Nacionales. Moyano pulsea con la Justicia

por Aleardo F. Laría (*)
Algunos comentaristas han interpretado que el paro nacional de los gremios del transporte dispuesto por Hugo Moyano -que por el momento sólo ha quedado "en suspenso"- ha sido un apriete al gobierno de Cristina Fernández.

En realidad ha sido más grave aún. La insólita pretensión de blindar a los dirigentes sindicales frente a la acción de la Justicia significa pulsear contra el Estado de derecho.

No hace falta hacer inferencias muy alambicadas para entender que la simple amenaza de emprender una huelga en un sector estratégico de la economía, constituye una extorsión dirigida, en principio, al Gobierno pero que, fundamentalmente, apunta a los jueces.

El mensaje mafioso es claro y rotundo: si se avanza en las investigaciones sobre el uso de los fondos en la obra social del Sindicato de Camioneros o si se dispone la prisión preventiva de sus responsables, la amenaza se hará efectiva. El juez y el Gobierno deben tomar nota que una decisión de ese calibre desatará una hecatombe.El problema es que un Estado donde la Justicia, frente a claros indicios de criminalidad, no pudiera realizar las investigaciones pertinentes por la condición de dirigentes sindicales de los afectados, sería una caricatura de Estado.

El principio de igualdad ante la Ley y de responsabilidad universal frente a la violación de las disposiciones penales, conforma la base firme del Estado de derecho. La pretensión de imponer una suerte de privilegio o inmunidad "extra legem" mediante la acción directo o la vía de los hechos es un ataque directo a principios basales de la convivencia democrática.El desafío formulado por un grupo corporativo que, llevado por la desmesura y la codicia, se ha convertido en un grupo mafioso que interfiere en el juego normal de las instituciones, es un reto al conjunto de la sociedad argentina. Y por el conjunto de la sociedad debe ser abordado.

Es necesario, entonces, generar un consenso general y amplio entre todos los estamentos de la sociedad -y fundamentalmente los partidos políticos- para que de común acuerdo se elaboren una serie de medidas legislativas que pongan fin a una anacrónica anomalía argentina.

En ese consenso, debería jugar la nueva CTA un rol protagónico para que se perciba que no se trata de una ofensiva contra los dirigentes sindicales honestos y representativos.Algunas de las medidas legales que podrían ser instrumentadas para poner fin al expolio que sufren las obras sociales de los sindicatos son sencillas. Deberían consistir, en una primera etapa, en cortar los vínculos que las atan a las direcciones de los sindicatos, estableciendo la incompatibilidad entre cargos sindicales y de la obra social.

Además, éstas deberían pasar a ser dirigidas por un Consejo de Administración "ad honorem" integrado por representaciones paritarias de empresarios y trabajadores del sector elegidos democráticamente. Ese Consejo tendría sólo funciones de fiscalización, pero la gestión efectiva debería recaer en un gerenciamiento profesional, designado por concurso y por un período no mayor de cinco años, sin posibilidades de reelección.El Gobierno ha informado oficiosamente que se contemplan establecer algunas regulaciones por medio de las cuáles se obligaría a licitar las contrataciones o se prohibirían a las obras sociales contratar con empresas en las que participaran familiares de los dirigentes sindicales que están al frente de la obra social.

Pero esas medidas son notoriamente insuficientes puesto que bastaría el uso de testaferros -como los que Moyano tiene aparentemente en la empresa Covelia- para que continuara el despojo que actualmente sufren las obras sociales sindicales. En una segunda etapa, cuando las obras sociales ya no estén en manos corporativas, habría que hacer una evaluación general sobre la eficiencia de un sistema de salud que privatiza y divide la atención sanitaria de la población en feudos con costosos aparatos administrativos cada uno. Se debería abrir un debate público y participativo sobre la mejor manera de brindar un servicio de salud pública que sea universal e igualitario para todos los ciudadanos. Otra medida inaplazable debiera poner fin al virtual monopolio sindical que sanciona la Ley de Asociaciones Profesionales.

Si se ha llegado al extremo de ordenar el asesinato de eventuales competidores sindicales, es debido a que la Ley concede innumerables privilegios al dirigente que se hace con el control del sindicato único y obtiene la personería gremial.

Si se facilitara la pluralidad sindical se podría permitir la sana competencia entre distintas opciones, dejando que sean los propios trabajadores quienes decidieran quién los representa mejor. En la historia del sindicalismo ha habido muchas huelgas políticas, pero es probable que no se registre ningún antecedente de una huelga dispuesta para evitar la actuación de la justicia en una investigación criminal por delitos privados.

En el estado actual de anomia generalizada que vive la sociedad argentina, donde escraches, ocupaciones, cortes y extorsiones se realizan con toda naturalidad, la actuación de Moyano no entraña mayor novedad.

Sin embargo, desde la perspectiva de una sociedad normalizada y democrática, es una extorsión de tanta trascendencia institucional que el error más grave sería que, por conveniencias electorales o por temor, quedara ignorada. Justamente, a dar vuelta la hoja es el llamado de los alarmados comentaristas que invocan a Gramsci para sostener la continuidad de la alianza estratégica entre el Gobierno y Moyano ("Hugo Moyano y la vigencia de Gramsci", Página/12, edición del domingo último). El esfuerzo de estos intelectuales "de izquierda" para que la política ciegue a la Justicia es patético.

Para sostener sus tesis deben obviar el dato más contundente de la realidad: que las investigaciones judiciales que amenazan la libertad de Moyano no provienen de un inocente exhorto judicial suizo sino que están motivadas por afectar con medicamentos adulterados la vida y la salud de centenares de humildes y esforzados trabajadores estafados.

(*): DyN.