Para cerrar la causa por el festejo en Olivos. Una ONG exige que se rechace la compensación ofrecida por el Presidente

La fundación, que tiene un fuerte perfil opositor al actual Gobierno, es cercana a Juntos por el Cambio y no forma parte en el expediente, pidió ser tenida como "parque querellante" o, en su defecto, como "amicus curiae" (amigos del tribunal), argumentando que "Alberto Fernández vulnera su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero".

A través de un escrito presentado por los directivos de la Fundación Antonio Fratámico y Yamil Santoro con el patrocinio del abogado Juan Pablo Pane, se considera que "conceder la suspensión del juicio a prueba a un funcionario público sería una decisión contra la ley, que no haría otra cosa que vulnerar la prohibición expresamente establecida en el Código Penal".

El planteo recuerda que según la legislación vigente "no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".

Esa normativa se refiere a la "suspensión del juicio a prueba" o probation, pero no es ese el mecanismo al que apelaron Alberto Fernández, su pareja y otros asistentes a la reunión para cerrar el expediente mediante la "reparación integral del daño".

El mecanismo de la "conciliación" es más amplio que el de la probation y sobre esa base es que Fernández y su mujer formularon la propuesta de resarcir el daño causado desembolsando 1,6 y 1,4 millón de pesos respectivamente, para entidades públicas sanitarias que desarrollan políticas contra el Covid-19.

En su presentación ante el juez Mirabelli, la Fundación Apolo resaltó que,"está claro que el Presidente de la Nación, además de ser funcionario público, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, de las fuerzas que tienen a su cargo la seguridad de la Residencia Presidencial, y que dentro de dicha residencia, es el responsable directo de hacer cumplir las normas que él mismo dicta".

"La conducta imputada al Presidente constituye un acto de corrupción, un desvío de poder inadmisible, un privilegio intolerable en las circunstancias de esfuerzo supremo que estaba realizando la ciudadanía", finalizó la fundación.