12 de junio de 2020
"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional", señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, "el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento de EE.UU.".
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a EEUU.
Asimismo, señaló tener "fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.
En una comparecencia en el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, junto con el secretario de Defensa, Mark Esper, y el fiscal general, William Barr, cargaron contra el tribunal internacional, al que acusaron de estar politizado.
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