Locales. El cupo de discapacitados levanta polémica entre lunghismo y oposición

Las reparticiones del Estado deben contar con un piso del 4 % de personal con capacidades diferentes dentro de su plantilla. Lo establece la ley. Según la oposición, el Ejecutivo comunal no lo está cumpliendo. Y sólo llega al 1 %. Pero el Gobierno desacreditó la denuncia, desmintiendo los datos que maneja el PJ-FPV.
Esta controversia tomó estado público en las últimas horas, y la protagonizan el concejal Antonio Ferrer y el secretario de Gobierno, Matías Civale.
El edil justicialista se basa en datos firmados por la propia coordinadora de Personal, licenciada Julieta Vicente. En agosto de este año, la funcionaria contabilizó 13 agentes con certificado de discapacidad extendido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esa documentación es la que ostenta Ferrer para exigir al municipio que se ponga a tono con las normas.
Pero Civale salió ayer a cruzar los argumentos del kirchnerismo, ya que -asegura- la estadística oficial asciende al 4.5 %, lo que implicaría estar arriba del 4 % exigido por las leyes nacional y provincial.
La polémica por los datos arrancó una respuesta de Ferrer, quien le dijo a LA VOZ que "antes de hablar Civale debería controlar lo que escriben los funcionarios que están a su cargo". Es que la nota está firmada el 17 de agosto por la propia Vicente, sostuvo el edil.
"Está cometiendo una desprolijidad que llama la atención, me extraña que un funcionario de primera línea salga con facilismo a hablar cuando yo tengo documentación en mano, salida de la propia Dirección de Personal", disparó el legislador del PJ.
Todo comenzó cuando una vecina discapacitada fue a pedir trabajo al municipio, y le presentó a Ferrer un listado entregado por Vicente, donde se detectó que sólo 13 agentes se desempeñan en la planta comunal con esa condición.
Si se calcula una plantilla de entre 1.500 y 1.800 empleados, "nos damos cuenta que no se está cumpliendo con las leyes nacional y provincial, que establecen que el Estado debe tomar a personas con capacidades diferentes en una proporción no inferior al 4 % del total del personal", advirtió Ferrer.
En el caso de Tandil, "no llegaríamos al 1 %", desnudó el concejal opositor, para esgrimir que "mi misión es hacer público este tipo de cosas, ajustándonos a las leyes vigentes".
El bloque del Partido Justicialista-Frente para la Victoria, presentó en consecuencia un proyecto de resolución para que el Ejecutivo cumpla con las normas superiores.
Pusieron como antecedente que el HCD aprobó por unanimidad un proyecto para declarar a Tandil libre de discriminación, por lo que "estas cosas que pregonamos hay que transformarlas en hechos concretos".
El Gobierno "puede argumentar que no está tomando personal en este momento, pero a la vez no respondieron todavía el pedido de informes por los 354 empleados que incorporaron en un año", fustigó Ferrer.
"Hablar de solidaridad e integración no debe ser declamación en los discursos, sino que hay que cumplir la ley", insistió el edil kirchnerista.
Lejos de la "crítica desmedida, esto es una concientización sobre el cupo de 4 %, no sólo en el municipio sino en todos los niveles del Estado. Si juntos trabajamos por esto podemos cumplir con la integración", opinó el profesor.