14 de octubre de 2020
María está
angustiada y pide ayuda. Fue víctima de un resonante caso de violencia de género,
que incluyó una brutal golpiza a la que sobrevivió de milagro y el incendio
intencional de la vivienda en la que estaban los menores.
Ese hecho
ocurrió en el año 2013 y su agresor, a quien prefiere no nombrar ni que se lo identifique
en estas líneas, terminó condenado, y cumpliendo una pena en prisión.
Sin
embargo, este sujeto salió de la cárcel hace casi tres años y el calvario se
reanudó para María. Su casa en el barrio Movediza está demasiado cerca del
lugar donde vive su expareja, por lo que, insólitamente, decidieron sacarla a
ella y a sus pequeños hijos de su domicilio, ante el riesgo de estar cerca de
aquel individuo.
"Me sacaron
de mi casa con mis tres hijos y me mandaron a Olavarría. Todo porque él vive a
tres cuadras, en la casa de un familiar. Le tendrían que haber dicho a él que
busque otro lugar y que no se acerque a nosotros. Que lo manden a su ciudad,
porque no es de acá, pero me sacaron a mí", cuenta María, mientras termina de
embalar sus cosas, porque debe dejar el lugar que alquila, en calle Lavalle,
porque se venció el contrato de alquiler y para renovarlo le piden un
incremento que no puede afrontar.
Al dejar su
vivienda, María firmó un convenio con el Municipio, que alquila su casa a
terceros y le entrega el dinero que surge de ese alquiler, según comenta. Si
bien el convenio está caído hace un año, sigue recibiendo ese dinero, que es una
cifra exigua. "Con ese dinero, yo pago mi alquiler en otro lado, pero ahora ya
no me alcanza, para alquilar cualquier lugar te piden mucha plata y para entrar
te piden un montón más. El Municipio me dice que tengo que salir yo a buscarme
un lugar. Salí, me moví un montón, pero lo que piden de alquiler el Municipio
no está dispuesto a pagarlo", explica.
María vive
con sus tres hijos, dos varones de 15 y 9 años y una nena de
Lo que más remuerde
la angustia de esta sufrida mujer de 32 años, es vivir esta situación de
desamparo cuando tiene su propia vivienda en Movediza y no puede, o no debe, o
no la dejan, estar allí. "A mí desde Políticas de Género me dijeron que no me
van a mandar a mí casa porque es riesgoso, porque él (por su expareja y
agresor), vive cerca. Yo de esto vengo hablando con el Municipio hace mucho
tiempo. Les vengo diciendo que me voy a quedar en la calle. Hoy no sé qué voy a
hacer ni adónde voy a ir".
Económicamente,
la situación no es fácil para María, que recibe una Asignación Universal por
Hijo de uno de los chicos y el padre de otros dos, le pasa una magra cuota, con
la que subsiste, sumado a la venta ambulante de diversos artículos.
"El
Municipio me da un bolsón de comida y una tarjeta gris, que antes eran $1000 y
ahora la bajaron a $500", dice.
Finalmente,
ante la inminencia de su destino de situación de calle e injusticia, María pide
ayuda, acude a los medios de comunicación como alerta final, para ver si
alguien con poder de decisión y con las herramientas para equilibrar la balanza
en una situación tan dolorosa, la mira, la entiende, la acompaña y de una vez,
apunta las consecuencias de la violencia y el terror, hacia quiénes lo provocan
y no hacia quiénes lo sufren.
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