Locales. Elevan a juicio causa contra contadores acusados de administración fraudulenta

Este Diario tuvo acceso a una pesquisa de la que comúnmente no trasciende, y que hace a delitos administrativos que la justicia penal aborda a partir de denuncias concretas de personas que se sienten damnificadas por profesionales. En este caso, una empresa reconocida del medio que denunció a sus contadores que ahora tendrán que afrontar un juicio.
Para el fiscal interviniente, se encontraron suficientes elementos en la Investigación Penal Preparatoria para requerir elevar a juicio la causa “Gonzalez Guerra, Fernando Horacio-Muruzabal, María del Carmen, sobre administración fraudulenta”.

De los hechos descriptos, se desprende que desde 1995 a 2005 Fernando González Guerra y María Muruzábal, en su calidad de contadores públicos, servían profesionalmente a la empresa Tandilta SRL.

Bajo esa relación contractual tenían a su cargo el manejo y disposición de documentación y fondos que la sociedad facilitaba para el cumplimiento de su labor. Es así, que a partir de 1999, aprovechando y abusándose de esa situación de confianza, se quedaron con dineros de la firma.

Sobre la pena a requerir una vez se desarrolle el juicio en el Juzgado Correccional (factiblemente se arribe a un juicio abreviado), el fiscal plantea que a Fernando González Guerra se le debería aplicar dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de contador público por el plazo de tres años. En tanto para Muruzabal, se solicitará dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por el plazo de dos años y seis meses.


LOS HECHOS ENDILGADOS

El primero de los hechos acreditados por el ministerio público detalla que los profesionales imputados solicitaron a la empresa sumas de dinero y valores para cumplir obligaciones respecto al impuesto a las Ganancias, ocultando la existencia de créditos fiscales por el IVA que servían para su cancelación, lo que implica haber generado una falsa situación de necesidad de recibir aquellos fondos, logrando así apoderarse ilegítima y fraudulentamente de los mismos en perjuicio del patrimonio de la firma por un total de 23.253,96 pesos, en la medida en que efectivamente les fueron entregados y llevaron a cabo el pago de las obligaciones mediante la compensación generada con los créditos mencionados.

En la acusación, el fiscal detalla las distintas oportunidades en que se desplegó la maniobra, para luego abordar el otro suceso investigado.
En efecto, el ministerio público concluye en que le solicitaron a la empresa sumas de dinero y valores para aplicar al pago del impuesto de Ingresos Brutos que excedieron las efectivamente abonadas en tal concepto, lo que implica haber generado una falsa situación de necesidad de recibir aquellas diferencias, logrando así apoderarse ilegítima y fraudulentamente de las mismas en prejuicio de la empresa por un monto de 2.981,36 pesos, en la medida en que efectivamente les fueron entregadas sin haber sido aplicadas a dichos pagos.


LA DENUNCIA

Tras detallar nueve maniobras de este tenor, la acusación fundó la prueba específica, como así también se da una acreditación general por elementos tales como la denuncia del socio gerente de la empresa, Alberto Tazza.
Precisamente el denunciante, detalló sobre la relación contractual que mantenían con el estudio contable, como así también fueron urdiendo la maniobra que también luego sería acompañado por el testimonio de otras personas, como el de la misma empleada del estudio contable, quien reconoció que le llamaba la atención las maniobras, de las que sospechaba e incluso se sintió atemorizada en vistas a que ella misma firmaba mucho de los cheques que se cobraban o entregaba las compensaciones. La empleada agregó que renunció al trabajo cuando Tazza retiró la documentación.

Uno de los indicios de sospecha que surgieron para el fiscal para con los imputados fue, por un lado, no haber tenido comunicación tendiente a conocer el motivo por el cual intempestivamente se retiró del estudio toda la documentación de la empresa y los socios, habiendo recién tomado conocimiento aproximadamente a los quince días de ese momento.

Por otro lado, las palabras amenazantes con las cuales el contador González Guerra se habría manifestado hacia el denunciante cuando se anoticiaba de la imputación. El profesional le dijo -según la denuncia- “que si quería denunciarlo que lo denuncie, pero que tuviera cuidado de no quedar preso porque iba a tener noticias de la Afip”, como así también en otra ocasión: “que se cuidara, no sea que él (denunciante) fuera a quedar preso porque él sabía mucho”.