30 de diciembre de 2025
En el marco de los procesos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia sigue contra los jueces en lo Civil y Comercial de Tandil, José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc; los mismos denunciantes añadieron un nuevo caso contra éste último magistrado, a quien denunciaron penalmente por "prevaricato y asociación ilícita" ante el fiscal Ignacio Calonje; y además, presentaron un pedido de remoción ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Esta nueva denuncia penal, llevada a cabo por el abogado Jorge Heter, junto a los particulares Gastón Giove y Martín Burs, y que fue ratificada en las últimas horas (foto), pone en el centro de la escena al juez Blanc, a quien se acusa de formar parte de una organización dedicada a la manipulación de expedientes y la apropiación ilegal de inmuebles.
Según el texto de la denuncia, el magistrado desempeñaba "un
papel fundamental" en una maniobra que "permitía a terceros hacerse con
propiedades de forma irregular, ignorando deliberadamente las pruebas de los
legítimos dueños".
De acuerdo con el texto de la denuncia ante la Subsecretaría
de Control Disciplinario de la SCJ, el juez iniciaba juicios de usucapión en
los que presuntamente "dictaba sentencias prevaricadoras" basadas en "pruebas
fabricadas y expedientes reconstruidos con irregularidades".
La acusación sostiene que Blanc "omitía delitos graves" que
salían a la luz durante las audiencias, tales como "el pago de sobornos, para
fallar sistemáticamente a favor de los usurpadores".
Los denunciantes señalan, además, la participación activa
del estudio jurídico de los escribanos y abogados Cifuentes y Fernández. Se
alega que esta estructura "permitía coordinar la fabricación de pruebas y la
manipulación de la documentación necesaria para despojar a los propietarios de
sus bienes".
Ante la gravedad de los hechos reportados, en la denuncia
penal se ha solicitado al fiscal Calonje que coordine una serie de acciones
"para desmantelar la red y probar los vínculos entre el juez y los demás
integrantes".
Entre las medidas requeridas figuran: el registro y
allanamiento del estudio jurídico de Cifuentes y Fernández, así como los
domicilios particulares de todos los involucrados; el secuestro de dispositivos
electrónicos y documentación relevante para la causa; y un entrecruzamiento de
llamadas telefónicas para determinar la frecuencia y naturaleza de los
contactos entre los sospechosos.
La casa de San
Lorenzo al 600
Este nuevo capítulo en el que ahora se apunta al juez Blanc,
surge de la iniciativa del abogado Jorge Heter, representante legal de Martín
Burs y Gastón Giove, quienes denunciaron primeramente al juez José Zárate, en
el marco de su actuación presuntamente irregular en un conflicto por la
titularidad de los terrenos de la Chacra 274, y por la que Zárate quedó al
borde de la destitución en un juicio político que lo tiene, por el momento,
apartado de su cargo, mientras el Jurado de Enjuiciamiento evalúa las pruebas
en su contra.
También el Dr. Francisco Blanc resultó objeto de las
investigaciones del Jurado constituido por miembros de la Suprema Corte y de la
Legislatura provincial, por su desempeño en el Juzgado en lo Civil y Comercial
que tiene a cargo, aunque en su caso, su situación es analizada por el área de
Control Disciplinario, que deberá determinar si es procedente someter al juez a
un eventual jury.
En ese contexto, es que Heter, Burs y Giove, presentaron lo
que consideran una nueva prueba, referente al accionar del Juez Blanc y los
mencionados Esteban y Silvia Fernández, en relación con la propiedad de una
vivienda de calle San Lorenzo al 600 (foto).
A partir de la notoriedad que adquirieron los
desarrolladores de la Chacra 274, tras denunciar a los jueces, varios casos de
particulares con disconformidad por los fallos de Zárate y Blanc, les han sido
relatados a éstos.
En ese marco, los herederos de una propiedad de calle San
Lorenzo al 600, aportaron su caso, en relación a la disconformidad con el
accionar de Blanc, en un juicio por usucapión de ese inmueble, que le fue
concedido a Esteban Fernández por firma del magistrado denunciado, y que ahora
se encuentra apelado, en el fuero civil, en la instancia superior.
De todos modos, los mencionados Burs y Giove, denunciaron el
hecho penalmente ante el fiscal Ignacio Calonje, para que se investigue la
participación del juez en el expediente; y se acumuló como nueva prueba contra
el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial, ante la Subsecretaría de
Control Disciplinario de la Suprema Corte, que ya viene evaluando el desempeño
de Blanc en distintas causas.
Para los denunciantes, el proceso de usucapión de la
vivienda de San Lorenzo 627, cuya titular era la señora Laurentina Arce,
resultó en un fallo "completamente irregular en el que el juez le cedió la
propiedad a Esteban Fernández".
De la denuncia se desprende que tanto Zárate como Blanc, participaron
en varios juicios de usucapión, en el que frecuentemente participaban los
mismos abogados y resultaban favorecidas las mismas personas, en una presunta
maniobra para apoderarse de inmuebles en la ciudad.
En el caso del valioso inmueble de calle San Lorenzo al 600,
esto fue añadido a las denuncias contra Blanc, dado que los legítimos herederos
de Laurentina Arce aseguran haberse visto despojados de sus derechos, al perder
la propiedad.
En su presentación ante el fiscal Calonje, los denunciantes
afirman que "la sentencia del Juez Blanc es la consumación de una Asociación
Ilícita (Art. 210 C.P.) para el despojo de una propiedad. La acción coordinada
de Silvia Fernández, Esteban Fernández, Aldo y Marcelo Cifuentes y el Juez
Blanc tiene un patrón criminal recurrente y similar a otros casos que venimos
denunciando, lo que evidencia una estructura consolidada para la apropiación
ilegal de inmuebles".
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.