Locales. Grupo de abogados criticó a la Asociación por la postura tomada frente a una magistrada

Con un comunicado que se hizo llegar a esta Redacción, un grupo de reconocidos letrados del medio salió a marcar sus diferencias con la comisión directiva de la Asociación de Abogados de Tandil, quien expuso días pasados su manifiesta preocupación por el funcionamiento del Juzgado de Familia. Para más precisiones, criticaron algunas actitudes de la jueza, Silvia Monserrat, respaldando incluso a un par de colegas por litigios emprendidos con la magistrada.
Al respecto, la veintena de abogados que firman el comunicado, entre los que puede citar al doctor Miguel Ibarlucía, Jorge Dames, Oscar Vannoni, Daniel Galli, Guillermo Desiate, Enrique Montoya, Guillermo Dupleix, Rodolfo Corradeti, Alcides Fortunato, Reina Fainberg, reseñan que la comisión directiva de la Asociación de Abogados “invocando la defensa de los intereses de los asociados en el ejercicio profesional, dirigió un correo electrónico múltiple a los abogados del foro a efectos de fijar la `posición institucionalｴ de la Asociación en torno a dos cuestiones relacionadas al funcionamiento del Juzgado de Familia de nuestra ciudad”.
“La primera -siguen-, referida a las denuncias presentadas ante la secretaría permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, por una colega local y por una litigante particular, obviamente patrocinada, conforme imperativo legal, con firma de letrado. Dichas denuncias refiérense, en ambos casos, a la interpretación y calificación que las partes realizan respecto al mérito, acierto y regularidad, de decisiones jurisdiccionales adoptadas en la instancia de grado”, refiere el texto.
“No obstante que por entonces no se encontraba constituido el Jurado de Enjuiciamiento -aclaran-, por tanto tampoco se había corrido el traslado de ley a la magistrada para que aclarara los hechos denunciados e indicara la prueba que a su juicio pudiera ser útil, instancia previa al juicio y defensa propiamente dicha, la comisión directiva dio por sentado que `la gravedad de las situación institucional planteada obliga a la Asociación de Abogados a expedirse en esta oportunidad, sobre tal delicada situaciónｴ”.
Los abogados firmantes señalan que “el criterio utilizado para brindar apoyo institucional a las denunciantes en su pretensión de enjuiciamiento, resulta, cuanto menos prematuro. Aducir que la gravedad institucional surge de la sola consideración objetiva del tiempo de funcionamiento del órgano judicial (más de dos años) y que resulte centro de dos denuncias, constituye un sofisma argumental, una inaceptable petición de principios, en tanto el acaecer temporal de las imputaciones no indica per se existencia de irregularidades en la función pública”.
Sostienen además que “La Asociación de Abogados sólo podría actuar -en supuestos de extrema gravedad que realmente afecten al libre ejercicio profesional- propiciando directamente la formación de un proceso de enjuiciamiento a través del Colegio de Abogados por resultar la única corporación legitimada para denunciar o acusar ante el Jurado”.
Los letrados aducen que “ninguna razón fáctica ni jurídica habilita a la comisión directiva para haber formulado `apoyosｴ institucionales, en nombre de todos los abogados de Tandil, a denuncias presentadas por particulares o profesionales en razón y con motivo de actuaciones judiciales, sin que se adviertan extremos excepcionales de tal entidad y gravedad que habiliten apartarse del criterio de una prudente prescindencia durante la actuación de los órganos legales competentes en el juzgamiento del caso”.
En otro orden de cuestiones, reseñan a la referencia a “genéricas ilegitimas restricciones a la libertad de expresión de los letrados”, como así a la “ocurrencia de actos procesales o actitudes funcionales que se consideran incorrectas”. Al respecto, los abogados afirman que “más allá de la pertinencia y eventual realidad de tales aseveraciones indeterminadas, aparece evidente la desmesurada invocación de principios y normas supuestamente violadas por la magistrada a quien se llama a la reflexión, revisión y modificación de las mismas, sin que la comisión directiva -al menos así no se expresa- haya procedido, acorde al criterio histórico, a entrevistar en forma directa a la magistrada para imponerla de las irregularidades advertidas y requerir las rectificaciones pertinentes”.
Estas consideraciones críticas, añade el comunicado, están animadas en el más amplio espíritu de colaboración con la comisión directiva, y se formulan en razón de haber concurrido otros hechos “inconvalidables que comprometen a todos los abogados y perturban innecesariamente la credibilidad de la justicia y además afectan la actuación de las denunciantes en tanto las mismas poseen experiencia, formación científica y firmeza de convicciones, como para adoptar decisiones profesionales independientes, trascendentes o extremas, sin necesidad de apoyos corporativos”.
Para el grupo de abogados, “la difusión pública masiva de dicho comunicado exorbitó el objetivo institucional de la Asociación al comprometerla y legarla a los resultados de las denuncias promovidas en función de criterios personales, más allá de la eventual existencia de supuestas afectaciones profesionales. Por otra parte, la Asociación irremediablemente gravitará -probablemente sin proponérselo- como muestra de apoyo y validación de las denuncias y en demérito de la administración de justicia cuestionada”.
Finalmente solicitan a la Asociación adoptar las medidas conducentes para “evitar la reiteración de actos institucionales que afecten a los abogados y a los órganos de justicia sin mediar una ponderación minuciosa de todas las circunstancias involucradas, para evitar desinterpretaciones y exposiciones innecesarias en perjuicio, paradojicamente, de los principios que se intentan afianzar”.