Locales. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul será parte querellante en juicio por crimen de la dictadura en Tandil

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azujl -APDH-Azul- anunció que será querellante en el juicio que se inicia el 9 de febrero en Tandil por el secuestro y muerte del abogado laboralista olavarriense Carlos Moreno, ocurrido en 1977 y por el que están acusados tres militares y dos civiles”. Se trata de los militares Ojeda, Tomassi y Pappalardo, además de los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el presidente de la APDH-Azul, Fernando Wilhelm, David Gómez y Marta Zugasti, integrantes de la directiva del organismo, el abogado Manuel Marañón y Luz Lapasta, entre otros estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNICEN.
Wilhelm señaló que “la APDH-Azul participará como querellante en este juicio, como parte de la lucha inclaudicable que desarrollan los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia”. También destacó la tarea iniciada en el 2007 por el abogado de derechos humanos Jorge Moreno, en la apertura e investigación de una mega causa con más de un centenar de pobladores de la región, víctimas del Terrorismo de Estado, sin investigarse durante años en el Juzgado Federal, por diversos motivos.
A su turno, el abogado Manuel Marañón señaló que el juicio por el secuestro y asesinato del abogado Carlos Moreno “es parte de esta batería de procesos que están llegan do a su culminación en los juicios orales, hijos de una lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos, de los familiares y víctimas para llegar a la verdad de lo sucedido, y a la justicia, aún 34 años después”.
“Este juicio es por una víctima, el doctor Moreno, secuestrado ilegalmente por el aparato represivo del Estado en abril de 1977 y le dieron muerte en mayo de ese año. Lo secuestran en Olavarría y lo llevan a un Centro Clandestino de Detención –CCD-, conocido como La Chacra de Méndez, ya privado de su libertad es que le dan muerte”.
El abogado agregó que “este juicio se iniciará el 9 de abril en el Aula Magna del rectorado de la UNICEN en Tandil, donde actuará el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, serán dos jornadas semanales hasta mediados o fines de marzo. Está previsto que declaren más de 70 testigos. Y además de la Fiscalía hay tres querellas, la de la APDH-Azul, la de los familiares de la víctima y la restante, la Secretaría de DD.HH de la Pcia. de Bs.As”.
Sobre la figura de Carlos Moreno, el letrado resaltó que “En esa época el plan represivo apuntaba a personas vinculadas a instituciones y entidades con lucha social, o simplemente, del desagrado de la ideología dominante. El doctor Moreno representaba a trabajadores de grandes empresas vinculadas la minería y a la piedra en Olavarría. Era militante de la Juventud Peronista, eso lo dejaba de hecho en una lista de personas a las que se vinculaba con la llamada “subversión” por la dictadura. A través de tareas de inteligencia, se las secuestraba, se las privaba ilegítimamente de su libertad, se les aplicaba tormentos. Aparecían muertos, que se fraguaba como enfrentamientos con fuerzas de seguridad; en otros casos fueron desaparecidos, en otros quedaron luego a disposición del PEN; y en otros casos, luego liberados y controlados posteriormente.
La suerte de Moreno fue hallar la muerte, informaciones posteriores hablaron que fue “abatido en un enfrentamiento “, lo cual quedó descartado, (hay autopsia que revelan quebraduras y castigos físicos brutales) y que va a ser materia de discusión en este juicio”.
En las audiencias también pueden quedar al desnudo complicidades de civiles en el crimen, como algunos empresarios. “Es posible –señaló Marañón- se va a reconstruir lo que pasó en esos ámbitos, sobre las complicidades civiles nadie tiene duda, se pudo llevar adelante el Terrorismo de Estado por civiles, en este juicio hay dos civiles acusados de haber facilitado el espacio físico donde funcionaba el CCD”.
Añadió que “la realización de los procesos tiene que ver con cumplimento de la ley, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que suscribió nuestro país, esto corresponde en cualquier Estado de Derecho. Lamentablemente por diversas circunstancias no pudo accionar la justicia por muchos años, por las llamadas “leyes de perdón”, La de de Obediencia Debida y la de Punto Final, que obturaron la posibilidad de investigación y el debido proceso a los presuntos responsables y en caso que correspondiera, la condena. Que hoy funcione la justicia de esta manera es un dato alentador para la sociedad y que indudablemente es un ítem superador en la administración de justicia”.
Sobre el rol papel de la APDH-Azul, el abogado recordó que desde 2007 que la Sec. De DD.HH abrió la investigación en el Juzgado Federal de Azul, el organismo tuvo actuación, impulsando la investigación. “La importancia de este nuevo avance, de este juicio, es que haya información disponible para toda la sociedad y que todos puedan saber lo que sucedió, esto es fundamental para que estos hechos no ocurran nunca más”.
“En esta causa la APDH-Azul está presentada desde el inicio, en 2007 y abarca todo esquema represivo de Tandil, Olavarría, Azul, Las Flores. Dos expedientes estaban avanzados antes de las leyes de perdón, de de Carlos Labolita, muerto por la represión y el de Moreno. Por el caso Labolita se llevó a juicio oral y fueron condenados los responsables de su privación ilegal de la libertad y muerte. Sigue ahora el turno de Moreno. Y en el Juzgado Federal de Azul siguen innumerables casos por víctimas que fueron llevados a los varios CCD que funcionaron en la zona.
Azul podría ser sede de un juicio
El Aula Magna que será el lugar donde se desarrollen las audiencias queda a escasos metros de la plaza principal de Tandil, donde años atrás se levantó un monumento a los desaparecidos tandilenses. El 9 de febrero, día que inicia el juicio, está previsto un espectáculo político-cultural en la plaza, en acompañamiento a este proceso.
Marañón no descartó que Azul pueda ser sede de un juicio similar. “Azul podría ser sede de un juicio similar, no se descarta que ninguna ciudad que tuvo víctimas sea sede de algún proceso oral, eso lo decidirá la justicia. La idea también es integrar a estudiantes de Derecho de la Facultad de Azul al equipo de abogados de la querella de la APDH-Azul, entendemos que sirve como experiencia profesional y para crear conciencia y retransmitir a los compañeros, que puedan desenvolverse en procesos donde hay múltiples intereses, pretendemos que la información fluya, que no pase desapercibido el juicio y que trascienda; y sirva para crear conciencia en la sociedad de que ocurrió y como actuar en el caso que esto vuelva a aparecer nuevamente”, concluyó el abogado.