Locales. “El estado no puede ser el garante de negocios privados”

La Asamblea Ciudadana en defensa de las Sierras de Tandil dio a conocer un comunicado en referencia a la audiencia pública por el pretendido loteo de la chacra 170 sobre avenida Don Bosco y destacó que “el estado no puede ser el garante de negocios privados, ni aprobar excepciones y convenios urbanísticos para tapar irregularidades”.
Agregaron que “si el Concejo Deliberante aprobara este convenio, no sólo estaría convalidando un accionar escandaloso sino sentando el más firme antecedente para que nadie cumpla con el ordenamiento, y se multipliquen las estafas con la venta de lotes inexistentes, así como se multiplicarán los problemas ambientales derivados de colocar el lucro de unos pocos por encima de los intereses de la comunidad. Cuando el propio estado rompe las reglas o las manipula para garantizar negocios privados, pierde la sociedad en su conjunto”.
Sostienen desde la ONG que “las declaraciones del Dr. Frolik sobre la Audiencia Pública realizada en relación al pretendido loteo en la chacra 170 sobre Av. Don Bosco están plagadas de inexactitudes”.
Destacan que preguntado sobre la zonificación actual de los terrenos en discusión afirma que son una zona especial de interés urbanístico, definiéndola como “una zona a la que se le quitan los indicadores urbanísticos para que luego el particular pida lo que le parece y el municipio decide que le da”.
“Esto no es cierto. El plan de desarrollo vigente para todos los ciudadanos, incluidas las autoridades, llama así a todas las áreas destinadas o previstas para equipamiento urbano o regional. Los terrenos de Don Bosco integran la zona especial de interés urbanístico 19 conjuntamente con los terrenos del polideportivo municipal. En estas zonas cualquier modificación debe ser compatible con el uso establecido, contar con un plan especial y es exigible un estudio de impacto ambiental”, afirmaron y dejaron en claro según su punto de vista que “nada de eso es lo que se ha considerado en este caso, en el cual los funcionarios parecen trabajar para los particulares más que para defender los intereses de la ciudad. Previamente al PDT, en el año 2005, eran un terreno declarado de utilidad pública y sujetos a expropiación por ley provincial, justamente por su importancia para el desarrollo urbano, es decir de la ciudad, y no de un negocio particular. No concretar la expropiación y dejar agotar el período establecido por la ley ha sido un acto de gobierno, que no se explica, salvo por el evidente apoyo de algunos funcionarios al pedido en discusión”.
Más adelante aluden que “sostiene que no es una es una excepción, pero sí lo es. El convenio urbanístico es una forma de tratamiento de una excepción en la cual quien la pide ofrece algo a cambio. Los particulares pidieron una excepción y el propio Mario Civalieri afirma que lo que solicitaron, por sus “características excepcionales” sólo podría ser aprobado mediante un convenio urbanísticos.(f 20, del expediente)”
“Naturaliza que los indicadores “correspondientes” son los de las zonas residencial extraurbana 1 y 2. Esto no es así por varias razones. Ningún funcionario está habilitado sin mediar un cambio de zonificación aprobado por el deliberativo, para decir “lo que sería una zona si no fuera lo que es”. Es una zona especial de interés urbanístico, no residencial de ningún tipo. Las subdivisiones en lotes pequeñas son antiguas y ya estaban aprobadas con anterioridad al PDT, todo lo que no estuviera aprobado debe regirse por el marco vigente actualmente”.
“Las zonas linderas que no estaban loteadas con anterioridad al Plan de Desarrollo son extraurbanas, sólo podrían lotearse en terrenos grandes, con muy baja densidad. Todas las categorías lindantes pertenecen al área complementaria y tienen como requisito imprescindible para autorizar una subdivisión asegurar la provisión de agua potable y el tratamiento de efluentes cloacales, inversiones a las cuales se niegan quienes piden la excepción y convenio. La calificación que mencionan como “correspondiente”, residencial extraurbana 1, obliga a indicadores que tampoco cumplen, ya que la parcela debiera tener 40 m de lado mínimo y 2000 m2 de superficie mínima y lo presentado tiene 15 m y 1500 m2 respectivamente”, sostienen desde la Asamblea.
Destacan que “estas inexactitudes, lejos de aclarar las dudas de la opinión pública en el marco de un proceso extremadamente controvertido, suman confusión y sirven exclusivamente al intento de justificación de una decisión que se quiere tomar a pesar de las múltiples irregularidades y su evidente inconveniencia para la ciudad”.