Locales. Tras el revés judicial, el lunghismo pide que intervengan ediles K

Frente al revés judicial notificado durante el mismo viernes que había presentado el recurso de amparo, ahora el Ejecutivo se presta a definir una nueva estrategia judicial. Casi siguiendo al pie de la letra los argumentos que el juez Pablo Quaranta remitiera sobre el pretendido recurso de amparo, el gabinete lunghista analizará otras instancias, otras vías alternativas y preliminares, como por ejemplo, una denuncia por desalojo.

Frente a esta eventual instancia, el oficialismo corre el riesgo de seguir con la misma suerte -como ocurriera también en su momento con Smata- habida cuenta que se retomaría la discusión jurídica acerca de si la toma del CIC, ahora, reviste un delito penal o no. así también, subyace el espíritu de no judicializar los asuntos sociales que merecerían respuestas desde lo político.

Pero la estrategia radical no se detendría sólo en lo judicial. También se achacará sobre el costa político partidario. Como ocurriera con la exposición del bloque oficialista, pidiendo a sus pares opositores que se manifiesten sobre el entuerto, desde la jefatura de gabinete, Juan Pablo Frolik, ratificó la intención del Ejecutivo para que el bloque del Frente para la Victoria ocupe el rol de “facilitador”. Este es, habida cuenta que los voceros de la toma se autoreconocen como parte del justicialismo (Olano incluso formó parte de la lista y ocupó una banca en el HCD), entonces sean los concejales peronistas los que tiendan un puente de diálogo e “inviten” a su compañero a que desista de la ocupación del Centro Integrador Comunitario.

La otra vía de acercamiento a una salida al conflicto está librado en el encuentro que integrantes de la Comisión de Toma y Posesión dijeron que hoy van a mantener con funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.

La anunciada reunión en La Plata que mantendría Osvaldo Maestrojuan versaría sobre la necesidad de que el organismo bonaerense ratifique aquellos dichos que oportunamente se enfatizó en el mismísimo despacho del jefe comunal, Miguel Lunghi, una vez anunciada la entrega de fondos para terminar con las viviendas del Plan Federal.

Allí, y frente al silencio radical, Bontempo afirmó que la salida económica también debería redundar en una salida para aquellos vecinos que habían ocupado un terreno u casa a medio terminar.

“Nosotros traemos los fondos para terminar el barrio, la situación social queda en manos del municipio” fueron en síntesis las palabras del funcionario.

Así las cosas, hoy se sumará un nuevo capítulo a la controvertida como delicada historia de un municipio que no quiere reconocer a los que motorizan la toma y ocupas que resisten a dejar lo que tomaron pensando en que nadie los iba a sacar.

“A UN AÑO DE LA TOMA”

Al haberse cumplido un año de la ocupación, la Comisión de Toma y Posesión, hizo llegar por este medio a la ciudadanía en general un comunicado en el que pone en conocimiento que el miércoles 6 de octubre dio ingreso por mesa de entradas del municipio, dos notas con el mismo tenor, acompañadas por 120 firmas cada una; dirigidas al Intendente y al presidente de la Usina Popular y Municipal, Oscar Maggiori.

Las mismas expresaban que al haberse cumplido año de la toma de viviendas y lotes en el barrio de La Movediza, los vecinos ocupantes, ratificaban la decisión de no irse de sus lugares, exigiendo la regularización dominial por haber terminado las viviendas con sus propios recursos y haber edificado sobre los lotes tomados, que como es sabido eran lotes y casas edificadas sobre tierras fiscales, en posesión del IPV, y sin adjudicatarios.

Además solicitaron a las autoridades que gestionen ante los organismos pertinentes, la obtención de los servicios básicos, (luz y agua) amparándoseomo antecedente en el histórico fallo del juez Francisco Blanc, respecto al recurso presentado por el defensor oficial, Diego Araujo (caso Smata), y también por considerar que los mencionados servicios hacen a la salubridad de las familias.