Locales. La comunidad educativa de Tandil se reunió para defender la educación pública

Un gran número de docentes, directivos, autoridades educativas, integrantes de asociaciones cooperadoras, funcionarios públicos y gente particular se reunió ayer por tarde en las instalaciones del Club Defensa, Rivadavia 351, para brindar su apoyo y debatir sobre el futuro de la Educación Pública en el 10° aniversario de la sanción de la Ley 26.075 de Incremento de la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología.
En un destacado marco de público, estuvieron presentes los concejeros escolares Martín Keegan y Facundo Labanca; el edil y vicepresidente de la Comisión de Educación del HCD, Rogelio Iparraguirre; el Presidente del bloque de concejales del PJ-FpV, Pablo Bossio; el concejal del PJ-FpV, Darío Méndez; la edil y Secretaria de la Jefatura Distrital de Educación, María Eugenia Poumé; la Directora de la Escuela Secundaria 15, María Florencia Mena; el Secretario General del SUTEBA, Hugo González; la Jefa Regional de Educación, Mónica Poumé y el Director General de la Universidad Barrial, Andrés Harispe.
En el marco de un encuentro amplio, democrático y plural donde primaron múltiples voces, se  buscó poner en la superficie de la discusión el futuro de la educación pública y los criterios que se deben abordar desde las distintas instancias del Estado para fortalecer y mejorar la educación, pero sin retroceder en la conquista de derechos que permitieron llevar la inversión  educativa nacional al 6% del Producto Bruto Interno.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del concejal Rogelio Iparraguirre, quien recordó las dificultades por las que pasó la comunidad educativa local cuando, a través de un proyecto de ordenanza impulsado por ese concejal, perdieron la votación en el recinto del Concejo Deliberante para que los protagonistas de la educación en Tandil tengan voz y voto en el destino de los recursos que provenían del Fondo de Financiamiento Educativo.
“En el año 2014 estuvimos en este mismo salón exponiendo sobre las necesidades que tenía la comunidad educativa de poder opinar e intervenir en los múltiples destinos que tenía el Fondo Educativo en nuestra ciudad que han superado, en los últimos tres años, los 40 millones de pesos para inversiones edilicias y de infraestructura” destacó Iparraguirre y agregó que, en esa oportunidad, “ante más de 150 directivos, docentes, auxiliares e integrantes de asociaciones cooperadoras, se definió hacer la campaña de recolección firmas que logró llevar al recinto 1614 firmas que apoyaron la creación de la Comisión para el Control, Administración y Distribución de los fondos provenientes de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo” resaltó.
Iparraguirre valoró enormemente que haya dos nuevos Concejeros Escolares que tengan la posibilidad de brindar “una mirada política antes que administrativa sobre la educación”, porque “si bien la administración es un aspecto central de la vida pública resulta aún más importante tener en claro la vocación social de esa administración en beneficio de las mayorías” apuntó el edil.
“Resulta imperioso no retroceder en la conquista de derechos en nuestro sistema educativo que, con la sanción de la ley 26.075, no sólo posibilitó la construcción de más de 2000 escuelas, de jardines de infantes y universidades sino que buscó incorporar al 100% de los chicos de 5 años de edad e incentivar el desarrollo de la educación técnica y la formación profesional vinculado al mundo de la producción y el trabajo” indicó el Vicepresidente de la Comisión del Educación en el Concejo Deliberante.
A su turno el Concejero Escolar, Martín Keegan tomó la palabra y agradeció a Florencia Mena que “tomó este tema y nos hizo hablar con mucha gente para recordar el aniversario de la Ley”. Luego leyó una carta que les enviara el ex Ministro de Educación Bonaerense, Mario Oporto, en la que destacaba el reconocimiento de los consejeros escolares del PJ-FpV y "el aniversario de la estratégica ley de Financiamiento Educativo que contribuyó a un proyecto de emancipación nacional" valorando “la educación técnica, la capacitación docente y la política económica que posibilitó alcanzar el 6% del PBI en materia educativa”.
"Hoy somos el único distrito que está conmemorando el décimo aniversario de esta ley en toda la provincia de Buenos Aires" resaltó Keegan y agregó que para defender la ley es necesario organizarse e involucrar “a los padres, a los docentes, a los directivos porque no es lo mismo subir sólo a ver si un techo se llueve que subir con 10 padres de chicos que asisten a esa escuela" indicó
Por su parte Mónica Poumé destacó la importancia de “seguir sosteniendo esta ley de financiamiento que ha reconstruido el sistema educativo en todo el país” y “de defenderla porque somos educadores pero como educadores también hacemos y debatimos la política de nuestro sector”.
El Director de la Universidad Barrial, Andrés Harispe hizo un repaso histórico sobre la situación económica de la educación y puso de relieve “que para hablar de financiamiento educativo es importante hablar del desfinanciamiento y del cambio de paradigma que arrancó con la dictadura de 1976 y el asesinato de Isauro Arancibia” el maestro y dirigente gremial argentino, uno de los fundadores de la CTERA, asesinado de 120 disparos en la misma noche del 24 de marzo junto a su hermano Arturo.
También rescató la “obligatoriedad de la educación” y valoró “la Asignación Universal por Hijo y el PRO.GRE.S.AR” porque “son programas que permiten democratizar el acceso al derecho a la educación” y también recordó que “la Universidad ha sido gran beneficiaría de las políticas educativas de los últimos años” ya que “se reconstruyó el sistema educativo pero fundamentalmente el país, porque sin un país en andas no hay proyecto educativo posible” concluyó.
Ley 26075 de Financiamiento Educativo
Sancionada en diciembre del 2005 la ley de Financiamiento Educativo (LFE) comenzó a aplicarse al año siguiente. Pensada como un aumento progresivo de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional y de las jurisdicciones provinciales se constituyó una norma fundamental para el fortalecimiento de la educación.
A partir del 4.6% del producto bruto interno destinado a educación alcanzado en 2005, la ley comprometía a la Nación, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a proyectar, en el transcuros de 5 años, un incremento progresivo del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar, en 2010, una participación del 6% en el PBI.
Los recursos para ese aumento progresivo se obtendrían de incrementos en los fondos coparticipables que, para asegurar el financiamiento automático de la parte que le correspondía a las provincias en materia educativa, era retenido por el Estado Nacional hasta llegar al 6% que preveía la ley. Una vez logrado esto, en 2011 las provincias volvieron a recuperar la libre disponibilidad de esos recursos coparticipables que se destinaban a educación.
La norma privilegió ciertos aspectos tales como el incremento de la inversión en educación como porcentaje del PBI y la intervención del gobierno nacional en los salarios docentes. Consecuentemente, las metas de inversión educativa no sólo fueron alcanzadas en los primeros años de implementación sino sobrecumplidas, al lograrse un valor histórico de inversión en el sector