Nacionales. Violentos desalojos de ambientalistas en Catamarca y Tucumán

Las policías de Catamarca y Tucumán concretaron ayer violentos desalojos de ambientalistas que bloqueaban rutas en repudio a la persistencia de la megaminería a cielo abierto en la primera provincia, donde ocho ecologistas fueron hospitalizados con heridas de balas de goma y dos efectivos con lesiones por pedradas.
Los ambientalistas catamarqueños, entre quienes había niños y mujeres, fueron reprimidos también con gases lacrimógenos cuando en la ruta 60, a la altura de Tinogasta, procuraron resistir el operativo que liberó la circulación de camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera, que permanecían en las inmediaciones del lugar desde hacía unos 20 días producto del corte.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó la represión en la ruta 60 al argumentar que los camiones tenían que pasar porque cargaban "explosivos" que representaban un "peligro para la sociedad".
No obstante, buscó diferenciarse del accionar policial al sostener que la administración que integra "no quería estas consecuencias", aunque insistió con que había que liberar la circulación y adujo que se "actuó en cumplimiento de una orden judicial, respetando sobre todas las cosas el derecho que tienen todos de transitar por la ruta".
Los ecologistas, en medio de ambos desalojos, entonaron cánticos contra la presidenta Cristina Fernández, quien reclamó el jueves "responsabilidad y seriedad en los planteos" de las personas que se oponen a la megaminería a cielo abierto con posturas "dogmáticas y cerradas", al día siguiente de la detención de 26 ambientalistas en el corte de la ruta 40, en la ciudad catamarqueña de Belén, quienes luego fueron liberados.
El primero de los desalojos de ayer fue realizado poco antes de las 4 de la madrugada en la ruta 337, en la localidad tucumana de Amaicha del Valle, del departamento de Tafí del Valle, que linda al oeste con la provincia de Catamarca.
Unos 25 ambientalistas fueron retirados de la ruta luego de que esos ecologistas, quienes impedían el paso de camiones hacia el yacimiento catamarqueño Bajo de la Alumbrera, protagonizaran "corridas y forcejeos" con la Policía.
Los ambientalistas denunciaron que la fuerza de seguridad actuó "sin orden judicial" donde aplicaban el corte desde el 28 de enero contra los vehículos de las empresas a cargo del yacimiento: la suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold.
En Catamarca, poco después de las 9, decenas de agentes de la Infantería de la Policía local arribaron al corte de la ruta 60, en Tinogasta, con escudos y armas largas.
El jefe del operativo leyó a los manifestantes una orden judicial de desalojo, pero los ambientalistas advirtieron que iban a resistir "hasta las últimas consecuencias".
Luego, los agentes avanzaron a gran velocidad hacia los ecologistas, con quienes forcejearon mientras recibían insultos de los ambientalistas.
Los manifestantes procuraron resistir el desalojo y los policías comenzaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma que hirieron al menos a ocho ambientalistas, quienes fueron internados luego "en el sector de cuidados intermedios" del Hospital Zonal San Juan Bautista, de Tinogasta, informaron fuentes médicas.
Los ecologistas respondieron con pedradas y provocaron lesiones a dos policías, quienes también fueron alojados en el centro asistencial, uno por "un fuerte traumatismo en una rodilla" y otro por "una luxación en mano izquierda".
Los ambientalistas extendieron luego los insultos a la jefa de Estado y un manifestante, en diálogo con el canal de cable TN, cuestionó: "Este es el gobierno popular que, de manera mentirosa, enarbola la bandera de los derechos humanos".
Otro ambientalista, en la misma línea, denunció: "Nos usaron para llegar al Gobierno en las elecciones y, ahora, nos balean".
Los policías lograron luego franquear el paso a los camiones, mientras los ecologistas destruían algunos de los vidrios de esos vehículos con pedradas.
Poco después, los agentes se retiraron de la ruta 60 y los ambientalistas marcharon a la municipalidad local, donde pintaron parte del edificio comunal con leyendas contra la megaminería a cielo abierto.
Frente a la municipalidad, los manifestantes enarbolaron carteles y banderas con inscripciones como "Tinogasta resiste".
Justificaciones del gobierno catamarqueño
El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó ayer la represión en la ruta 60, en la ciudad de Tinogasta, al argumentar que había que dejar pasar a los camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban "explosivos" que representaban un "peligro para la sociedad".
Además, informó que a raíz del desalojo de la gente que cortaba la carretera, hay "entre 12 y 13 personas que ingresaron al hospital con algún tipo de contusiones y heridas", mientras que al menos "once policías de Infantería resultaron heridos, una subcomisaria con fractura expuesta, un comisario con una pierna fracturada, seis perros lesionados, y cuatro camionetas destrozadas".
Gordillo negó que la decisión de llevar a cabo el desalojo haya sido "por presión" de las empresas mineras que operan en esa zona de Catamarca.
"Cumplimos con una orden judicial. Los camiones que iban con insumos a la minera representaban un peligro para la sociedad de Tinogasta porque contenían explosivos", adujo Gordillo.
En declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN) y radio Continental, expresó que "la Policía provincial en cumplimiento de una orden judicial ha procedido a desalojar la ruta por sobre todas las cosas respetando el estado de Derecho que tienen todos de transitar por la ruta".
"Había camiones que estaba esperando ya casi hace 20 días, en muchos de los casos pertenecientes a las mineras, los proveedores y la gente que trabaja en las minas, ya le habían dicho a esta gente que (por el bloqueo) se estaban quedando sin trabajo. Hay más de 3000 personas que están vinculas a la minería en forma directa", explicó Gordillo.
El funcionario del gobierno conducido por la kirchnerista Lucía Corpacci recordó que "Catamarca tiene dentro de su Constitución el tema minero y estas empresas están hacen más de 15 años en la provincia".
"Nosotros hemos asumido hace poco y tomamos contacto para dialogar con la gente que se manifiesta en distintos puntos de la provincia donde están los cortes. Hay algunas posiciones fundamentalistas que expresan que la minería no tiene que seguir", remarcó Gordillo.
El ministro aseveró que la administración provincial "no está de acuerdo con la represión", y en el caso de hoy, la Policía procedió siguiendo "un protocolo" ante manifestaciones sociales que Catamarca "suscribió con el Ministerio de Seguridad Nacional ante este tipo de situaciones".
"Nosotros hemos cumplido una orden judicial. No hemos tenido ningún tipo de presión de parte de las empresas (mineras). Estamos cumpliendo con una orden de la Justicia y en base a esa orden hemos actuado", puntualizó.
Según Gordillo, se ha "invitado a la gente que estaba en el corte para poder dialogar y conversar", y agregó que el Gobierno "ha estado abierto" en el marco del "consenso".
Repudio político a la represión
Referentes políticos opositores y oficialistas expresaron ayer su "repudio" a la represión contra vecinos y ambientalistas que bloqueaban la ruta 60, en la localidad catamarqueña de Tinogasta, para expresar su rechazo a la megaminería a cielo abierto.
* Senador Aníbal Fernández (FPV): "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa".
* Senador Eugenio Artaza (UCR): "Este tipo de accionar, como el ocurrido hace dos días en Belén, es inaceptable y debe llegar a su fin. No se puede utilizar la fuerza para zanjar un debate que debe darse en otro ámbito y con el diálogo como principal herramienta. La Megaminería no puede ser impuesta a garrotazos".
* Hermes Binner (Frente Amplio Progresista): "La utilización de la fuerza policial contra población civil constituye una violación al derecho de protesta y contradice la política de consensos y diálogos que debe regir en una democracia".
* Diputado Jorge Rivas (Socialistas para la Victoria): "El proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado desde su inicio por procurar respuestas a la demanda popular, y no por reprimirla. Los que militamos por ese proyecto tenemos el derecho y el deber de reclamar consecuencia con ese principio a todos los dirigentes, de la provincia que sean, así como tenemos que comprometernos a examinar con rigor la legislación sobre minería y llevar a cabo las reformas necesarias".
* Diputada Victoria Donda (Libres del Sur): "Observamos con gran preocupación esta escalada de violencia contra nuestro pueblo y siguiendo el discurso de ayer de la presidenta sobre el tema de la minería, en la que llamaba a debatir entre todas las partes, ya vemos cuál es la forma de debatir que eligió: reprimir a quienes se oponen a que nos envenenen la tierra y se lleven nuestras riquezas".
* Diputado Ricardo Alfonsín (UCR): "Me gustaría que el gobierno nacional, que se jacta de ser el gobierno de la paz y los derechos humanos, condenara inmediatamente esta represión. Repudio esta y cualquier otra represión violenta".
* Diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica): "Sin argumentos para dar el debate en el terreno de las razones, las autoridades nacionales y provinciales apelan al recurso de la fuerza para proteger los intereses de unos pocos y avanzar sobre la calidad de vida de todos. Queremos manifestar nuestro repudio a las acciones de represión".
* Diputado Miguel Bazze (UCR): "El gobierno no puede hacerse el distraído ante el reclamo de los pueblos afectados por esta amenaza directa a su medioambiente, y el de todos los argentinos".
* Diputado Fernando Solanas (Proyecto Sur): "Repudio la brutal represión que se desató sobre los vecinos de Tinogasta. Como antes en Andalgalá y el intento frustrado de Famatina de desalojar el corte que el pueblo lleva adelante en defensa de su legítimo derecho de defender sus recursos esenciales para la vida y seriamente amenazados por las empresas mineras, el pueblo resiste".
* Diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR): "Es absolutamente injustificable y contrario a los principios elementales de cualquier sistema democrático el uso de la violencia y la intimidación. Estos hechos deben ser condenados enérgicamente sin vacilación. El desalojo violento no puede ser la respuesta a un reclamo pacífico".
* Diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos): "Hay un uso abusivo del poder publico y además un cambio en la política del gobierno en cuanto a la acción represiva para acallar voces disidentes".
* Diputado Carlos Comi (ARI-CC-Santa Fe): "Exijo la inmediata intervención del ministro del Interior Florencio Randazzo para que frene en forma urgente la represión en Tinogasta y la aplicación de la Ley antiterrorista contra los ciudadanos que se manifiestan contra la minería".
* Partido Obrero: "Nos encontramos frente a una decisión política de Estado de defender con todo su aparato los intereses de las empresas mineras que saquean nuestros recursos y depredan el medio ambiente, contra las poblaciones que luchan por defender sus condiciones de vida".
* Partido Socialista Auténtico: "Queremos expresar nuestro absoluto repudio a lo ocurrido y brindamos todo nuestro apoyo a la lucha que llevan a cabo los pueblos de la Cordillera, en defensa de nuestros recursos naturales".
"Es muy fácil decirle no a la minería"
El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, afirmó ayer que "es muy fácil decirle no a la minería; y en cambio lo difícil, interesante e inteligente es explicar por qué decimos sí"; y ratificó que "nosotros nos animamos a demostrar que se puede hacer una minería social y ambientalmente responsable".
El mandatario defendió el reciente anuncio sobre la creación de una empresa estatal minera, en el marco del Consejo Ambiental, y aseguró que "el desafío es trabajar en cada proyecto; hoy no hay proyectos mineros en Río Negro aprobados y evaluaremos cada caso que se presente".
"Todos aquellos que se oponen a la minería hacen uso de los recursos mineros en su vida cotidiana y hogareña, y sin embargo no se preguntan si son contradictorios", argumentó.
"En 20 días más estará lista la reglamentación de la ley del Consejo Ambiental, donde podrán opinar los intendentes de la zona, los científicos del INVAP, las organizaciones ambientales y de los pueblos originarios" agregó.
"Nos proponemos hacer minería de pequeña, mediana y gran escala, respetando las fuentes de agua, a los pueblos originarios que vivan en las zonas de las explotaciones y sin dañar al medio ambiente", completó.
Weretilneck también trazó un balance de los primeros 35 días al frente del gobierno provincial, tras asumir en reemplazo del fallecido gobernador Carlos Soria.
"No se supera el dolor desde lo humano y personal, porque este proyecto había sido diseñado por Carlos y tenía su impronta; pero el gobierno está funcionando con normalidad", afirmó.
Agregó que "se superó la crisis institucional por la unidad del justicialismo, el liderazgo del senador nacional Miguel Pichetto y el acompañamiento de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner".
Reconoció que le preocupan "la situación fiscal de la provincia, con unos 6 mil millones de deuda con la Nación; las economías regionales y el turismo, con problemas que son producto de la sequía y de la ceniza volcánica; así como las dificultades financieras de la fruticultura".
"En el tema frutícola estamos trabajando con los distintos sectores del complejo, y hasta ahora la temporada de cosecha se desarrolla sin medidas de fuerza", destacó.
También resaltó que "en Bariloche hemos logrado la reapertura del aeropuerto, con lo cual estamos normalizando la afluencia turística".
Al opinar sobre los problemas de la economía fiscal señaló que "se observan los primeros resultados de mejoría, con ahorros de diverso tipo; pero la provincia sigue siendo deficitaria y lo va a seguir siendo por muchos meses más".
Se refirió también al análisis de los 600 millones de pesos de deuda con proveedores y anunció que "la semana que viene empezará a funcionar la comisión de Transacciones Judiciales para analizar cada caso y comprobar si el compromiso es legítimo".
"Hay muchísimas sospechas (en sentido contrario) pero no podemos aventurar nada hasta que la comisión esté trabajando", sostuvo.
Finalmente, valoró la transferencia de fondos a los municipios para que se encarguen del mantenimiento de edificios escolares, compra de insumos para comedores escolares y contratación de transporte de alumnos en zona rural.
"Estamos procurando que los municipios ayuden al gobierno provincial para hacer más eficiente, más rápido y más barata la prestación de esos servicios de mantenimiento", acotó.