Fútbol femenino. El gobierno puntano levantó la intervención de San Luis Fútbol Club

El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la
intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se
cumplieron "todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de
la institución", cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias
de corrupción e incompatibilidades institucionales.

"El hallazgo del colectivo que había comprado la
exsecretaria de Deportes, Cinthia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron
los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya
cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la
institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la
intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado" afirmó la
Agencia de Noticias del Estado Provincial.

"Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones
penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el
conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre
la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio
para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de
cuentas" afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea "será el viernes
2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece
de un espacio físico propio".

Advirtieron además que queda por resolver "el padrón de
asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una
categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una
irregularidad".

La intervención impulsada por el gobierno provincial
derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña,
dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación
enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el
gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la
Liga "debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de
terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó
a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por
"violación de deberes de funcionario público", por presuntos
adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de
un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la
Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más
un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por
el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se
suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas
que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a
un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cinthia Ramírez, en una conferencia de
prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta
incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental
y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata "de una persecución
política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador,
Alberto Rodríguez Saá".

"Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional,
como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de
caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de
este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el
club", indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó "dentro de los
procedimientos administrativos" vigentes.