6 de febrero de 2011
Por Guillermo Liggerini
Resultó hasta paradójico escuchar a uno de los militantes ecologistas en medio del clamor del debate decir que, en definitiva, “las canteras resultan un chivo expiatorio” frente al interés inmobiliario que estaría escondiendo el Plan de Manejo que definirá qué se podrá construir en el faldeo serrano. Exagerada, al menos, resultó la advertencia del preservacionista a los anodinos funcionarios bonaerenses que vinieron a informar vaguedades, casi sus presencia resultó una excusa, un compromiso para decir que algo están haciendo, aunque si se escarba, poco dicen, y lo hecho, poco claro está.
Aquella exageración, extremismo acompañada de una buena dosis de desconfianza de los asambleístas, junto a las imprecisiones oficiales resultan un cóctel difícil de digerir. Se está frente a un asunto clave, complejo, y lo que se comunique resulta trascendental para no generar falsas expectativas y/o confusiones. Esto último es lo que está predominando por éstas horas de definiciones.
La confusión llega a tal punto, que se mezclan los planes y las acciones por un municipio y Provincia que si bien hay que reconocerles que finalmente lograron recorrer el mismo camino hacia una salida tras dos décadas de confrontación y frustraciones frente a las canteras, no han sabido informar con precisión y claridad cuál es el futuro que le depara al tesoro natural tandilense, sus sierras.
En tren de confusiones, los asambleístas fueron a recriminar a las autoridades los lineamientos del plan de manejo elaborado, sin advertir que se trataba del plan concebido (aún sin definir) para el Plan de Desarrollo Territorial, no el bosquejo presto a la firma Provincial del plan de manejo exclusivo para la ley de Paisaje Protegido.
Si bien ambas propuesta son complementarias, y varios de los autores son los mismos, tienen sus particularidades. Por eso la sorpresa de los funcionarios del Opds frente a la embestida ecologista, que se dijeron ajenos a lo que se estaba proponiendo desde lo local y a consulta de distintas entidades, entre ellas el Colegio de Arquitectos (desde donde los asambleístas lograron acceder a la intención oficialista).
Vale destacarlo también, los funcionarios resultaron malos actores a la hora de exteriorizar su desconocimiento en la materia, puesto que el basamento de lo que ellos redactaron pertenece al espíritu del plan de manejo local que, por razones que tratan de establecerse -tal lenguaje policíaco- naufraga de prórroga tras prórroga mientras las construcciones avanzan vertiginosamente.
Actuaciones y roles al margen, desde el municipio clama por algo de memoria. Sobre cómo se arribó a esta decisión política que hará cesar la actividad minera que tantos perjuicios ocasionó al desarrollo que la ciudad ostenta imponer. Que en el fondo, lo que insiste en reclamar los asambleístas es ir contra una ley que costó mucho conseguirla, por presión social y voluntad política de un Gobernador que vaya a saberse si en algún momento midió las consecuencias sobre factibles costos económicos frente a la amenazante embestida judicial del poder minero.
La Asamblea habla de privilegios y sus sólidos argumentos colisionan con funcionarios esquivos a la hora de exteriorizar sus intenciones o limitaciones, a la hora de regular frente a intereses superiores como la propiedad privada.
Los asambleístas defienden su causa con uñas y dientes y su coherencia merece respeto, pero también habría que aclarar que la ley especifica sobre la reconversión de las canteras, se habla -o se definió- un Paisaje Protegido, no un Parque Nacional, mal que les -nos- pese.
El radicalismo, a estas alturas defiende lo actuado, por aquello de haber forzado que la Provincia se hiciera eco del clamor popular y se involucrara en la problemática que convivía con los tandilenses, y hasta apela a expresiones que otrora administración y concejales justicialistas esbozaran frente a la crítica por el Acuerdo Marco aprobado, con aquella teoría del “mal menor”.
Habrá que aguardar si efectivamente de eso se trata. Si lo que se permitirá construir en las sierras es menos nocivo que lo que indiscriminadamente pero legalmente se les permitió dañar a las canteras.
Los asambleístas y las autoridades están distanciados ya estas alturas por razones ideológicas. Los primeros creen que el estado puede regular mucho más de lo que el municipio dice poder.
En ese escenario, no resultó llamativo que Ana Fernández, una de las destacadas militantes de la causa “verde”, haya recriminado sollozando a Frolik sobre su accionar. Cual novia desilusionada, se dirigió conmovida frente a un jefe de Gabinete que ya advirtió hace tiempo que la relación terminó, a pesar de haber recorrido durante muchos años un camino juntos por un mismo objetivo. El pragmatismo del abogado no comulga con las utopías de la académica.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario