Locales. Carpintero admitió al fiscal: “yo, mi esposa y mi hijo cobramos subsidios”

Pese a los dimes y diretes mediáticos en torno a las irregularidades en el manejo de fondos dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, la causa 1917/11, a cargo del fiscal Marcelo Fernández y la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, continúa su rumbo. LA VOZ pudo acceder al expediente, que hasta el momento, consta de casi 170 fojas. Incluye la denuncia de la oposición, testimoniales de empleados y prestadores y un informe del Ejecutivo, enviado por la Dirección de Personal y la Secretaría de Economía. Lejos de las declaraciones del secretario de Gobierno, Matías Civale, quien había anticipado que la Justicia “ya le había dado la razón” al Gobierno pues “no habrá procesamientos”, ningún elemento en la causa –por lo menos hasta el momento- ratifica esa tesis.

Por el contrario, en la fojas 144/145, se imprime el importante testimonio de José Pablo González (46), pintor de obra y carpintero. Desde 1999 presta tareas para la secretaría, pero actualmente lo hace bajo un plan Promet. González le dijo al fiscal Fernández que “las tareas que le daban a veces superaban el monto de lo que cobra por el plan Promet mensualmente, el cual es de unos 700 pesos”. Entonces la diferencia “se pagaba con carátulas, esto es, a través de un apoyo económico cobrando en el Banco Hipotecario”. El obrero luego reconoció que “algunas veces, para pagarle todo junto un trabajo le hicieron carátulas a su esposa o a su hijo”, cuando ninguno de los dos familiares “hicieron contraprestación alguna” por el beneficio, y “todos cobraban por dicha tarea”. Esta declaración ratifica los términos de la denuncia y podría clarificar, como en decenas de otros casos, la posible “malversación de fondos”.


AMPLIACION

Otra novedad es la incorporación inminente de otros 10 casos por parte del letrado de la oposición, Ariel Pellegrino. Pronto llevará a la Justicia a otro empleado que arregla plazoletas y por las horas extras habrían cobrado subsidios sus familiares. Algo similar ocurriría con un servicio de alineación y balanceo del Bondibus, el arreglo de un chapista, la compra de repuestos para cortadoras de césped y la reparación de la camioneta de un vecino que fue chocada por un móvil de Desarrollo Social.


DIEGUEZ, EL FIRMANTE

El testimonio de Marcelo Hidalgo ante el fiscal, entre otras anomalías, muestra como las “prestaciones se pagan a través de la partida asignada a la Secretaría como ayuda social directa y son autorizadas directamente por la firma de (Rubén) Dieguez”, trabajador social y subsecretario del área donde estalló el escándalo. Allí –dice el chofer en la causa- se confeccionaba una planilla, y “para este otorgamiento, Dieguez cuenta con la colaboración” de 4 empleados administrativos, sobre los que –debe aclararse- no pesa ninguna sospecha. Pero sí sus dichos son muy relevantes para la pesquisa, porque echan luz sobre la mecánica presuntamente ilícita en la que habrían incurrido las autoridades políticas de Desarrollo Social. Juan Pablo Barragán, administrativo, reconoció que escribió en el famoso “cuadernito”. “Que las mismas corresponden a personas beneficiarias de ayudas sociales directas, las cuales prestan a cambio servicios para la secretaría” en rubros como “limpieza, albañilería, herrería, carpintería, etc., figurando en cada caso la suma que le correspondía cobrar”, testificó el empleado. Cabe señalar que los subsidios no deberían pagarse por contraprestación alguna, y allí radicaría la irregularidad. Además de que, en algunos casos, los destinatarios lejos estarían de sufrir carencias económicas básicas.


Una mecánica difusa

La denuncia es por “malversación de caudales públicos” y básicamente, desnuda el “otorgamiento de subsidios para personas indigentes o de bajos recursos”, que habrían sido “desviados en reiteradas oportunidades para diferentes fines, adquiriéndose bienes y pagándose diferentes servicios”.

Los beneficios –según la oposición- “fueron otorgados sin el informe socio ambiental” reglamentario o “peor aún, firmó un profesional sin constatar la real indigencia” del receptor, que “en muchos de los casos, tiene una situación económica holgada”.

Para los concejales del FPV y Unión PRO, la “posible conducta delictual perjudica al municipio de Tandil en diversos aspectos”, principalmente, a los “sectores vulnerables a los que va destinada la partida presupuestaria para paliar ciertas necesidades sociales básicas, que se ve privada de un importante porcentaje de esa ayuda social”. Por otro lado –proclamaron los ediles- “los funcionarios públicos involucrados no necesitan rendir cuenta de los caudales desviados ya que se entiende que fueron a ?subsidios?”. Además, “cuando se adquieren bienes no resultan inventariados” y se “realizan contrataciones con personas que no revisten el carácter de proveedores del municipio y los requisitos que eso conlleva”, revelaron los legisladores.

Al sospechar del presunto “peculado”, los ediles creen que “los montos dinerarios abonados” por la Secretaría “exceden la contraprestación obtenida”. Y agregan que pudieron los funcionarios “evitar dolosamente el mecanismo administrativo pertinente” a la hora de contratar determinados trabajos o servicios.

El mecanismo irregular en todos los casos denunciados sería el siguiente: como los montos de tal trabajo eran elevados “la percepción se realizaba de manera fraccionada en varias personas de confianza del prestador: esposa, concubina, hijos, hermanos”, descubrió Hidalgo. Por ejemplo, “un trabajo de albañilería acordado en 5.000 pesos era percibido irregularmente por el albañil, su esposa, su hermano, su sobrino, su cuñada”, destaca la presentación penal.