Locales. Vecinos del Cerro Granito se reunieron con el fiscal Piotti por las tomas de terrenos

Piotti recibió a dos representantes del grupo, que oficiaron de voceros y mantuvieron una breve reunión, en la que los vecinos Ignacio Alewaerts y Juan Manuel Cola, realizaron consultas sobre la marcha de la causa y pidieron la mayor celeridad posible en la toma de medidas.
Tras el encuentro, Alewaerts afirmó que “queríamos transmitirle al fiscal cuál era el estado de la situación en el barrio y que nos aclarara un poco algunas cosas que nosotros como ciudadanos desconocemos”.
“(Piotti) nos recibió muy bien y nos dejó en claro muchas cuestiones. Una de ellas era nuestra preocupación por esto que está pasando y pedimos que de alguna manera haya equidad”, añadió.
Piotti les informó que la causa está iniciada y que enestos días, quienes aseguran ser propietarios de los terrenos ocupados, deberán acercar más documentación.
“Nosotros somos solidarios, pero los principales damnificados son los que puedan demostrar que esos lotes les pertenecen y solicitar que sean liberados, como es el caso de Mario Cerviño, quien ya desde el viernes está haciendo presentaciones”, explicó Alewaerts.
El vecino dijo que “nos vamos conformes, porque respecto de nuestras inquietudes, se nos explicaron y de alguna manera, lo que sí nos quedó claro, es que esto no está bien, es un hecho ilícito”.
“Una persona vino y nos dijo que nos quedemos tranquilos que nuestras casas no se van a tocar. Pero nosotros estamos convencidos que esto es un hecho delictivo. Hay una maniobra para desviar la atención y que la gente vea otra cosa y no lo puntual, que es que esto es un ilícito”, advirtió.

Fiscal Piotti: “Hay que investigar y determinar si hay un delito o no”

El fiscal Luis Piotti realizó declaraciones luego de entrevistarse con los vecinos del Cerro Granito, y explicó al periodista Gerardo Rodríguez, que “se deben cumplir todos los pasos procesales que se pueden llevar a cabo. El hecho se está investigando. Es complejo. Es un caso de mucha envergadura y hay que investigar en cada caso, en cada lote, si se está cometiendo una maniobra delictual o no”.
A partir de allí, según el agente judicial, se determinará “cuánto se puede pedir eventualmente respecto del desalojo, que es una medida precautoria, que no significa la solución del caso. Nuestro ámbito, se limita a determinar en qué medida hay un eventual delito, para tomar alguna medida preventiva”.
Piotti aseguró que “eso se le explicó a los vecinos, se le trató de detallar nuestra función. Nosotros estamos para lo que sucede hoy y la repercusión social que puede tener este hecho, excede a nuestra función concreta”.
Afirmó que “estamos estudiando el caso” y aclaró que “la usurpación requiere ciertos elementos que deben comprobarse y no es tan sencillo, solo por el ingreso. Hay que corroborar las maneras de ingreso, cómo estaba el terreno y demás, para terminar de redondear si efectivamente hay un delito o no. Eso no quita que se tomen otras medidas preventivas, previas a un desalojo, como por ejemplo, reforzar la seguridad en el lugar”.
El fiscal aclaró que su fuero puede solicitar alguna medida, “pero hay un juez, que es el que dispone”. En este caso, la magistrada del Juzgado de garantías N° 2, Stella Maris Aracil, es quien entiende en la causa.
“Vamos a tratar de acelerar las medidas preventivas”, anticipó el fiscal.
Respecto de la situación de Griselda Altamirano, Piotti reconoció que “se está mostrando como organizadora de todo esto y sin dudas que va a merecer ser convocada a declarar. Además, si hay algún delito, sin dudas ella está cometiéndolo. Pero no hay ninguna denuncia puntual contra ella”.
Consultado por su presencia en el lugar de los hechos, el fiscal dijo que “en algún momento iré. Igual tengo información suficiente, pero no lo considero estrictamente necesario”.
Afirmó que los vecinos han prestado declaración “como testigos sobre cómo está el lugar y cómo se produjo el ingreso” a los terrenos y consideró que el grupo de ocupas “sin dudas que manejan información y no ha sido un acto espontáneo. Hay un asesoramiento y de hecho han deslindado los lotes que van a tomar y cuáles no. Hay una organización de fondo. Ahora si usted me pregunta quién está brindando ese asesoramiento, no lo sé”.
Sobre las versiones d que se producirían episodios similares en las zonas de Uncas y barrio Golf, Piotti explicó que “nos abocamos a la comisión eventual de este delito, todo lo otro que pueda suceder, es un ámbito ajeno a nosotros. Para que actuemos, tiene que haber un inicio de ejecución de un delito, no lo podemos hacer porque hay versiones o noticias sobre que algo puede pasar. Eso es una medida privativa de una acción de gobierno, no del Poder Judicial”.


Pablo Bossio dijo que “Lunghi se negó a ir a la justicia conmigo”

Pablo Bossio invitó al intendente Miguel Lunghi a mantener un encuentro personal con autoridades de la Justicia por la toma de Villa Cordobita, pero el jefe comunal respondió que de eso se estaba ocupando su secretario de Seguridad Atilio Della Maggiora.
“Me dirijo a usted en mi carácter de presidente del bloque de concejales PJ-FPV, en virtud de los hechos de público conocimiento acaecidos en la zona de Villa Cordobita, a los efectos de manifestarle mi completa disponibilidad para mantener junto a usted una reunión con el señor Fiscal que interviene en el caso”, le escribió Pablo Bossio, en la mañana de ayer al intendente.
El edil le recordó su “compromiso para abordar una problemática que nos compromete a todos en la búsqueda de una solución”.
“Entiendo que en el marco del respeto y la convivencia democrática, este tipo de iniciativas son vitales para llevar tranquilidad a la ciudadanía y conocer con exactitud los pasos a seguir en la solución del conflicto”, añadió. Los vecinos habían pedido que “sin distinciones partidarias” las autoridades políticas y judiciales se unieran a resolver la cuestión.
Por su parte, Lunghi declinó la invitación al mismo tiempo que argumentaba que “el Departamento Ejecutivo ha mantenido contactos permanentes con el señor fiscal interviniente a través del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora”.
Indicó que era “tarea de la Justicia” y que se debía “aguardar la toma de resoluciones por parte del Fiscal y de la jueza a cargo”. “En este sentido con todo agrado le comunicaremos en su oportunidad si resulta necesaria alguna nueva gestión”, completó Lunghi.
Bossio expresó que “es la segunda vez” que intenta ir con Lunghi hasta las dependencias judiciales para tener un contacto directo con quienes entienden en la causa y conocen en detalle la cuestión que se desató el Villa Cordobita.

Lunghi: “hay muchas familias con necesidades y son respetuosas de la ley”

En declaraciones realizadas durante el mediodía de ayer en Radio Continental, el intendente se refirió a la situación que se vive en la zona de Villa Cordobita y Cerro Granito y señaló que “los vecinos y los dueños que tienen lotes han hecho una denuncia en la justicia y estamos esperando que resuelva para ver como sigue el caso. No son tierras municipales”.
Recordó que “la gente que ha dirigido la toma (en referencia al Movimiento 1º de Octubre), dice que las escrituras son truchas, entonces no son de nadie por eso las toman. Pero esa misma gente se ha presentado en la justicia llevando las escrituras que ellos consideran que no son válidas, pero no esperaron que esa misma justicia resuelva”.
Consideró que “es muy difícil que las tierras no tengan dueño”, aunque si así fuera, aclaró que “las tierras pasarían a ser para el Ministerio de Educación de la provincia en un porcentaje y otro porcentaje al Municipio. Pero todo eso, en un país normal y republicano lo tiene que resolver la justicia. Aca hay un adelantamiento a eso. Nosotros estamos esperando que la justicia se expida”.
Ante la consulta sobre si se trataba de “gente de afuera”, el intendente indicó que “creemos que no, que son de Tandil. Lo que me preocupa es que hay chicos, están en carpas, me preocupa la salubridad, es una zona sin cloacas. Detrás de la toma viene un componente social muy importante, que es lo que queremos saber para no tener problemas”.
Advirtió luego que “este accionar fue totalmente repudiado por el Poder Ejecutivo y todos los bloques del Concejo Deliberante” y que se pidió a la justicia “que se retiren y que se impida que por las calles aledañas se pasen materiales para que empiecen a construir”.
“Si esas tierras efectivamente no fueran de nadie, pasarían a ser fiscales cuando lo dispusiera el juez. Y allí, para entregar tierras o hacer algún proyecto, tiene que hacerlo como corresponde y mediante un sorteo, porque así como hay 130 familias que tienen necesidad, hay otras tantas que también la tienen y son respetuosas de la ley y no toman algo que no es de ellas”.