Locales. PALPITAR COMUNAL: Combatir el delito o eludir el problema

Por Guillermo Liggerini

Mientras la casta política comienza a desandar sus respectivas estrategias rumbo a la compleja, extraña -por desconocida- elección de las primarias abiertas, suceden cosas en la agenda pública que generaron repercusión en el vecino.

Nuevas denuncias por, como mínimo, desprolijidades en el manejo de los fondos públicos, levantó el avispero del microclima, con el consabido ninguneo del oficialismo y la poco clara postura de la oposición.

Los primeros con el acto reflejo de entender que todo lo que se dijo y se dirá de aquí a octubre responderá a intenciones políticas electoralistas. Los segundos, insistiendo en mantener su timorata tesitura, sin definir si se hacen carne de la denuncia y emprenden el rol de contralor o se quedan con su consabida comodidad de no embarrarse.

El segundo asunto que transitó la semana devino de la puesta en marcha de la ordenanza que prohíbe la radicación de cabaret, presentada como una herramienta desde lo local para combatir el grave flagelo de la Trata de personas.

Casi al unísono, desde la Presidencia vía decreto se prohíbe la publicación de ofertas sexuales en los medios, conocidos como el rubro 59, bajo el mismo espíritu.


HIPOCRESIA

Una gran mayoría aplaudió sendas medidas con cierto halo de hipocresía. Si bien resulta irreprochable las buenas intenciones sería interesante que dichas propuestas sean apenas el puntapié de un delito complejo, delicado, difícil de erradicar frente a una industria de la cual precisamente vivieron -viven- no solo sectores marginales sino aquellos organismos encargados de combatirlo.

Hipocresía frente a operativos policiales que anuncian la persecución de trata de personas en cabaret que hasta ayer estaban habilitados y la asiduidad de concurrentes -clientes- era tan masivo como cualquier boliche céntrico.

Hipocresía de los medios realizando amplias coberturas de dichos operativos cuando páginas más adelante contaban con avisos que publicitaban -publicitan- la oferta sexual.

Son varias las voces que se pronuncian a favor del decreto promulgado como la ordenanza puesta en vigencia, aunque también hay coincidencia en remarcar la necesidad de contar con más recursos y alternativas para enfrentar la explotación sexual.

Fue la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay quien en declaraciones a los medios capitalinos sostuvo que las instituciones están frente al "momento de dar el empujón más grande al respeto del derecho de las mujeres". No obstante, reconoció que la pelea es, de momento, endeble.

"Observamos que nos falta la otra pata: la del Poder Ejecutivo", dijo la ministra de la Corte, aunque señaló que trabaja "en la posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación" para capacitar a su personal en el combate de la trata.

Argibay consideró la necesidad de "revertir" en la sociedad "el mito de las necesidades masculinas, que parecen ser irrefrenables, porque se les ha puesto la característica de instinto". "Es otra manifestación del desprecio hacia las mujeres, y es por eso que los hombres se creen con derecho a utilizarlas, explotarlas, comprarlas, venderlas y más", sostuvo la jurista.
Argibay expresó que quizá porque la sociedad desconoce "qué es la esclavitud sexual", es que "se escandaliza y reacciona más con la esclavitud laboral".


LECTURAS

Pero el debate se extiende, se profundiza más aún cuando se escucha otras voces. La diferencia entre elección y obligación es el argumento esencial de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) para alertar sobre las consecuencias secundarias de la medida. Para la entidad, el decreto "sólo logra criminalizar la actividad".

También en declaraciones mediáticas la Asociación sostuvo que el Gobierno nacional "no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas", debido a que la trata de personas "es un tema profundo y complejo".

La AMMAR "camina desde hace quince años toda la Argentina" y las mujeres agrupadas en la Asociación no son "tratadas", "obligadas" ni "secuestradas", se advirtió.

"No nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales", agregó la AMMAR.

"No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legítima como es la nuestra", sostuvo la Asociación.

"Es sólo a través de la regulación del trabajo sexual que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias (de trata de personas) instaladas en nuestro país", expresó AMMAR.

Y hablando de contradicciones, desde otras fuerzas políticas, como el Frente de Izquierda, se aplaudió también el decreto presidencial, empero se reseñó que este mismo Gobierno impulsó y sancionó en 2008 una ley que beneficia a los tratantes: obliga a las víctimas mayores de 18 años a comprobar que no consintieron ser secuestradas, trasladadas y vendidas; establece penas menores a las que el Código Penal define para el robo de ganado, no dispone el seguimiento de los bienes de los tratantes ni apoyo a las víctimas como subsidios o trabajo.

Bajo el mismo espíritu de Ammar, trayéndolo al pago chico, bien valdría preguntarse si la erradicación de cabaret no termina complejizando aún más la lucha contra el delito de la trata de personas.

Propios y extraños reconocen que la prostitución -que no es delito- seguirá bajo otras modalidades (así ocurre en otros distritos que ya prohibieron las habilitaciones) y factiblemente sin posibilidad concreta para que un municipio intervenga.

Más precisamente se habla de la proliferación de privados, donde el estado comunal jamás podría intervenir como en cierta manera, de existir voluntad, podía controlar los cabaret. Consecuentemente, una lectura podría ser que al fin y al cabo más que aportar una herramienta para combatir el delito se está desligando de responsabilidad alguna.

Por qué no pensar que la demanda de Ammar para blanquear su actividad resultaría una medida más concreta, de fondo, para terminar con el negocio de la marginalidad y la explotación, como otros tantos delicados e irresueltos asuntos como el consumo de estupefacientes y el aborto.