28 de junio de 2011
Los límites a las construcciones en las sierras y sus inmediaciones volvió a ser el eje de la discusión ayer, cuando concejales de distintos bloques recibieron a la Asamblea por la Preservación de las Sierras, ONG que mantiene una polémica con los propietarios de lotes movilizados por flexibilizar las normas.
La Comisión de Obras Públicas ampliada, escuchó en la mañana a Ana Fernández, Fabián Mestralet y otros miembros del sector. Los militantes ecologistas pidieron al deliberativo que den a conocer los términos del borrador elaborado por la Comisión de Gestión Territorial, que integran el Ejecutivo y colegios profesionales.
Salvo para el Ejecutivo, esos datos todavía se mantienen en reserva, aún para los propios ediles. El radical Atilio Magnasco aseveró a LA VOZ que sólo pudieron acceder a las planillas de usos tentativos, aunque aclaró que "esto no está terminado ni mucho menos".
El famoso borrador es importante porque de anticiparse su publicación, los sectores de la sociedad interesados en la problemática podrían fijar sus posturas antes que el proyecto llegue "cocinado" a las instancias decisivas del debate, cuando ya no haya tiempo para remover los aspectos centrales.
Del escrito tentativo sólo trascendió que, a diferencia del Plan de Desarrollo Territorial, se establecerían límites por manzanas geográficamente reconocibles, en vez de las cotas de altura. De este modo, serían fácilmente reconocible las parcelas del plano donde se podría edificar, y qué tipo de construcciones estarían permitidas.
Al término del encuentro, Magnasco argumentó que el borrador "tiene dos capítulos, pero falta caminar mucho".
Para el correligionario, el tema se metió de "apuro" en la agenda al traslucirse la inquietud de los vecinos encabezados por el abogado Miguel Ibarlucía. Aunque espetó que "la cuestión está bastante verde, en una etapa embrionaria".
La propuesta tentativa del Gobierno describe cada zona de Tandil, dónde está permitido y donde no construir, pero "siempre en línea con el plan de desarrollo territorial, acá no hay nada desacoplado con lo aprobado en 2005", matizó el productor rural, al ratificar que "es un complemento de la norma vigente".
El edil también admitió que cuando este debate concluya, y tras la opinión de los distintos sectores de la sociedad, "va a haber vecinos que quedarán disconformes, lamentablemente. Porque hay gente que compró o heredó propiedades y ya desde 2005 no puede concretar sus proyectos".
"EL BIEN COMUN POR SOBRE EL NEGOCIO"
Fernández aseguró que la reunión con los concejales fue "amable", pero no hubo definiciones políticas contundentes de los legisladores presentes. Sólo se conoció que técnicos de la Universidad Nacional del Centro serán convocados, sobre todo para dar un enfoque académico sobre la situación de los acuíferos en la zona de la controversia.
"Ellos dijeron que iban a considerar la propuesta, y la asamblea pide que se cumpla con las leyes existentes, además de que se haga público el borrador del plan de manejo en lo atinente a la construcción", aseveró la profesional.
También los preservacionistas volvieron a reclamar una "audiencia pública", y recalcaron que "es un error" poner en la misma balanza "los intereses particulares con el bien común de la ciudad".
A la asamblea le resulta "raro" que los concejales, aún la mayoría lunghista, ignoren el borrador. Porque si bien se está diagramando en el ámbito del Ejecutivo, "nos parece que todo el Estado debe conocer los avances", opinaron.
Así justificaron la necesidad de "transparencia, porque el plan de desarollo es para todos". Siempre enrolados en la demanda de preservación del patrimonio natural, así como el agua, los asambleistas entienden que los vecinos -dueños de terrenos- movilizados "quieren cambiar la legislación vigente, que ya está aprobada y todos debemos cumplir". Fernández observa que "pelean por subdividir, construir y llevar más infraestructura a las sierras, amenazando al patrimonio natural, la calidad del agua y otros perjuicios".
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