28 de diciembre de 2020
Romina Correa y Romina Moure, dialogaron con La Voz, ante la
inminencia de la nueva fecha de desalojo, que será dentro de poco menos de 20
días.
Inicialmente, el desalojo estaba ordenado para el mes de octubre, pero ante el pedido del defensor oficial, Dr. Diego Araujo, la justicia otorgó una prórroga, con el objetivo de que en ese lapso se encontrara una salida a la situación habitacional de esas familias, que estaban ocupando ilegalmente los lotes. Sin embargo, en todos estos meses, no hubo avances, según relataron las mujeres.
"Nosotros entramos acá por una necesidad de vivienda, el lugar estaba desocupado y descuidado. Somos gente del barrio. Nos pusimos a cuidar el lugar, a cortar el pasto, mantenerlo. Durante dos años nunca apareció nadie, hasta que hace poco, sí apareció alguien, al que la justicia le dio la posesión por usucapión", recordaron.
En ese punto, el propietario del predio reclamó el desalojo de los terrenos, lo que fue avalado por la justicia. "Eso nos desequilibró totalmente, porque nunca nadie nos reclamó, el lugar no estaba cercado, había mucha basura, estaba sucio, lleno de bichos. Y nos metimos porque no podemos alquilar, no tenemos donde ir y buscamos tener una vivienda".
Las mujeres destacaron la labor del Defensor Oficial, el Dr. Diego Araujo, quien representa a las seis familias que aún resisten en el predio, dado que muchas otras decidieron retirarse. "Araujo tomó esto en sus manos, nos da tranquilidad y nos acompaña mucho. No nos podemos quejar de su trabajo", dijeron.
Respecto de quienes se fueron, tras la primera orden de desalojo, consideraron que "algunos se fueron por miedo y otros porque no es fácil vivir acá. No tenemos luz, pocos tienen agua. Vivimos como se puede".
La falta de energía eléctrica fue lo que los alertó de que "algo pasaba", porque según recuerdan, "hacíamos reclamos sobre la luz y siempre nos mandaban la negativa desde la Usina. Ahí entendimos que algo había, aunque nadie nos decía nada. Y de golpe, nos llegó la orden de desalojo".
Esa orden, como fue dicho, se prorrogó hasta el 14 de enero, fecha que se aproxima, mientras quienes allí habitan, "estamos esperando a ver qué hace el Estado, porque no tenemos dónde ir, sino ya no estaríamos acá si tuviéramos otra chance u otra cosa. No le deseo a nadie vivir de esta forma. Esperamos que el Estado se involucre".
"Nosotros no queremos nada regalado, queremos pagar un lote, o lo que sea, pero no tenemos acceso a créditos ni a ningún beneficio. Somos gente laburante, no es que estamos viviendo de arriba, pagamos nuestras cosas", remarcaron.
También advirtieron a este diario, que muchas viviendas han sido levantadas con mucho esfuerzo, son estructuras firmes, aunque podrían ser mejoradas, "pero no queremos hacer arreglos porque nos van a sacar".
"Hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta de las peticiones que ha hecho nuestro abogado; y con el Municipio no hay relación ninguna. Han venido a censarnos para saber cuál era la situación, pero después nunca más", insistieron las dos mujeres, que viven en el lugar junto a sus hijos.
Señalaron luego que si bien hay plazo hasta el próximo día 14 de enero, "para irnos voluntariamente", les llegó el dato de que el denunciante no quiere un desalojo violento ni compulsivo. "Eso nos da tranquilidad y algo de alivio. Pero este tiempo de prórroga del desalojo era para que se involucren las partes correspondientes, porque nosotros estamos en situación de calle. Y hasta ahora, no hubo ninguna mediación".
"Recibimos mucha ayuda de organizaciones sociales, tenemos apoyo tanto moral como anímico. Eso nos hace muy bien", destacaron, en tanto explicaron que "nos vamos a quedar acá hasta el 14, porque hasta que no haya una solución, no nos podemos ir. Hasta que no tengamos otro lugar. Pero no es que tenemos resistencia a irnos, el tema es que el Estado nos tiene que dar una solución, porque quedamos en situación de calle".
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