Locales. Escribano brega por ""un equilibrio"" en la polémica por el Plan de Manejo

El Concejo Deliberante recibirá el próximo lunes 6 de junio a los propietarios de terrenos que cuestionan las prohibiciones establecidas en el Plan de Manejo proyectado por el municipio, en una comisión de Obras Públicas ampliada, donde estarán los referentes de todos los bloques.

El tema sensible, que divide aguas entre los dueños de lotes cercanos al paisaje y la Asamblea Ciudadana para la Preservación, se meterá así en la agenda legislativa, que primero escuchará el planteo ya adelantado en un difundido informe, para luego fijar una posición política.

Ayer Hugo Escribano (UCR), presidente de la Comisión, indicó a LA VOZ que el asunto "es muy serio y merece un debate profundo", aunque observando el nivel de polarización extrema que plantean sendos sectores de la sociedad, será una quimera "conformar a todos" al final del debate.

Equidistante, el correligionario se mostró cauto al negar un posicionamiento anticipado, pero sí llamó a establecer un "equilibrio entre los que no quieren que se construya nada y los propietarios que piden por lo suyo".

De todos modos, antes de ese cónclave en la planta alta del Palacio, Escribano sostuvo que la bancada radical dialogará con autoridades del Ejecutivo para conocer en profundidad los argumentos oficiales que motivan el proyecto de plan de manejo, que por estas horas se somete a la discusión pública.

Pero en una lectura de antesala, Escribano pronosticó que quizás "conforme no va a salir nadie, porque las posiciones están muy encontradas, no es un tema fácil para debatir".

Y sin anticipar una mirada antes de escuchar los planteos cara a cara, algunos barajan la posibilidad de permitir loteos en ciertos sectores, contemplando los condicionamientos básicos que exige el Plan de Ordenamiento Territorial, que sí está en vigencia.

Para Escribano, "una cosa es una nota en un diario y otra el debate mano a mano", estipuló en relación a la venidera reunión.

CONFRONTACION

La audiencia se iba a desarrollar el próximo lunes a la mañana, en consonancia con la agenda de la comisión, pero varios integrantes del HCD tienen previsto viajar lo que pospuso la cita 7 días.

Los propietarios, además de entregar una nota al jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik, solicitaron una reunión a cada bloque (UCR, PJ-FPV y Unión PRO). Con lo que el HCD acordó elegir el mecanismo de comisión ampliada para tratar las objeciones.

La Asamblea había manifestado que "toda propiedad, sea privada o pública, está sujeta a las regulaciones en el uso de suelo. Esto lo cumplimos a diario el conjunto de los habitantes. Tandil, así como todos los partidos, tiene áreas urbanas (las ya construidas y las reservadas para ese fin) complementarias y rurales. Todos los partidos tienen zonas de usos específicos, como un parque industrial. Todos tienen espacios verdes. Todos tienen zonas especiales de interés ambiental".

Y agregaron que "el agua está sujeta a regulaciones generales, y desde hace décadas, está prohibido construir donde no hay agua suficiente y donde no hay garantizado un adecuado tratamiento de efluentes sanitarios. Están vigentes y deben cumplirse el artículo 41 de la Constitución Nacional, el 28 de la Constitución provincial, la ley general del ambiente, la ley provincial del ambiente, las leyes de áreas protegidas y paisaje protegido, la ley de ordenamiento territorial y las ordenanzas como la que establece el Plan de Ordenamiento Territorial en vigencia".

Los preservacionistas, entonces, definen como una "falacia" sostener que "las regulaciones sobre el uso de algunos terrenos es lesionar derechos básicos. Si se aceptara este razonamiento no habría ordenamiento posible. Todos podríamos decir lo mismo, en tanto todos los terrenos tienen restricciones para algunos usos según la zonificación del partido. Con esta “lógica”, quienes tienen terrenos en el centro considerarían vulnerados sus derechos por no poder habilitar un taller de fundición o un tambo, y quien tiene un terreno en el campo reclamaría hacer en el mismo un edificio de 10 pisos".

Para los ecologistas, los dueños de propiedades "no están pidiendo que se cumpla la ley sino que se deje de cumplir. Se trata de un reclamo de un grupo de particulares para que se modifiquen normas vigentes y se les permita subdividir parcelas en las sierras para obtener mayor número de lotes y hacer un negocio inmobiliario más rentable".