Locales. La Asociación de Abogados salió a criticar el accionar de la Jueza de Familia

Desde la Asociación de Abogados de la ciudad se salió a respaldar a dos letradas que mantienen un conflicto con la jueza de Familia Silvia Monserrat, que deparó dos planteos de jury en la bicameral que aún resta definir los actores que evaluarán la validez de sendas presentaciones. Asimismo, los abogados criticaron a la magistrada por distintas acciones que atentan contra la labor de los profesionales.

El detonante de la inusual exposición de la Asociación devino de la situación planteada por las doctoras Fátima Silva y Ana Galván, letradas que oportunamente presentaron un jury. Sobre la segunda de las abogadas citadas, tal se informó en ediciones pasadas la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires le dio impulso a la denuncia contra la Jueza.

La magistrada es acusada por haber impedido el contacto de una madre con su bebé recién nacido. Así también se detalla en la denuncia que la mujer no contó con la intervención necesaria del Asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento.

El problema se originó cuando la mujer rectifica junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside la doctora Montserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la Jueza, dice la denuncia, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la “guarda institucional” del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270.

Consultado el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas, oportunamente sostuvo que “el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo que es un derecho natural del ser humano”, y agregó: “creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables”.


LA POSTURA DE LA COPORACION

La corporación de letrados locales, aglutinados en la Asociación de Abogados, salió a respaldar a sus colegas y no dejó de criticar a la Jueza por su presunto accionar que atentarían contra la labor de
los letrados.

El comunicado publicitado por la entidad indicó que “dos asociadas han intervenido en la promoción de actuaciones, ante los órganos pertinentes, solicitando el enjuiciamiento de la señora Jueza por diversas causas y motivos, todos relacionados con el ejercicio de su cargo, que, fundamentalmente, expresan en sendas presentaciones”.

Se aclaró que “la denuncia de un magistrado ante los organismos de control de su desempeño es una de las decisiones más difíciles, complejas y trascendentes que pueda tomar un abogado en el ejercicio independiente de la profesión. Como hombres y mujeres de Derecho, sabemos que tan delicada e importante determinación es adoptada luego de una profunda meditación y ponderación de los hechos y fundamentos que motivan el proceso de enjuiciamiento y de las consecuencias que de él se seguirán, no solo para las partes directamente involucradas sino, especialmente, para el sistema judicial en su totalidad”.

La gravedad de la situación institucional planteada obliga a dicho Asociación a expedirse en esta oportunidad. “Y lo hacemos ahora, con absoluta prescindencia de toda especulación respecto del desenlace del proceso de enjuiciamiento, pues la sola consideración objetiva de que en poco más de 24 meses de funcionamiento un órgano jurisdiccional sea centro de dos denuncias por su desempeño, causa profunda preocupación y requiere, principalmente de sus actores internos, una mesurada reflexión y revisión de los criterios de decisión y de gestión con que se lleva adelante la delicadísima misión de impartir justicia en tan sensible materia”.

Es por eso que, “conocedores de la soledad que rodea al abogado en este tipo de resoluciones y de la angustia que conllevan, brindamos nuestro apoyo y acompañamiento institucional a las colegas que han intervenido en los pedidos de enjuiciamiento de la señora Jueza, conscientes, también, de la importancia que para la calidad institucional y republicana tienen estos procedimientos de control”.


CRITICAS

En segundo término, la Asociación dijo haber relevado diversas modalidades que “atentan abiertamente contra la libertad y la dignidad profesionales e indirectamente contra derechos constitucionales de los justiciables”.

En este sentido, se destacan, por su inusual gravedad, “ilegítimas restricciones a la libertad de expresión de letrados -extensivas a la parte e, incluso, a terceros ajenos al proceso-, intentos de restringir o menoscabar la libre conducción profesional de la defensa de la parte con conminaciones de denuncias ante el Colegio de Abogados y Tribunal de Disciplina, reiterados cuestionamientos -ciertamente injustificados- a la firmeza y énfasis que exigen la defensa y la lucha por el derecho, omisión de dar legal intervención en los procesos a los órganos de actuación ineludible e imprescindible en interés de los menores y actuaciones labradas a espaldas de letrados en las que se les atribuyen supuestos agravios o faltas de ética profesional”.

Sostiene la entidad que “detrás de estas prácticas parece anidar una idea que los profesionales del Derecho no podemos tolerar y que nos convoca a actuar en defensa de la libertad, la dignidad y la independencia del ejercicio profesional: la proscripción del proceso, nada más y nada menos, de los abogados”.

Se añadió que no se reclama “más reconocimiento que el que la propia profesión conlleva ni pretendemos mayor consideración que la que corresponde a la magistratura. Pero no aceptamos que se transforme en letra muerta lo que el artículo 57 de la ley 5177, que rige el ejercicio profesional, dispone: en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele”.

Finalmente, exhortaron públicamente a “la reflexión, revisión y modificación de todas aquellas prácticas que afrentan la libertad, la dignidad y la independencia del ejercicio profesional de los abogados ante el Juzgado de Familia local”.