Nacionales. Actualizarán regulación de agroquímicos en campos sin restricciones al glifosfato

LA PLATA (Corresponsalía)- Mientras funcionarios, especialistas, profesionales, miembros de entidades agrarias y empresarios dan los últimos retoques al anteproyecto de ley para actualizar la normativa que regula la aplicación de agroquímicos en los campos bonaerense, representantes de organizaciones ambientalistas denunciaron que esa mesa provincial "se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos".

Tras los reclamos de las ONGs que se fueron de las charlas, impugnando el espacio, el gobierno bonaerense extendió los plazos de negociación para tratar de consensuar algunos puntos. La mesa de trabajo "está muy flexible a las modificaciones" sostuvieron voceros oficiales.

La actual normativa rige desde hace 20 años y fue el gobernador Daniel Scioli quien pidió la reformulación. El mandatario ordenó "alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, con la participación de todos los actores posibles", explicó el ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich.

Pero tras varios encuentros, miembros de organizaciones se levantaron de la mesa denunciando que el texto sobre el que estaban trabajando no contempla los daños a la salud que producen el glifosfato y otros tóxicos. Consideraron además que en el espacio de consenso faltan referentes sanitarios, profesionales de la salud, miembros del colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, por ejemplo; "ni siquiera intervinieron médicos del Ministerio de Salud", indicó Silvana Bujan, de BIOS Argentina y la Red de Acción Ecologista.

El documento de la organización es más severo. Asegura que la mesa de trabajo "no es plural" y denuncia que "se negó la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema", tampoco hubo representantes de vecinos afectado por las fumigaciones. "No es interdisciplinario -añadieron- ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras" que fabrican y comercializan los agroquímicos.

"No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro".

Según un comunicado oficial la mesa de trabajo tiene un año de funcionamiento y "está culminando de una manera inédita por la cantidad de instituciones y la regularidad con la que se trabajó". La mesa está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Administración Nacional de Aviación Civil, distintos especialistas del INTA, Universidades, Senasa, el Colegio de Ingenieros de la Provincia, y las Cámaras de Fabricantes, de Expendedores y Distribuidores y también de Aeroaplicadores.

Además participan las entidades Carbap, SRA, Coninagro, FAA, Federación de Acopiadores y Cámaras de Aplicadores Urbanos. Más tarde, consultados por LA CAPITAL fuentes del Ministerio aseguraron que médicos y profesionales sanitarios también participaron del debate.

Reajuste

El decreto reglamentario de la Ley de Agroquímicos bonaerense es del año 1991 cuando la producción nacional era de 30 millones de toneladas de granos, pero ya en la campaña 2010-2011 se esperan 100 millones de toneladas. "Existen tecnologías, manejos y nuevos actores, que no existían durante la fecha del decreto y mucho menos de la ley de 1988", explicó el Ministro de Asuntos Agrarios.

El texto consensuado para actualizar la normativa, al que accedió el diario LA CAPITAL, si bien pone varias condiciones y medidas de seguridad para las aplicaciones de los productos, no da respuesta al planteo de las organizaciones.

El glifosfato, que contiene la marca Rundup de Monsanto, es considerado clase 3 en la clasificación del Programa Internacional sobre Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir está dentro de los tóxicos moderados en su efecto agudo, por lo que la nueva reglamentación terminaría por permitir su uso junto a escuelas rurales, áreas urbanas, residenciales y barrios cerrados.

Las organizaciones solicitaron al Gobierno provincia que no se use el criterio para la legislación porque los efectos de muchos productos producen daños irreversibles con la "bioacumulación, arrastre a grades distancias y persistencia en el ambiente". Bujan sostiene que "la clasificación es cuestionada y está siendo cuestionada en la Argentina, porque le glifosfato y todos sus coctel no son inocuos. Son muchos los agroquímicos clase 3 con peligrosidad comprobada lo que pasa es que no se ha actualizado".

Tras los reclamos públicos el Gobierno provincial habría frenado el expediente que estaba "a la firma" de Daniel Scioli. En tanto desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia informaron sobre un nuevo encuentro de análisis sobre la reforma del decreto.

En la reunión participaron Juan Ángel Cruz, subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales, el director de Fiscalización Vegetal, Luis Herrera, ambos del Ministerio; el secretario de Derechos y Garantías, Carlos Martiarena y otros miembros de la Defensoría especializados en el tema.

El Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, que fue diputado oficialista hasta 2009 expresó que "la concientización y difusión de los efectos nocivos de estas sustancias es fundamental", y manifestó la voluntad de la Defensoría de apoyar y desarrollar actividades de seguimiento de la forma en que se fiscaliza y controla el cumplimiento de la normativa.