Nacionales. Allanaron las oficinas del SAME

La justicia realizó ayer un allanamiento en oficinas del SAME, donde secuestró grabaciones y el libro de registro del organismo, tras una denuncia presentada por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de la muerte de una persona en la Villa 31 por falta de asistencia.

Así lo aseguró ayer a DyN el Observatorio y detalló que "se allanó el SAME para constatar si el gobierno porteño incurrió en incumplimiento del derecho a la salud y abandono de persona en la Villa 31".

El procedimiento se realizó alrededor de las 17.30 en las oficinas ubicadas en Zubiría 64, donde se secuestraron grabaciones y el libro de registro del 5 de abril, fecha en que murió Humberto Ruiz por falta de atención médica.

El Observatorio radicó la denuncia en el expediente 31699/5 del Juzgado Contencioso y Administrativo Numero 2, a cargo del juez Roberto Gallardo, quien dispuso de "inmediato" allanar las oficinas del SAME.

En la presentación, el Observatorio aseguró que el gobierno porteño "desconoció normas supranacionales, nacionales y locales que ordenaban atender la urgencia, sin discriminación por motivos sociales".

Fuentes del Observatorio dijeron a DyN que la negativa del SAME a ingresar a los asentamientos urbanos porteños "no es un problema nuevo" y aseveró que "hace mucho tiempo que tiene este comportamiento".

Los abogados de la organización también realizaron ayer una denuncia ante el INADI "contra el gobierno porteño por discriminación".

"La actuación del SAME ha sido deficiente en el deber de garantizar el servicio esencial y universal de salud, soslayando a los sectores de la población que más lo necesita, porencontrarse en situación de mayor vulnerabilidad, generando una respuesta estatal discriminatoria que no respeta el derecho a la igualdad", aseveraron en el escrito.

El Observatorio manifestó "repudio" por la negativa del SAME a ingresar en la villa y solicitó la intervención de la justicia a fin de "ratificar la vigencia de los derechos humanos en la ciudad y condenar la lamentable práctica ejercitada por las dependencias del Gobierno de la Ciudad".

Asimismo, requirió que "se arbitre los medios necesarios para revertir para el futuro situaciones en las que se intente reiterar el discriminatorio obrar en la atención de emergencias médicas".

El jueves, los gobiernos nacional y porteño cruzaron acusaciones por la muerte de Ruiz en la villa 31 y se atribuyeron responsabilidades por la ausencia de ambulancias en el lugar o la falta de personal policial, tras la protesta que provocó el miércoles un corte de más de siete horas en la Autopista Illia.