Locales. Usurparon otras dos casas y se complejiza la situación en el Plan Federal

Pese a la custodia policial permanente dispuesta en el predio del Plan Federal de Viviendas de La Movediza, tras la usurpación de 14 viviendas, otras dos familias tomaron unidades habitacionales del predio, según denunció penalmente el arquitecto Juan Domingo Ibáñez, responsable de la empresa constructora "Málaga".
La semana pasada, el responsable de la firma adjudicataria de la obra se presentó en Fiscalía a reportar la ocupación de otro par de casas, y los investigadores que entienden en la causa enviaron el expediente a la Seccional Segunda, para que individualicen a los nuevos intrusos.
El panorama da cuenta de un virtual descontrol dentro del barrio y cada vez más adjudicatarios, sorteados en forma transparente, deberán afrontar complicaciones jurídicas para hacerse de sus inmuebles.
El 12 de febrero pasado, una grupo de familias irrumpió en el inconcluso barrio de 52 viviendas correspondientes al Plan Federal, y la comuna desarrolló un relevamiento para determinar las secuelas de la ocupación. Del mismo modo, el secretario de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, extendió ofrecimientos de alquileres temporarios para descomprimir la situación, pero los resultados no fueron fructíferos.
Aquella toma, según la firma "Málaga", se dio en medio de pedradas y agresiones físicas al sereno, ataque que también motivó una denuncia policial.
Algunos beneficiarios legítimos de las viviendas se acercaron al predio para meterse a custodiar los que serán sus futuros hogares, ante el temor de más ocupaciones ilegales. Finalmente, las semanas pasaron y otras dos casas fueron intrusadas.
La situación en "La Movediza" se complejiza aún más, ya que las usurpaciones de casas y terrenos fiscales se volvieron habituales, en medio de un déficit que golpea con mayor dureza a los sectores postergados de la sociedad.
Familias tradicionales, madres solteras y una importante cantidad de menores de edad (una de las señoras tiene 11 hijos) eligieron terminar con el desamparo cobijándose en las casas cuya edificación administra la Provincia, pero no les pertenecen, pues ya fueron sorteadas y tienen a sus dueños alquilando, a la espera de la llave que les permita el ingreso. En este marco, protagonizan una disputa de pobres contra pobres.
La causa en su momento pasó desde la órbita del fiscal Gustavo Morey al Juzgado de Garantías del doctor Carlos Alberto Moragas, quien a su vez dio intervención al asesor de Menores e Incapaces, Ezequiel Belaunzarán, ante la necesidad de garantizar los derechos de la gran cantidad de pibes alojados en las casas tomadas.
Si bien el arquitecto Ibáñez se negó a brindar declaraciones periodísticas, fuentes de la empresa dejaron traslucir que hay una denuncia policial por los golpes que recibió el sereno del predio habitacional. El lugar está cercado con mallas de hierro y posee una guardia permanente.
Al parecer, los intrusos ingresaron "en grupos, provistos de piedras, insultando y amedrentando" al personal de "Málaga".