Locales. Más de 20 testigos deberán declarar en la fase inicial de la investigación penal

El escándalo en Desarrollo Social podría terminar en la figura de "peculado", un delito que prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios municipales eventualmente culpables.
Sería esta la figura más dura que podría recaer sobre el secretario Oscar Teruggi, el subsecretario Rubén Dieguez y los directores mencionados por el delegado gremial Marcelo Hidalgo, si la fiscalía le otorga entidad al material probatorio que ostenta el chofer.
Para llegar a esta instancia, la Justicia debería probar que los responsables del área utilizaron los recursos públicos (no sólo el dinero, sino también la flota de móviles y otros insumos) para uso personal.
Otra posibilidad, más "blanda", prevista en el Código Penal para casos como este (donde se apunta a la malversación de caudales públicos), estipula una inhabilitación de un mes a 3 años en la función pública.
Estos dos posibles finales en la historia del affaire son barajados por la oposición legislativa, es decir, los 8 concejales, 6 del PJ-FPV y 2 de Unión PRO.
Mientras el radicalismo sigue ostentando como estrategia la hipótesis de la "camapaña electoral", intentando minimizar los efectos políticos del caso, todo indica que la presentación en las oficinas de calle Uriburu Sur, ya terminada la feria, será en las próximas horas.
Ayer el abogado patrocinante de los ediles opositores, Ariel Pellegrino, dialogó con LA VOZ y lejos de plantear el terreno de los "errores administrativos" que pueden suceder en todo ámbito de poder -como lo es la Municipalidad-, aseguró que los fundamentos de Hidalgo hacen pensar en conductas presuntamente "dolosas" por parte de los funcionarios lunghistas.
"Yo vi documentación de abril de 2008, por lo que se trata de un accionar repetido, no es que sucedió como una excepción una sola vez", recalcó el letrado sobre las irregularidades que destapó Hidalgo.
Lo importante -siguió- es "ver si hay lesión a la administracion pública". Pellegrino trabajó junto a 3 colegas en la formulación que hará efectivo el justicialismo junto a Claudio Ersinger y Mario Bracciale -así se espera, según lo anticipado por estos ediles- en el Poder Judicial.
"Tiene entidad de ser un posible delito", fue tajante Pellegrino. Ahora resta saberse si serán los 8 concejales o parte de ese grupo el que firmará la denuncia.
"Acá deberá investigarse la posible malversación de caudales públicos sin perjuicio de que la pesquisa lleve a otros delitos", señaló el profesional del derecho.
Y cuantificó que "para arrancar, calculamos unos 23 testigos" que deberán declarar bajo juramento de decir la verdad, y obligatoriamente deberán comparecer si la Justicia así lo dispone. Esto -destacó Pellegrino- "no quita que sean más con el correr de la pesquisa, de hecho nosotros pensamos que serán más". Son valiosos los testimonios de agentes municipales (el primero, obviamente, Hidalgo) así como terceros, entre los que se hallan los proveedores. No así los funcionarios involucrados, que si el fiscal halla una responsabilidad, serían -siempre en el terreno hipotético- imputados, por lo que tendrán el derecho a no declarar.
"El peculado sería un agravante. Por ejemplo, usar un vehículo municipal para fines personales también es peculado", subrayó Pellegrino.
También aclaró que "apuro no hay" a la hora de realizar las presentaciones puesto que no hay riesgos de prescripción en lo inmediato.
"Será una investigación compleja, sostenemos que las pruebas ameritan hacer la denuncia. Hoy no sabemos si habrá condena, pero esto es coherente y está bien explicado y fundamentado por Hidalgo. Pero tanto los concejales como yo carecemos de facultades para producir prueba, eso es tarea de la Justicia", alegó Pellegrino.
Tampoco se sabe en cuál de los 5 fiscales que tiene Tandil recaerá la denuncia. Pues suele suceder que algunos agentes están especializados en determinado tipo de causas.
"Es una investigación compleja, puede ser una caja de pandora, donde por ahí no hay nada, o se descubren cuestiones aún más grandes que las que aparecen ahora", definió el doctor Pellegrino sobre la teoría de la punta del ovillo.

"A Hidalgo le descontaron mal un día"
Ayer el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Roberto Martínez Lastra, anunció que recurrirán a la Justicia laboral para recuperar un día mal descontado al delegado Marcelo Hidalgo, en medio de los presuntos mecanismos de presión que estaría utilizando la gestión de Miguel Lunghi para con el delegado que desnudó las anomalías en Desarrollo Social.
Papeles en mano, el titular del gremio probó que el 4 de julio, jornada que pretenden descontarle a Hidalgo, el delegado hizo uso de su tutela gremial para defender a un compañero que "fue trasladado injustamente" dentro de la secretaría.
El decreto, que fue firmado por Lunghi, habría incurrido en un yerro que terminaría en litigio judicial, todo en el medio de la polémica que rodea al área de 4 de abril y Arana.