Locales. El administrador de una cantera ubicada en la Poligonal cobró subsidios destinado a la asistencia

Un dato por demás llamativo, surge en la causa en la que se denunciaron irregularidades en Desarrollo Social, mediante el desvío de fondos destinados a personas de escasos recursos que fueron utilizados con la modalidad de subsidios para el pago de prestaciones, a personas y empresas que deberían figurar como proveedores, puesto que entre los beneficiarios de subsidios aparece el administrador de una cantera ubicada en la Poligonal.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el subsidio recibido por el administrador de una las canteras que no deben operar más, fue por viajes con tierra para los diferentes espacios públicos que han sido objeto de arreglos por parte de la comuna.

Casi una decena de testigos han desfilado por la Unidad Funcional de Instrucción 21 a cargo del agente fiscal, doctor Marcelo Fernández, ratificando en un todo la presentación impulsada por el delegado Marcelo Hidalgo que fue acompañada por los concejales del arco opositor tandilense.

Con las declaraciones que se van sumando a la IPP 1917/11 , se podría comprometer a varios integrantes de la administración del intendente Miguel Angel Lunghi e inclusive a algún ex funcionario del área.

Uno de los testimonios más importantes, fue el del empleado que llevaba una suerte de contabilidad paralela en un cuaderno, donde de propio puño y letra, quien ratificó todo lo denunciado por Hidalgo y de esta manera la Fiscalía cuenta con un elemento de prueba muy importante.

En ese cuaderno constan cada una de las operaciones irregulares en cuanto al pago de prestaciones con subsidios destinados a personas de escasos recursos, configurando el delito de “malversación de fondos”, que contempla la inhabilitación de un mes a tres años para el funcionario responsable.

Cabe mencionar que desde la Fiscalía se ha pedido en dos oportunidades a la comuna que remitan los expedientes, donde se aprobaron los subsidios, puesto que el camino administrativo establece que para darle curso favorable a la solicitud, debe constar el informe de un trabajador social.

En principio, serían ocho los expedientes, en los cuales la Fiscalía ha centrado la investigación, aunque son más los casos aportados mediante la denuncia presentada oportunamente.

Un dato por demás importante, es que la figura penal que se endilga de “malversación de caudales públicos”, alcanza únicamente a los funcionarios públicos y no a quienes percibieron los pagos mediante la figura de subsidios.

Asimismo no se descarta que pueda llegar también a configurarse el delito de “peculado”, si se establece que los subsidios fueron por un monto superior al correspondiente al servicio prestado.

En cuanto a cifras se conoció que durante el mes de enero de este año la cifra de subsidios trepó a 398.000 pesos, por lo cual esa cantidad deberá ser controlada para corroborar cuanto de ese dinero fue utilizado verdaderamente en asistencia a personas con necesidades básicas insatisfechas y que monto se derivó al pago de prestaciones bajo la modalidad de falsos subsidios.