Locales. Toman el CIC, exigen la presencia de Lunghi y desautorizan a la bonaerense

La crispación entre ocupantes de inmuebles fiscales del Plan Federal y el municipio incorporó un nuevo capítulo ayer, cuando los vecinos realizaron una toma pacífica, por tiempo indeterminado, del Centro Integrador Comunitario, sólo permitiendo la atención médica.

Poco antes de las 10, la Comisión de Toma y Posesión decidió copar las instalaciones del predio dependiente de Desarrollo Social, donde exigieron la llegada del intendente Miguel Lunghi, que a la mañana había viajado a La Plata.

El pediatra radical ya tenía previsto en su agenda avanzar en el plan de desendeudamiento con la Provincia así como firmar un convenio para descentralizar fondos bonaerenses destinados a la compra de patrulleros para Tandil (ver).

Mientras el jefe comunal desarrollaba su visita política a la Provincia, la tensión en La Movediza lo colocaba en el centro de la escena.

"No va a ir", dejó trascender una fuente del Gobierno para aclarar que no cederían ante la embestida de Osvaldo Maestrojuan y Juan Olano, entre otros dirigentes alineados al kirchnerismo. "A lo sumo se acercará (Oscar, secretario de Desarrollo Social) Teruggi ó Rubén Dieguez (subsecretario)", explicaron en cercanías del primer mandatario local.

Precisamente los miembros del gabinete fueron desautorizados por los militantes sociales apostados en el CIC, pues entienden que el único con facultades para evitar la ola de desalojos judiciales es el Intendente. Incluso fueron más allá al pedir la renuncia de Dieguez y la apoderada legal Analía Mastropierro, ambos funcionarios presentes en el desalojo de Los Crisantemos al 2.000, ocurrido el lunes, decisión avalada por el juez de Garantías que desatara la furia del resto de los ocupantes. También instaron al apartamiento de la trabajadora social del Centro Integrador, Mariela Palazzo. Le adjudican "discriminación, violencia psíquica y recorte digitado de ayuda social".

LETREROS

El CIC apareció vestido con banderas del "Partido Socialista" y la "Juventud Evita", insignias partidarias que se mezclaron con otros letreros más directos contra la gestión correligionaria: se aludió a la "represión lunghista", "Lunghi miente", "Basta de Violencia", "Grasso inútil, devolvenos la enfermera" y "No nos vamos de las casas".

La movilización permitió la atención sanitaria, pero el resto de las actividades quedaron canceladas. Al lugar llegaron tres patrulleros de la Seccional Segunda, a cargo del comisario Walter Gil.
La autoridad policial se acercó a los manifestantes para identificar a las "cabezas" del reclamo, pero pronto Bravo recriminó la intimidación oficial, pues "están pidiendo nombres y apellidos de la gente", se quejó.

Ante la reprimenda de la comisión, la Policía volvió a sus puestos, junto a los móviles. El clima, si bien se desarrolló con tranquilidad, en ese momento transitaba por una tensa calma.

Incluso al leer un comunicado redactado rápidamente -en manuscrito-, Maestrojuan advirtió que estaban dispuestos a resistir un posible ataque represivo mediante el desalojo del CIC, alegando que la Policía bonaerense no tiene jurisdicción sobre un predio del orden nacional.

Es que Gil les habría anunciado que a las 17 el edificio debía cerrar sus puertas. Pero los vecinos estaban dispuestos a permanecer allí hasta que "venga Lunghi".

En ese contexto, el socialista aclaró que sólo iban a retirarse con la orden de un juez federal instrumentada por la Policía Federal, ya que el inmueble corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La "adjudicación ya" de los inmuebles, la extensión de servicios básicos, la lucha por una "vivienda digna", el fin de los desalojos, así como el repudio de una política que enfrente a "pobres contra pobres", fueron los puntos salientes del escrito locutado por Bravo ante los periodistas.

También condenaron el "llamado a sorteo de los lotes y viviendas ocupadas porque esto sólo busca un deslinde de responsabilidades del Estado municipal, y una futura guerra de pobres contra pobres".

Denuncia en ciernes

Sobre los pasos del Ejecutivo, a la espera del jefe comunal, funcionarios de cuarta línea estuvieron por el CIC y junto a un escribano constataron la toma del edificio. Así se labró un acta, documento que podría servir para futuras acciones judiciales, de creerlo necesario el Ejecutivo comunal.

En medio del denso clima, tampoco se descartó que el municipio propicie una presentación judicial contra los que considera “activistas políticos” de la toma, apuntando sus acusaciones a Juan Olano, Osvaldo Maestrojuan y Gustavo Bravo.

La posible presentación no se limitaría a su rol en la toma, sino también sobre los dichos, denuncias públicas, que estos dirigentes realizaron contra el lunghismo. Vale reseñar que se habló que el hijo del Intendente habría avalado una toma y, en las últimas horas, agregaron otra delicada acusación. En efecto, plantearon que el propio Lunghi llevó a vecinos de Villa Aguirre para que observen las características de las viviendas federales, con el claro propósito -al entender de los reclamantes- de adjudicárselas directamente, sin sorteo previo como el municipio vino pregonando.