Locales. Orden de desalojo, espectacular operativo, tensión y acuerdo

Fueron dos horas de tensión. Medio centenar de policías, decenas de patrulleros, Caballería y Bomberos en la calle, frente a la propiedad, preparados para actuar. Adentro, las familias que tomaron el predio de Chapaleofú y Nigro, en el barrio 25 de mayo. Y una importante cantidad de militantes sociales resistiendo el desalojo compulsivo.

Una densa nube negra de las cubiertas encendidas, tapaban a penas las piedras y palos que ganaron el piso, acaso las únicas herramientas con las que la gente iba a responder a la embestida uniformada. En el medio, funcionarios judiciales y abogados, ejerciendo sus respectivos roles.

Una imagen de esta naturaleza es poco frecuente en Tandil, y se parece demasiado a lo que ocurre en las grandes urbes, donde los conflictos en los predios usurpados terminan en violencia extrema.
La situación de las 7 familias de apellido Blanco, que desde hace más de 20 años habitan una porción de la manzana en litigio, llegó a un límite. Y por orden de la Justicia, deberán dejar el lugar que los vio crecer.

A cambio, lograron una negociación con el propietario del lote. Los ocupantes pronto serán dueños legales -titulares- de dos parcelas, de 10 x 65 metros, a 3 cuadras de allí, en Independencia y las vías del ferrocarril.

Por otro lado, consiguieron un alquiler transitorio -sería por 6 meses- que aportará la Municipalidad, así como materiales de construcción para edificar sus próximas moradas.

Del mismo modo, los Blanco tendrán una semana para sacar chapas, mampostería y aberturas de las parcelas ocupadas.

Ese acuerdo fue firmado en sede judicial pasado el mediodía. Pero antes hubo intensas conversaciones, con la fuerza pública agazapada, lista para cumplir con el dictamen del Juzgado Comercial N 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los antecedentes del caso datan de una quiebra. El expediente: "Sirito Rafael s/quiebra s/incidente de concurso especial por Gímeles Zapiola Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/concurso real".

Esa fría carátula no es otra cosa que una vieja causa que termina en la salida forzosa, denominada legalmente "conminación a desocupar", de 7 familias, que totalizan 20 personas, entre ellas 7 menores de edad.

Agrupaciones sociales, barbijos que cubrían el rostro y una defensa del territorio configuraban el marco de posible confrontación, reemplazada horas después por una salida consensuada.

El operativo estuvo comandado por el jefe distrital, David Tifner. En realidad, respondió a la orden que instruyó el Juzgado Civil N 1 del doctor José Zárate, de Tandil. Pues la dependencia local estaba obligada a cumplimentar lo dictaminado por su par porteña.

Al lugar asistieron el oficial de Justicia, doctor Julio Caram y el defensor de Menores, Ezequiel Belaunzarán.

También estaba la representante del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

El secretario de Desarrollo Social, recién apareció a las 11.45, más de una hora y media después de iniciado el período de conversaciones.

El abogado del comprador, doctor Hernán Zárate, relató la historia de los 20 días que precedieron a la instancia definitoria de ayer.

Pues antes del acta de conminación a desocupar, hubo varios diálogos entre las partes, sin resultados positivos. Incluso existió una audiencia en el Juzgado actuante, que también fracasó. El 13 de junio, finalmente, se notificó la orden de desalojo.

Días antes, Raúl Esteban Blanco "manifestó que ocupa el bien junto a su familia en carácter de empleado de Rafael Sirito, y como cuidador del predio".