Nacionales. La Corte exigió a la Anses un informe sobre los juicios de jubilados

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema requirió ayer a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que informe, en el plazo de 30 días, cuántos reclamos de jubilados y pensionados tiene pendientes, qué cantidad de sentencias no está cumpliendo y con qué recursos cuenta para hacer frente a esos juicios.

La decisión fue adoptada por el máximo tribunal en una causapromovida por el Defensor del Pueblo de la Nación contra el organismo previsional estatal, ante el aumento de "la litigiosidad en materia previsional" y la "necesidad de contar con información relevante para el análisis de las decisiones" que deba adoptar.

La Corte pidió a la Anses que informe la "cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo de haber inicial" y con "la movilidad de las jubilaciones y pensiones", es decir el primer paso del reclamo de los jubilados aún antes de llegar a los estrados judiciales.

Pero también reclamó que se precise la "cantidad de recursosextraordinarios deducidos en cada uno de los tres últimos años por la Anses contra las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social", es decir las apelaciones que mantienen demorada en la Corte las sentencias que ordenan pagar a la clase pasiva.

La Corte exigió que se informe la "cantidad de sentencias firmes que ordenan el reajuste de los haberes que se encuentran pendientes de cumplimiento" y en ese contexto, cuántas sentencias "han sido íntegramente cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios fiscales, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación".

La Corte puso la lupa sobre los títulos de deuda con que cobran los jubilados que consiguen que les paguen, puesto que no perciben dinero en efectivo y terminan malvendiendo los títulos en el mercado de valores o muriendo antes de que se cumplan los plazos de pago.

Para analizar las decisiones futuras a tomar, la Corte también pidió la "cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes", y sobre esa base, los "fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en 2011, proporción sobre el total de erogaciones y proyección de casos a liquidar".

De esa manera, la Corte investiga directamente cuáles son losrecursos con los que cuenta la Anses para pagarle a los jubilados y qué impacto tiene ese cálculo en el total del presupuesto previsto para este año.

La Anses dispondrá de 30 días hábiles para responder lasinquietudes del máximo tribunal, lo que extiende los plazos aaproximadamente tres meses calendario.

Casi una auditoria

El siguiente es el listado de requerimientos "relevantes" que figuran en el Anexo de la Resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia en la fecha:

a) Cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo del haber inicial.
b) Cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
c) Cantidad de causas judiciales actualmente en trámite iniciadas por beneficiarios del sistema previsional en las que se reclama un ajuste de la prestación.
d) Cantidad de causas en las que se ha consentido la movilidad ordenada según criterios jurisprudenciales establecidos o se ha desistido de recursos interpuestos, conforme la autorización conferida por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social número 955/08.
e) Cantidad de recursos extraordinarios deducidos en cada uno de los tres últimos años por la Anses contra las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
f) Cantidad de sentencias firmes que ordenan el reajuste de los haberes que se encuentran pendientes de cumplimiento.
g) Cantidad de sentencias que han sido íntegramente cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios fiscales, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación.
h) Cantidad de causas en las que los actores han promovido procesos de ejecución de sentencias.
i) Cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes.
j) Fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en el corriente año, proporción sobre el total de erogaciones y proyección de casos a liquidar.
k) Medidas adicionales que se hayan adoptado para resolver las peticiones de los interesados de un modo acorde a los lineamientos fijados por esta Corte, a fin de evitar conflictos innecesarios o prolongar los existentes.

Causas

En los últimos tres meses, la Justicia federal de la Seguridad Social recibió más de 8.500 causas por reclamos de actualización de haberes jubilatorios, mientras en ese período el Gobierno apeló casi 8.500 de los más de 11 mil juicios (un 76 por ciento) que ganaron jubilados de todo el país.

Se trata de estadísticas de la Cámara de la Seguridad Social, que da cuenta de que en cada mes del trimestre febrero/abril cada uno de los 10 juzgados de primera instancia recibió un promedio de 851 causas, informaron a DyN fuentes judiciales.

En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apeló en el mismo período el 76 por ciento de los 11.162 juicios que ganaron jubilados en todo el país, o sea unos 8.480.

La cantidad de causas apeladas es superior a la registrada en el mismo período de años anteriores, ya que en 2010 ingresaron a la Cámara 9.609 expedientes y en 2009, 7.028, de las cuales cerca del 80 por ciento fueron recurridas por la Anses, según estadística a la que accedió esta agencia.

"La Justicia está liquidando los haberes de los jubilados en lugar de la Anses", criticó un juez consultado por DyN.

Un ejemplo de esto es que en los 10 juzgados de primera instancia del fuero de la Seguridad Social se dictaron en el primer trimestre del año 8.659 sentencias, de las cuales el 81,33 por ciento corresponden a reajuste de haberes jubilatorios.

Los jubilados reclaman la aplicación del fallo "Badaro" de la Corte Suprema que en 2006 ordenó la actualización de la jubilación al 82 por ciento de la movilidad salarial.

Pero como esa resolución solo se aplica al jubilado Adolfo Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte.

El Congreso Nacional aprobó el año pasado una ley por la cual se reestablecía el 82 por ciento móvil, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma bajo el argumento oficial de la incidencia negativa que podría tener en las arcas públicas el hacer frente al incremento que implicaba la medida.

Igualmente, la Justicia viene reclamando insistentemente a los otros poderes que adopten las medidas para reconocer ese derecho de los jubilados.