Locales. Ediles firmaron la ampliación de denuncia en el caso Hidalgo

Cinco ediles de la oposición rubricaron la ampliación de denuncia en la causa por presunta malversación de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social.

Antonio Ferrer, Graciela Ubach y Nicolás Pizzorno (PJ-FPV), Claudio Ersinger y Mario Bracciale (Unión PRO), presentaron en las últimas horas un nuevo escrito bajo el asesoramiento del abogado Ariel Pellegrino, donde se agregan nombres y apellidos de personas que cobraron subsidios bajo un sistema "paralelo" al mecanismo administrativo formal.

Entre los casos añadidos, se halla el titular de un negocio de repuestos de cortadora de césped, otro de alineación y balanceo y un arreglo de camioneta. Quizás la situación más llamativa se da con el trabajador Rubén Farinelli, quien realizaba tareas para la secretaría y todo indica que cobró con subsidios. Pero en julio, cuando el delegado Marcelo Hidalgo salió a ventilar las irregularidades por la prensa, el municipio habría cortado inmediatamente el mecanismo hoy sospechado. Esa suspensión habría puesto de mal humor a Farinelli, quien habría ido a la dependencia de Oscar Teruggi en varias oportunidades, reclamando una deuda de 7.000 pesos. Y aquí, según la denuncia, apareció una factura de una persona llamada Alejandro Domínguez, proveedor del Estado, que habría "puenteado" el pago. Todo esto debe dilucidar el fiscal Marcelo Fernández.

Pero mientras tanto, el agente fiscal aguarda los resultados de una pericia contable del Cuerpo de Instructores de la Fiscalía General de Azul. Ese informe busca detectar irregularidades en el otorgamiento de subsidios o compras en Desarrollo Social.

Sin embargo, el abogado Pellegrino entiende que la pericia es válida pero advirtió que "las irregularidades denunciadas no están en el otorgamiento de la ayuda social, sino en los destinatarios, anomalía que subsiste al aparato burocrático" de la repartición municipal.

Por eso, este medida que la oposición considera "acertada" por parte de Fernández, ya que hace a la "prolijidad" de la pesquisa, debería ser un paso previo a la citación de todos los beneficiarios identificados en la denuncia, pues son las personas que cobraron el dinero en el ex Banco Hipotecario las que aportarían la prueba más contundente del proceso.

Y recién consumado este paso, vendrían las indagatorias, especificó Pellegrino a este Diario. "No se puede concluir esta causa sin citar a todos los testigos", advirtió el letrado de parte.

Los ediles críticos de la gestión Lunghi esperaron la culminación del proceso eleccionario para redoblar la apuesta en la Justicia con esta ampliación de denuncia, estrategia que respondió a la necesidad de no mezclar los tantos y desbaratar los argumentos del oficialismo, que endilgaron una motivación partidaria y electoral atrás de la embestida judicial.