Nacionales. Un tripulante del avión venezolano denunció a la PSA

Se trata de la primera declaración oficial que se conoce de uno de los protagonistas del vuelo de Emtrasur Cargo. En el escrito presentado ante la Justicia, el venezolano relató su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina.

Pérez Gómez es el gerente general de operaciones de esa compañía, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. En su presentación judicial, el caribeño pidió ser querellante en la causa.

La PSA, que depende del Ministerio de Seguridad, tuvo un rol crucial en el caso ya que el miércoles 8 de junio, cuando el Boeing volvió rechazado por Uruguay, lo sometió a un primer control exhaustivo. Pérez Gómez relató que ese día la fuerza escoltó a los tripulantes hasta el hotel y que después los mantuvo bajo vigilancia. Dos días después, la PSA encabezó la nueva revisación, a la que consideró "ilegal".

Según indicaron fuentes de la PSA al diario La Nación, la fuerza tiene competencia para revisar todos los vuelos no regulares y lo hace de forma "muy frecuente", conforme lo establecido en el artículo 13 de la resolución 175/2011". La norma señala que la autoridad de seguridad aeroportuaria "podrá hacerse presente en la posición de estacionamiento de la aeronave, a fin de efectuar la inspección del interior de la misma, incluyendo sus bodegas y compartimientos de alojamiento de suministros".

Luego del caso de los hermanos Juliá, condenados por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína a España en un vuelo privado, se intensificaron los controles a fin de garantizar la seguridad interior. "En cuanto al caso del avión venezolano, la tripulación estuvo presente durante el allanamiento y la revisión de la aeronave consta en actas", remarcaron desde la fuerza conducida por José Glinski.

"Nos llaman las autoridades del aeropuerto a través de nuestro encargado de handling que debíamos movilizar la nave hacia una posición remota, es decir lejana a la rampa de carga porque el aeropuerto necesitaba esa posición", indicó en su denuncia Pérez Gómez, quien contó que fueron dos técnicos de la empresa a Ezeiza.