Nacionales. Trata de personas: avances y debates pendientes

por María del Carmen Bianchi (*)

La trata de personas es un problema instalado en nuestra sociedad y en el debate político. No es una nueva modalidad delictiva sino, cuanto mucho, viejas formas potenciadas y complejizadas por las nuevas tecnologías de comunicación, la intensificación de los flujos migratorios (internacionales e internos) y la situación de extrema necesidad en que viven amplios sectores de la población mundial.

Pero nunca antes el Estado argentino realizó tantos esfuerzos para luchar contra este flagelo, con decisiones y políticas públicas concretas, que pretenden atender la problemática desde sus múltiples dimensiones.

En esta línea, el Ministerio del Interior y Transporte anunció que la Argentina volverá a solicitar visa a las personas de nacionalidad dominicana que quieran ingresar al país. Tal decisión se funda en la existencia de una ruta de mujeres que son traídas desde República Dominicana, fundamentalmente para su explotación sexual.

En muchos casos estas mujeres fueron engañadas con la promesa de un trabajo; en otros casos ya ejercían la prostitución en su país y llegaron al nuestro con la idea de seguir en la actividad. Cualesquiera hayan sido las circunstancias y estrategias de captación, al no ser ciudadanas de un país miembro del Mercosur, ingresan como turistas y rápidamente pierden su condición migratoria. Esa sola situación las deja en un mayor nivel de vulnerabilidad, que es aprovechado por los tratantes para comenzar o sostener la explotación.

La política migratoria es una de las herramientas del Estado para intervenir sobre el fenómeno de la trata internacional, aunque su uso no debe ser indiscriminado. El visado implica un control del Estado que recepciona al migrante (Argentina en este caso) previo a la salida de su país de residencia. Bien instrumentado podría prevenir muchas de estas situaciones que, de otro modo, son difíciles de detectar y resolver.

En apenas cuatro años desde su sanción, la ley de trata ha arrojado resultados destacables como la liberación de 3.099 personas de las redes de explotación (datos del Ministerio de Justicia de la Nación).

También ha mostrado ciertas limitaciones y dificultades a debatir y encarar, como por ejemplo la estipulación de principios guía para las políticas de lucha contra la trata y la explotación, y aceitados mecanismos para la articulación entre organismos intervinientes, la Nación, las provincias y municipios. Y además, es necesario superar la distinción penal entre víctimas mayores y víctimas menores de edad, así como discutir nuevamente -a la luz de la experiencia acumulada- si es o no conveniente unificar la responsabilidad de la atención a las victimas en el corto, mediano y largo plazo.

Estas son algunas de las cuestiones que deberían plantearse a la hora de discutir una reforma, con el objetivo de profundizar la política nacional de lucha contra la trata y la explotación de personas. El mensaje social es claro y el compromiso político ineludible: queremos un país más justo, menos violento y libre de explotación.

(*): Diputada nacional del Frente para la Victoria.