Locales. Casación confirmó condena contra el abogado que intentó coimear al juez

Otro revés judicial recibió el novel abogado Juan Manuel González Guerra, quien fuera condenado el año pasado en primera instancia por cohecho agravado, más precisamente haber intentado coimear al juez Pablo Galli para favorecer la situación procesal de un cliente.

La especie fue confirmada en las últimas horas y se trata del organismo superior al que apeló los defensores Claudio Castaño y Marcelo Argeri frente a la condena que a mediados de mayo de 2010 su colega y acusado recibió del juez en lo correccional Nº 2 de Azul, Héctor Torrens.

Cabe consignar que Casación es el organismo que controla las sentencias finales de los tribunales correspondientes. No se trata de una nueva instancia de juicio, sino de un recurso que revisa las sentencias, en este caso la emitida por el juzgado Correccional azuleño.

La esencia del organismo es el de verificar si en los juicios se observaron las garantías del “debido proceso” y de la defensa en juicio.

Por una reciente modificación, el Tribunal de Casación bajo motivaciones de descomprimir su tarea, deriva las causas de los juzgados correccionales en las Cámaras de Apelaciones, como la azuleña ya se había expedido sobre en el litigio fue derivada a la Cámara de Trenque Lauquen, quien en las últimas horas confirmó la nada feliz noticia para el letrado condenado como sus defensores.

Consultado el doctor Castaño confirmó el resultado del recurso de Casación, aduciendo que era un dictamen “previsible” y que ya estaban abocados a apelar en la instancia superior, léase la Suprema Corte de la Provincia, instancia que sólo aborda cuestiones extraordinarias.

EL CASO

Como oportunamente se informó, el 19 de mayo de 2010 se ventilaba el fallo tras la audiencia oral y pública en la que se juzgó la responsabilidad penal de González Guerra, quien fue acusado de cohecho y condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer su profesión durante el mismo período.

El testimonio del juez Galli devenido en testigo “aleja categóricamente cualquier sospecha de maquinación o armado de historia falsa”, argumentó el fallo del juez Héctor Torrens.

Para el magistrado azuleño -ahora ratificado por Casación- se acreditó la responsabilidad penal del joven letrado, cuando el 23 de diciembre de 2008, intentó coimear al juez Galli para favorecer la situación procesal de un detenido.

Mediante la prueba incorporada por lectura más los testimonios escuchados en la audiencia, el juez coincidió prácticamente en un todo en los lineamientos del ministerio público, a cargo del doctor Luis Piotti, acerca de los elementos de convicción que lo llevaron a considerar veraz y coherente los dichos del magistrado tandilense, en contraposición a lo manifestado por el acusado en plena instrucción, cuya declaración resultó contradictoria y con poco sustento probatorio.

Tomándose precisamente de los dichos de Galli, como así también de Guillermo Vaticano y Esteban Eduardo Perone (funcionarios del Tribunal), además de otras piezas procesales incorporadas al debate por lectura, dio por acreditado los hechos como la participación del imputado.

Respondiendo a uno de los principales cuestionamientos defensivos, el juez sentenció que “no existe limitación de ninguna índole para tener por demostrados los extremos bajo tratamiento a partir de los dichos del testigo único del encuentro que, a solas, se concretara entre Galli y el imputado, a pedido de este último”.

Se agregó al respecto, que el ordenamiento procesal vigente ha consagrado el principio de la libertad probatoria, sometido a la condición de explicar razonadamente los fundamentos por los que transita el razonamiento del juzgador para sostener sus conclusiones.

Torrens señaló que el testimonio del doctor Galli “ me ha impresionado como merecedor de plena credibilidad; se ha expresado a través de un relato coherente y seguro, dando razón de sus dichos y respondiendo a todas las preguntas que las partes le formularon en un interrogatorio extenso y profundo que hasta incluyó consultas sobre aspectos de su vida privada y estados de ánimo, de escasa o nula vinculación con el hecho puntual sometido a juzgamiento, las que también abordó dando respuestas claras y precisas”.

Asimismo dijo que no advirtió ningún signo revelador de mendacidad en la narración, “ ni tampoco un relato direccionado en pos de un fin espúreo, ni se ha evidenciado sospecha alguna de parcialidad o interés especial de perjudicar al acusado ni motivo específico o concreto para tan siquiera suponer a modo de hipótesis que haya construido la exposición de un hecho que no ocurrió”.

Repercusión política por el caso

cabe consignar que González Guerra resulta también ser secretario del concejal Carlos Calvi, y una vez conocido el fallo condenatorio no fueron pocas la voces que se alzaron para que desde el sector político se tomara cuenta del asunto.

Empero, en su momento el presidente del HCD, Marcos Nicolini, aclaró que todavía corrían los plazos de apelación y por lo tanto no se iba adoptar ninguna postura, sin dejar de aclarar que el abogado condenado es personal político nombrado por pedido del bloque de la oposición.

Nicolini insistió en que hasta que no existiera una sentencia firme (aún no lo está) contra el abogado Juan Manuel González Guerra, ellos no resolverán que postura adoptarían, por lo que por éstas horas tal vez se vuelve a plantear la situación frente a una confirmación judicial de lo hasta aquí actuado.

Nicolini aclaró en oportunamente que el letrado fue nombrado por pedido del Frente para la Victoria, como secretario, y por lo tanto no es personal del Concejo.

De esta manera, la continuidad laboral en el Legislativo del doctor González Guerra por estas horas sigue en manos del bloque del FpV, y se desempeña en dicho espacio como secretario del concejal Carlos Calvi.