Instituciones para la construcción de edificios y complejos judiciales y -además- se requirió al Poder Legislativo una prórroga de la emergencia edilicia, circunstancia que dio origen al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 3149/08 y a la Ley 13.946".
Asimismo, se establece que la Ley "que aprobó el Presupuesto para el año 2009 incluye previsiones para llevar a delante la totalidad de los emprendimientos incluidos en el Plan".
La ley en cuestión específicamente establece en su primer artículo "Aprobar el Plan de Infraestructura Edilicia elaborado por la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General en coordinación con el Ministerio de Justicia de la Provincia, (conforme Res. Nº 3048/08) cuyo contenido fuera ratificado por Decreto del Gobernador nº 3149/08, en el marco de lo normado por el artículo 8º de la Ley 13.795 y que como anexo forma parte de la presente".
El artículo 2º reza: "A los efectos de que la Suprema Corte de Justicia ejerza la facultad establecida en el artículo 31 quáter de la Ley 5.827, texto según articulo 9º de la Ley 13.795, declárense genéricamente de utilidad pública todos los bienes inmuebles ubicados en las zonas establecidas en el Plan aprobado en el articulo anterior".