9 de mayo de 2011
La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires le dio impulso a la denuncia contra la doctora Silvia Inés Montserrat, titular del Juzgado de Familia de nuestra ciudad, que fue remitida ahora a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento.
La presentación denuncia irregularidades procesales en la causa 2650, caratulada como “N.N. s/ protección de Personas”, que tramitó en dicho juzgado, vulnerando los Derechos reconocidos en la Convención del Niño.
La magistrada es acusada por haber impedido el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido.
Parodi, madre de 6 hijos, y viuda del padre de los 5 primeros, producto de su situación económica apremiante había considerado dar el bebé por nacer en adopción. Luego comunicó a la justicia que no lo haría y posteriormente buscó asesoramiento para entregarlo a una familia de su misma nacionalidad, y con quien ella tenía relación desde años anteriores.
Al momento de buscar el camino legal para cumplimentar los trámites, la mujer no contó con la intervención necesaria del Asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento.
El problema se origina cuando Parodi rectifica junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside la doctora Montserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la Jueza, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la “guarda institucional” del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270.
“La magistrada abusa del poder de decidir, con omnipresencia y con tiranía”, señala la denuncia que hace hincapié en “la falta de intervención de los órganos que resultan ser competentes”. En tanto, relata además que el contacto se impidió “desde el mismo momento del último pujo de su madre al parirlo” y que al niño “se le arrebató en ese mismo instante la posibilidad de sentir el calor de su madre”.
En este sentido, el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas sostuvo que “el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo que es un derecho natural del ser humano”, y agregó: “creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables”.
Por otra parte, cabe destacar, que la decisión de la doctora Montserrat no demuestra, de acuerdo al expediente, haber sido tomada en base a ningún tipo de estudio socio económico, familiar ni psicológico de la madre, a quien nunca se le brindó el debido asesoramiento, ni tampoco contención alguna.
Al momento de presentarse la denuncia contra la magistrado, el bebé permanecía en el “Hogar Fantasía de Colores”.
Según lo expresado por Ezequiel Belauzaran, Asesor de menores, “resulta de gravedad institucional que sea la magistrado quien obvie sujetarse infundadamente a normas de carácter procesal insoslayables” y agregó además: “esta no es la primera vez que lo he advertido”.
LO INFORMADO
Tal se informó en estas páginas tiempo atrás, el controvertido caso en lo que se suponía un dudoso proceso de adopción generó la réplica contra la juez interviniente. La abogada que patrocina a la madre planteó un jury en la bicameral contra la magistrada por presuntas irregularidades en el procedimiento. Los fundamentos de las críticas se fundan en las observaciones y reparos que expuso el propio Asesor de Incapaces en el expediente.
Concretamente se había detallado que el planteo alude a presuntas irregularidades que la magistrada habría cometido en la guarda de un bebé de una madre extranjera que ejercía la prostitución en nuestra ciudad.
En efecto, fue la doctora Ana Galván la que confirmó la presentación, de lo que entiende que la jueza cometió irregularidades en su juzgado con el procedimiento que debe regir por ley.
La motorización del planteo deviene de lo informado en estas paginas ediciones pasadas, acerca de lo que trascendió del propio juzgado de Familia, sobre un presunto complejo entramado delictivo que estaría siendo investigado por estas horas, a partir de ciertas anomalías que se habrían detectado en un caso de una mujer extranjera que pretendía dar en adopción a su hijo recién nacido.
Lisa y llanamente se sospechaba de una red de prostitución y trata de personas, en la cual involucraría, según esa hipótesis a actores insospechados.
A saber, la historia refiere a una mujer extranjera que ejercía la prostitución en nuestra ciudad y mantuvo un noviazgo con un joven de la misma nacionalidad, relación de la cual se gestó un embarazo.
La mujer, madre de otros cinco chicos que viven en su país natal y a los que les manda una mensualidad, terminó la relación con el novio y, desamparada, intentó retomar su “oficio”.
Sin embargo, el encargado de regentear el cabaret donde ejercía no la dejó frente a su embarazo. Así fue que la mujer comenzó a consultar a distintos actores hasta que llega a organismos oficiales con la intención de dar en adopción al bebé por nacer.
Desde dichos organismos se comenzaron a realizar las entrevistas, evaluaciones pertinentes, rumbo a lo que resultaría una futura adopción que sería contemplada en el lista de guardadores que el juzgado de Familia posee.
Pasaron los días, semanas, y la mujer cambió de decisión. Dijo que se había arrepentido y no quería dejar a su bebé por nacer, hasta que pasados otros tantos días, volvería sobre sus pasos con la primera intención. Con una salvedad. Ahora su bebé por nacer quería dárselo a un matrimonio conocido, donde actualmente estaba viviendo.
El nuevo escenario llamó la atención a los funcionarios judiciales, que comenzaron a sospechar sobre un entramado cuasi mafioso del cual involucraría a terceros cuya intención, al entender de los judiciales, perseguirían otros objetivos.
Aparecerían letradas, una de parte del matrimonio interesado en quedarse con la criatura y otra en representación de la madre, insistiendo en la intención de ésta por dejar en guarda a su bebé por nacer a esta pareja, aunque desde la Justicia de Familia se resolvió ir por otro carril, insistiendo en una hipótesis muy delicada, que hace al montaje de una especie de organización vinculada a una red de prostitución (a partir de cómo llegó la mujer y dónde ejercía su trabajo) a la entrega irregular de un bebé en adopción.
Así fue que desde Familia se resolvió que la madre no tuviera contacto alguno con su bebé, quien finalmente -hasta la fecha- está institucionalizado en un hogar de contención. Sí, pasados los días, se aceptó que la mujer fuera al hogar a amamantar a su criatura, hasta tanto se definía la espinosa situación que, a estas alturas, consta de acusaciones cruzadas.
En ese lapso, la mujer dejó de ir al hogar, había vuelto a su país natal, supuestamente sin notificación alguna de lo que había emprendido. Pasados los días, la mujer volvería, con otro de sus hijos, el más chiquito de apenas cuatro años a vivir nuevamente a la casa con aquel matrimonio interesado en quedarse con el bebé.
Cabe consignar que mientras desde la Justicia de Familia se sospecha de aquel citado delito, la otra parte interesada habló de nulidades en el expediente, a partir de decisiones judiciales que no se ajustarían a derecho, además de otras cuestiones que hacen al manejo de las adopciones y, obviamente, ponen en crisis las resoluciones de la magistrada interviniente.
La abogada Galván, defensora de la ciudadana que dio a luz el bebé hoy institucionalizado cuestionó la decisión de haber impedido todo contacto de la madre con la criatura, durante algunos días, evitando incluso, el amamantamiento.
La abogada acusó a Monserrat de no respetar los procedimientos para proteger a las personas e incluso, de ofrecer información privilegiada a la prensa (por lo expuesto en estas páginas días pasados).
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