Nacionales. La Justicia avanza en la investigación sobre los Schoklender

BUENOS AIRES.- El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó ayer la investigación penal contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza Sergio Schoklender y su hermano Pablo por presuntamente haber participado a través de empresas en el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, y requirió que se les impida salir del país por "el compromiso de los imputados en los sucesos endilgados".

Di Lello hizo el requerimiento de instrucción al juez federal Norberto Oyarbide para que se investigue a los Schoklender por lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita y solicitó una veintena de medidas de prueba, informaron a DyN fuentes judiciales.

Entre esas medidas, el fiscal pidió que se levante el secreto fiscal sobre los Schoklender, que el Banco Central informe "con carácter de muy urgente" si tienen cuentas bancarias a su nombre y qué operaciones realizaron en los últimos años y que se impida modificar la composición accionaria de las empresas involucradas.

También requirió que el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, envíe toda la información sobre los planes de viviendas que firmó con Madres de Plazo de Mayo y que se cite a declarar como testigo al titular del Programa Federal de Vivienda para que "explique el desarrollo, pagos y controles sobre la ejecución" de los fondos que recibió la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Con el dictamen del fiscal, de 17 páginas, ahora el juez Oyarbide deberá resolver si hace lugar a las medidas de prueba y si les prohíbe salir del país.

Di Lello -quien virtualmente "despegó" del caso a las Madres de Plaza de Mayo- sostuvo que en la causa se investiga un presunto "desvío de fondos públicos" enviados a esa organización humanitaria por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de casas en todo el país, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas.

El desvío se habría dado "en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa "Antártica Argentina SA" u otras empresas".

El fiscal desvinculó de los hechos a la titular de la Fundación y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y al resto de los integrantes de la entidad.

Fue cuando sostuvo que son "damnificados no sólo el Estado Nacional sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos", en referencia a las Madres.

Para el fiscal, las maniobras se dieron en un "amplio entramado" de empresas entre las que se encuentran "Meldorek SA", cuyo director es Sergio Schoklender, y "Antártica Argentina SA", a cargo de Alejandro Abraham Gotkin, y otras tantas, que se habrían transferido entre sí los fondos estatales.

Entre los acusados a investigar, directivos o gerentes de varias empresas, también figuran Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Serventich -quien sería piloto personal de Sergio Schoklender-, Leonardo Hubscher, Marcelo Lewkowics y Alberto García, además de Pablo Schoklender, actual apoderado de las Madres, en reemplazo de su hermano.

El fiscal consideró que por "el compromiso de los imputados en los sucesos endilgados" el juez debe disponer "de manera provisional la prohibición de salida del país" de todos ellos, "a fin de evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite" de la causa.

Además del desvío de fondos, Di Lello pidió investigar el "incumplimiento en la construcción de las casas del Plan Sueños Compartidos, de la provincia de Chaco, resultando construcciones precarias en relación a lo que se habría proyectado" y los precios "de mercado en comparación con otras constructoras".

También se requirió investigar si Sergio Schoklender es el dueño de una propiedad en la Lonja, partido de Pilar, y de un buque, sobre el cual se solicitó que se determine dónde se encontraría amarrado.

La denuncia por la compra de la vivienda la hicieron las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, quienes recibieron de una persona anónima un sobre con información sobre esa adquisición, y que dice que Jorge Alberto Grisolía le habría vendido a Schoklender la casa por 65 mil dólares, operación que se habría efectuado con dinero de la empresa "Antártica Argentina SA".

El fiscal solicitó que Grisolía y el escribano Andrés Mejía, que intervino en la operación, declaren por escrito.

Di Lello explicó que el expediente que se inició en la Unidad de Información Financiera (UIF) -que ayer el fiscal Raúl Pleé convirtió en denuncia- fue por el reporte de "operación sospechosa" que hicieron dos bancos sobre cuentas a nombre de Sergio Schoklender y "Antártica Argentina SA".

La primera fue abierta por Schoklender en agosto de 2009 en representación de Madres y sobre la cual Bonafini le dio al entonces apoderado poder general sobre sus movimientos.

En la cuenta se acreditaron el 10 de septiembre de 2009 1.308.013,13 pesos a través de un cheque de la Fundación de Madres que estaba firmado por el ingeniero Héctor Ugozzoli, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, para la construcción de viviendas sociales.

"Estos fondos fueron transferidos al día siguiente a otra cuenta del mismo cliente (NdA: Schoklender) radicada en la sucursal Provincia de Buenos Aires, por un monto de 900 mil pesos", señala el dictamen.

La misma cuenta recibió en noviembre del 2009 otros dos ingresos "con billetes de baja denominación por la suma de 300 mil y 295 mil pesos respectivamente" que luego fueron debitados para el pago de sueldos pero la operación resultó sospechosa porque se informó que Madres tendría 72 empleados por lo que cada uno cobraría 8.541,70 pesos, explicó el fiscal.

La misma operación se registró en otras cuatro oportunidades durante diciembre del mismo año con depósitos de 330 mil, 400 mil, 390 mil y 160 mil pesos para el pago de sueldos, añadió.

Di Lello destacó que la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que la cantidad de empleados de la Fundación era de 5.139 personas.

La segunda cuenta fue abierta por Gotkin a nombre de "Antártica Argentina SA", que en marzo, abril y mayo de 2009 tuvo "montos relevantes sin la correspondiente justificación económica" por 4.835.425,22 pesos, que también utilizó Pablo Schoklender, dijo el fiscal.

Gotkin también hizo operaciones por 2.319.098 pesos que "no se correspondía con el perfil del cliente", puntualizó.

"Lo anterior lleva a presumir que Gotkin en representación de "Antártica Argentina SA", a través de su cuenta personal, canalizaba fondos para las empresas "Setek SA", "Meldorek SA", "Eagle Security & Investigation SA", entre otros", opinó el fiscal.

Otras de las medidas de prueba que solicitó el fiscal fueron los legajos de las 18 empresas sospechadas y de los bienes registrados a nombre de todos los acusados y de las compañías.

También pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informen si realizaron trabajos de control sobre los convenios entre el Ministerio de Planificación Federal y Madres de Plaza de Mayo y en el caso que no se hayan hecho les solicitó que los lleven a cabo.

Y además requirió que se presente a declarar como testigo Emerenciano Sena, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, quien denunció en Chaco a Sergio Schoklender por presunta estafa y amenazas.

Sobre causas contra Schoklender, el fiscal también solicitó información del expediente civil que tuvo por una ejecución hipotecaria.