17 de marzo de 2010
Tras dos infructuosas reuniones con el Ejecutivo, las trabajadoras sociales y auxiliares de Trabajo Social, dependientes de la órbita municipal, iniciaron ayer un paro de 48 horas, al tiempo que el Gobierno advirtió que serán descontados los días.
Si bien la medida de fuerza fue "acompañada" por el Sindicato de Trabajadores Municipales, y cuenta con los avales legales que garantiza el gremio, el secretario general Roberto Martínez Lastra exhibió ayer una tibia señal de respaldo. Se debe a que la huelga llega en medio de una negociación paritaria donde esta discusión sectorial estaba prevista para los próximos meses, según lo pactado con la administración Lunghi.
Con todo, el secretario de Gobierno, Matías Civale, se dijo "sorprendido" por la reacción de las empleadas de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que el Ejecutivo considera que se anticipó un conflicto cuando restan varias reuniones con el sindicato, donde entre otros debates, está prevista la situación de las trabajadoras sociales.
Asimismo, y en consonancia con la política lunghista para con el personal que realiza paros, el Gobierno descontará las jornadas de inactividad laboral en la liquidación de haberes.
No obstante, las 35 agentes comunales nucleadas en el reclamo continuarán hoy con la protesta, siempre desde el lugar de trabajo, en Arana 1.129.
En el seno del intendente creen que eludir el cronograma establecido de antemano con el gremio, y acudir a un paro en plena paritaria, podría entorpecer una negociación general con el STMT, que por ahora avanza por los carriles del diálogo ameno.
Por otro lado, Martínez Lastra presentó ayer en el palacio municipal una solicitud de 60 pesos para marzo y otros 60 pesos de junio, más 200 pesos bonificables a partir de abril. La última oferta de la comuna consistió en 60 pesos al básico en marzo y otros 60 en junio, sumado a un plan de recategorización para todas las áreas a lo largo del año, manifestó el gremialista al programa “Cada Mañana”, de AM 1560.
COBRAN PLANES PROMET
Gabriela Dorney, delegada sindical en Desarrollo Social, habló sobre los contenidos del reclamo que llevan a cabo las trabajadoras sociales, al sostener que desde octubre de 2009 "esperamos una respuesta del Ejecutivo municipal a los reiterados y legítimos reclamos de incorporación a planta".
Por otro lado, piden por la "recategorizaciones y reencasillamientos de quienes diariamente atendemos las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Tandil".
Denunciaron más tarde que "padecemos el trabajo precarizado, pues hay personal contratado desde hace años, sin obra social, personal retribuido con becas y planes sociales 700 pesos".
Más tarde cuestionaron que se cobren "sueldos bajos que no se corresponden con la labor y responsabilidad que tenemos, necesitando en la mayoría de los casos de una garantía salarial para llegar a 1.450 pesos, y que resultan insuficientes para sostener a nuestras familias".
Puntualmente, Dorney aseveró la necesidad de regularizar "nuestras condiciones de trabajo y por ende, que esto se traduzca a la hora de pagar los salarios".
Finalmente, las profesionales y auxiliares cargaron contra la administración comunal puesto que "hasta el momento sólo hemos recibido promesas incumplidas y postergaciones indefinidas", al tiempo que exigieron "respuestas urgentes y concretas".
Entre las problemáticas que atraviesa el personal, se destaca el panorama de las trabajadoras que perciben planes sociales como Promet, y se les exige el título académico para cambiar su situación contractual. Sin embargo, son empleadas que cumplen tareas laborales y se las encuadra como si estuvieran siendo beneficiadas por una capacitación.
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