Nacionales. Archivan una causa contra Madres de Plaza de Mayo

El fiscal federal Jorge Di Lello archivó la denuncia contra las Madres de Plaza de Mayo por presuntos delitos electorales en la impresión de afiches y folletería de campaña para el krichnerismo.
El fiscal, no obstante, pidió investigar quiénes habrían pagado esos trabajos, que se informe sobre el presupuesto que tiene la Fundación y que detalle las actividades de su impresa y quiénes son sus encargados.
Di Lello argumentó que las Madres no cometieron delito electoral porque las impresiones se hicieron fuera de los plazos previstos para una campaña y que los documentos que aportó el ex apoderado de la entidad Sergio Schoklender no aportan información concreta para iniciar una causa, informaron a DyN fuentes judiciales.
Sin embargo, el fiscal señaló que "existirían actividades que podrían ser materia de investigación en la causa, pues la intervención de algunas personas físicas o jurídicas relacionadas con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, deben ser analizadas en ese contexto".
Por eso le solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que constate si en la documentación que secuestró en la Fundación hay precisiones sobre las actividades, presupuesto y contabilización de las operaciones "relacionadas con quienes fueron los que habrían encargado tales trabajos, asimismo, las modalidades de recepción, entrega y cobro de aquellos".
También que peritos contadores determinen si en los papeles secuestrados hay relación con la financiación de campañas políticas y que las Madres informe las actividades de su imprenta, su personal y quiénes son los encargados de esa área.
Ello en el contexto de la denuncia que Schoklender hizo respecto a que la Fundación financió e hizo la impresión de afiches del kirchenrismo, específicamente de la presidenta Cristina Fernández, del ministro de Economía, Amado Boudou; y del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y dijo que presentó remitos al juez federal Norberto Oyarbide que avalan sus dichos.
El abogado Ricardo Monner Sanz presentó una denuncia por delitos electorales y el fiscal Di Lello le solicitó la documentación al juez Oyarbide.
Allí encontró dos carpetas de "Pasart SRL diseño + impresión" con trabajos sobre charlas debates de funcionarios, médicos y actores, actividades de Fatala, homenajes a Néstor Kichner, folletos sobre Cristina Fernández, legisladores e intendentes.
Otra parte de la documentación daba cuenta de trabajos que tenían como clientes a la "Fundación Fatala" y realizados a ese funcionario entre 2009 y 2011 pero se trata de períodos que "se hallan fuera de los previstos" en las leyes de campañas electorales a nivel nacional, las primarias y en la ciudad por lo que no puede existir delito.
El fiscal destacó además que los remitos no contienen montos, no identifican lugares de entrega y muchos documentos son manuscritos.
La única identificación de montos corresponde a los trabajos a nombre de Fatala que señala que se trata de 401.734 pesos pero tampoco señalan un responsable, fechas concretas y origen del trabajo, por lo que tampoco hay delito electoral.