Locales. Hipódromo: el denunciante duda que Fiscalía tenga voluntad de investigar

La “lentitud” del accionar judicial para investigar una denuncia por presuntos delitos contra la administración pública en torno a la concesión del Hipódromo y la falta de contralor oficial preocupa al cuidador Jorge Cuenca, que la semana pasada intentó constatar el avance de la causa y para su sorpresa, secretarios de la Fiscalía le pidieron que amplie sus pruebas cuando las irregularidades ventiladas ya fueron plasmadas en 26 fojas.

El 26 de agosto, hace exactamente 24 días, el profesional del Turf se presentó en los tribunales de Uriburu Sur con una denuncia que apunta a 4 funcionarios comunales: Oscar Maggiori, Pedro Espondaburu (ex y actual secretario de Desarrollo Local), Juan Pablo Frolik (jefe de gabinete) y la titular de Concesiones.

Los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público al no verificar las numerosas anomalías en que habría incurrido la empresa “Vistas Serranas”, de Daniel Blanco, privado que explota el circo de carreras.

La causa 2170/11, cayó en manos del doctor Marcos Eguzquiza, y según pudo consultar LA VOZ, se mantiene en una virtual inercia. Cuenca también se acercó a Fiscalía y secretarios del instructor le comunicaron un dato similar. “Antes de presentarme por primera vez, la doctora Andrea Brogno me recomendó que comience con una redacción concisa de los actos que yo iba a denunciar. Entonces cumplí y traje las 26 fojas, puntualizando las irregularidades. Ahora voy y me comunican que tenía que ir a la Policía, y que debía ampliar trayendo toda la documentación. Yo tengo 100 testigos para traer. Pero ya estoy dudando de la independencia de poderes y la voluntad de investigar”, sostuvo el cuidador enfrentado públicamente al Gobierno de Miguel Lunghi.

Cuenca sostiene que en un presunto delito de estas características la Justicia debería actuar de oficio, o en su defecto, como en este caso, impulsar la pesquisa con este primer material ya aportado, donde se puntualiza cada punto del contrato no cumplido y como el órgano que tiene el poder de contralor no sancionó a Blanco.

Entre las anomalías más importantes estarían el cumplimiento de obras comprometidas en el contrato –como un jardín maternal y otras-, las cuales fueron reemplazadas por obligaciones preexistentes, como las obras hidráulicas, que además “al día de hoy tampoco se hicieron”, dijo Cuenca. Incluso habría filmaciones y testimonios que revelarían como las tareas de riego de la cancha se habrían hecho con camiones de la Municipalidad, lo que podría incurrir en el delito de “peculado”.

Otro asunto urticante es el canon locativo fijo que debe pagarle el concesionario al municipio. Desde febrero de 2006 hasta hoy, ese monto está congelado. Y lo seguirá estando hasta julio de 2014, cuando termine la relación contractual. Pero llamativamente, los subsidios provinciales que cobra Blanco por parte de Loterías y Casinos de la Provincia empezaron en 70.000 pesos mensuales (febrero de 2006) y ahora trepan a 504.000 pesos. Lo que representa en 5 años un aumento superior al 700 %. Para Cuenca es inconcebible que pese a los “incumplimientos” el Estado premie a la empresa con cuantiosos incrementos de subsidios y siga abonando el mismo canon.

“Lunghi, en mayo de 2011 autorizó el cobro de subsidios a ｴVistas Serranasｴ para el trimestre julio-agosto-septiembre, con lo que queda claro que no hay intención, ni mucho menos voluntad, para cobrar las sanciones y/o realizar las obras, por cuanto con sólo la retención del mismo (1.512.000 pesos), se podría ir debitando parte de las sanciones y/o realizando las obras previstas en el pliego”, adujo el criador de caballos de carrera.

Asimismo, habría informes de veedores y de Obras Públicas que notificarían los incumplimientos de obras que se reflejan en la presentación ante Fiscalía.


A LA ESPERA

El texto que ingresó a la UFI denuncia “la posible comisión de delitos contra la administración pública municipal y el incumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios públicos responsables (Código Penal de la Nación, Título XI) con motivo de diversos hechos, acciones y omisiones comprobadas en el ámbito del Hipódromo Municipal de Tandil”. Y solicita que “se investiguen inicialmente estos ilícitos, y en su caso, conforme el merito de la prueba que esa fiscalía disponga, se amplíe la investigación a otros tipos penales”, expuso Cuenca.

Tuvo en cuenta la “responsabilidad de los funcionarios en el manejo de la ｴcosa publicaｴ” lo que “se complementa tanto con el correcto acceso a la información pública como con la veracidad plena de esa información”.

También quiere saber, a instancias de la Justicia, “los motivos por los cuales los funcionarios responsables no han contestado aún los pedidos de informes efectuados por el Concejo Deliberante en el año 2006, y si esos motivos y las conductas que en ellos se originen pudieran tipificarse penalmente”.

Las faltas en que habría incurrido el privado, según Cuenca, son varias, entre ellas, la inexistencia de un inventario, la inexistencia del plan de inversiones que figuran como obligaciones del concesionario, el no servicio médico en horario y días de práctica, así como tampoco habría servicio veterinario en horarios de práctica, la “aplicación exclusiva del reglamento GEN de carreras y comisión de carreras que no reúne las condiciones”, “vigilancia”, incumplimiento de obras en tiempo y forma, empalizada circundante, cerca perimetral, reacondicionamiento stud Peyrel y Chapaleofú.

Y el municipio –advirtió el entrevistado- debió sancionar a la empresa por la no construcción del comedor infantil de 120 metros cuadrados cubiertos, el jardín maternal, la sala de primeros auxilios, el no cumplimiento de las cargas sociales y ART para todos los empleados. También puso en duda la idoneidad del personal “atento los serios y graves problemas que se originaron por el mal desempeño de la oficina y la comisión de carreras”, argumentó. Tampoco existen las “gateras para carreras de trote” y “no hay constancia de que haya gateras para carreras de galgos”, añadió.

Cabe recalcar que toda acción u omisión del concesionario que implique incumplimiento de las obligaciones y/o violaciones de las prohibiciones emergentes prevé multas económicas: una primera trasgresión, multa diaria de dos sueldos básicos de la categoría administrativa inferior; segunda trasgresión: multa diaria de 5 sueldos básicos y tercera trasgresión, multa diaria de 10 sueldos básicos.