Nacionales. Garré quedó en el centro de las miradas

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, quedó ayer en el centro de los cuestionamientos políticos y judiciales, a causa del bloqueo ocurrido en la planta impresora del diario Clarín en la madrugada del domingo, luego de que un juez le exigiera respuestas concretas sobre los hechos y la oposición parlamentaria decidiera citarla a la Cámara Baja para el próximo miércoles.

Garré emitió anoche un comunicado en el que aseguró que "cumplió las directivas" recibidas de la Justicia y remarcó que se trató de "un conflicto gremial", para rechazar que ese hecho haya configurado un ataque a la libertad de prensa.

"Resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral ocurrido como ataque a la libertad de prensa que la Constitución Nacional garantiza", enfatizó la funcionaria en su comunicado.

Ayer, el juez en lo Civil Gastón Matías Polo Olivera le exigió, por medio de un oficio, que en el término de tres días brinde explicaciones sobre el referido piquete que impidió la distribución de los matutinos Clarín y Olé y retrazó la llegada a los kioscos de La Nación, así como la identificación de los responsables del mismo y requirió conocer si hay medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

Mientras, en la Cámara de Diputados los bloques opositores anunciaron que citarán para mañana a las 10 a Garré para que explique -ante el plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales- las razones por las que habría desoído la orden judicial de garantizar la distribución de los diarios, además de preparar un proyecto de repudio por lo sucedido.

Así lo informaron, entre otros, la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici, y la diputada cívica Patricia Bullrich, tras una reunión que mantuvieron con otros legisladores del radicalismo, el Peronismo Federal, GEN, PRO, partidos provinciales y de la Coalición Cívica, en el despacho de la primera.

Además, acordaron denunciar el episodio ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); mientras los bloques anti.-K del Senado tiene previsto impulsar la citación para el jueves del secretario de Medios de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, para que informe al respecto.

Por su parte, Giudici indicó que la intención de los opositores es "ampliar una denuncia anterior (ocurrida en abril de 2010) ante la relatora de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero", en aquella ocasión la queja opositora se basó "en ataques a medios del interior, el manejo irregular de la pauta publicitaria oficial y discriminación al diario Perfil"; mientras Bullrich indicó que "ante la magnitud de los hechos, la relatora tendría que venir a la Argentina".

Su colega radical Ricardo Alfonsín señaló, al término de la reunión, que "en realidad la mayor responsabilidad la tiene la Presidenta, que debió tomar medidas para que esto no ocurra", y su jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, opinó: "La Constitución dice que los ministros deben concurrir a informar a las comisiones".

El legislador del Peronismo federal Gustavo Ferrari dijo que "por ahora se desestimó (la idea de iniciar el juicio político a la ministra) porque no hay número" para aprobarlo en el recinto, algo similar pasaría con una eventual interpelación, dado que si bien se necesita la mitad más uno de los votos, luego el oficialismo podría girar el pedido a varias comisiones para demorar su tratamiento.

En tanto, la fiscal porteña Marcela Solano pidió a los canales de televisión las imágenes grabadas el domingo con la intención de identificar a las personas que llevaron a cabo la medida de fuerza (hasta el momento el único identificado es el delegado gremial Luis Siri, que trabaja en Artes Gráficas Editorial Rioplatense).

Desde distintos sectores hubo voces de preocupación y rechazo a este tipo de situación, como la de la UIA, la Iglesia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, a su turno, calificó al bloqueo como un hecho "antidemocrático", al tiempo que aseguró que "no existen" conflictos colectivos gremiales, y, al referirse al llamado de audiencia de conciliación por parte del Ministerio de Trabajo, consideró que se trata de instalar la versión de un problema sindical para "correr el eje de la noticia".

Pero el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, negó que el Gobierno o el jefe de la CGT, Hugo Moyano, estén "detrás" del piquete e insistió con la tesis de que solo se trató de "un conflicto laboral de larga data", así como rechazó que el hecho constituya "un ataque a la libertad de prensa".

Además, intentó poner a salvo la imagen de la presidenta Cristina Fernández, al aseverar que la mandataria lo instruyó ayer "para que avanzara lo mas rápidamente posible" para resolver el problema.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, fue el único oficialista que condenó lo acontecido al considerar que "perjudica la convivencia democrática" y es "una muestra de intolerancia".

Según la empresa, el de ayer fue el quinto boicot a la distribución de matutino, en un período de cinco meses: hubo uno el viernes 28 de enero (camioneros bloquearon dos distribuidoras y exigían afiliar a su sindicato a los empleados de esas dos firmas), otro el viernes 15 de enero (durante seis horas se impidió la salida y entrada de camiones en las plantas de Clarín y La Nación), y, entre el 13 al 19 de diciembre pasado (se impidió el ingreso de insumos y la distribución en la imprenta de Clarín en Lanús).