2 de octubre de 2011
Por Guillermo Liggerini
Tiempos complicados los que toca afrontar a una sociedad que pone en juego a diario sus valores. En el país, se han vulnerado los derechos elementales, básicos. Ya en tiempos de genocidas con crímenes de lesa humanidad y aquí nomás en democracia, que aún no se supo cómo atender otros tantos derechos que la ley madre, la constitución, establece. Así, todo está puesto en duda, se ha perdido el respeto a la autoridad, a las normas, y el tango Cambalache escrito y musicalizado por Enrique Santos Discépolo sigue siendo la descripción más acabada a pesar que su letra hablara para otro siglo.
Ayer, en Tandil causó una vergonzante gracia ver como un centenar de vecinos dedicados a la quiniela clandestina marchaban por su fuente laboral frente a los embates de un estado que quería combatir la clandestinidad del juego. Salvando las distancias, hoy la misma sociedad (con su vertiginosa dinámica de crecimiento poblacional) es testigo de otra grosería que atenta contra el sentido común. Se ha sitiado parte ciudad en pos de un reclamo, una protesta que lisa y llanamente está pidiendo no cumplir una ley.
Por más antipática que les resulte a determinados sectores de esa misma sociedad, la ley de Paisaje Protegido fue el producto de décadas de discusión en torno a las consecuencias de la actividad canteril para con el patrimonio natural que representa la identidad tandilense, sus sierras. Hubo un ensayo anterior en tiempos zanatellianos que buscó mediar entre esa misma sociedad dividida, y salió el patético Acuerdo Marco con sus respectivos acuerdos individuales. No se cumplió lo que ese engendro de acuerdo había postulado, y ahora tampoco se quiere -algunos no quieren- cumplir con lo que esta ley promueve.
Factiblemente la norma tenga algún flanco vulnerable que hasta aquí el doctor Juan Pedro Merbilhaa (abogado de Carba y compañía) no ha encontrado para que la Justicia les de la razón, aunque no sería de extrañar que en un futuro lejano el propio Estado deba indemnizar a los dueños de esos predios. Pero en el mientras tanto, seguir provocando resquemores entre los propios vecinos y llevándose puesto a quienes legítimamente deben ser atendidos (trabajadores de la piedra y transportistas) es un despropósito, y que tal vez tenga más que ver con que precisamente sus intereses no están dentro de la misma sociedad tandilense, porque básicamente no conviven con ella.
Mientras exponen a vecinos a que protagonicen un piquete cercando el palacio comunal y cortando las calles del radio céntrico, las canteras, especialmente Carba, tienen las espaldas anchas para aguantar el chubasco desde Buenos Aires y aguardar para que en cinco, diez, veinte años, se los indemnice a través de lo que se conoce como una expropiación inversa.
ATENDER A LOS VERDADEROS PERJUDICADOS
Aquí cabe la distinción para aquellos que se han montado por desesperación, desconocimiento o convicción, en la protesta y finalmente son convecinos que merecen ser escuchados.
Desde éstas páginas se insistió hasta el hartazgo en que los tiempos de la ley corrían y desde el estado poco y nada se hacía para brindar certidumbre más allá lo que la ley reza. Principalmente a los alrededor de 60 trabajadores canteriles (56 según Aoma) que deben ser no solo indemnizados, sino respetados en su régimen laboral como su continuidad de trabajo reubicados en la estructura estatal, mitad provincial, mitad municipal.
Cabe una distinción, el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, se encargó de insistir, en machacar en las oficinas ministeriales bonaerenses sobre dichos tiempos y tuvo que ser una especie de maestro ciruela para hacerles comprender de lo que estaba en juego. Fue así que finalmente se convino una reunión y allí se despejaron las dudas para dichos trabajadores, aunque claro está la incertidumbre se mantendrá hasta tanto se practique lo que la Provincia de comprometió a realizar, primeramente con entrevistas personales con autoridades del ministerio de Trabajo.
Esa misma desidia se protagonizó con los transportistas, que claramente iban a resultar uno de los daños colaterales de la ley a aplicar. Tuvieron que protagonizar un lockout para llamar la atención que, ahora, parece que la van a tener, y en buena hora.
Si bien no debe generalizarse, también decir que varios de los que allí protestan y defienden sus derechos, poco se acordaron de respetar otros derechos y hasta vulneraron la ley en incontadas oportunidades transportando sobrecarga, sorteando vulnerables controles, provocando daños en las rutas y accidentes varios.
Desde el municipio se acepta esta demanda. Se sabe que hay que asumir un costo, pero bien que puede ser menor en tanto y en cuanto también se contemple a los transportistas para que su fuente de ingreso no se vea tan afectada.
En eso se está por estas horas, en plenas negociaciones. Es una exageración la cantidad de camiones y toneladas de piedra que primeramente refieren estar trabajando. Pero estará en la cintura de las autoridades para saber discriminar y darle una salida a aquellos transportistas locales -léase convecinos-, ya sea con garantías de determinado porcentaje de piedra en las canteras que seguirán trabajando por fuera del área restringida.
POLITICA Y MITOS
Por lo demás, no es tiempo de tibiezas, estado que evidentemente ha medido la dirigencia política. El lunghismo sabe que tiene todas las de ganar. Una gran mayoría de la población aplaude (en silencio, fiel a la idiosincrasia tandilense) esta ley y no dará un paso atrás. El gobernador Daniel Scioli está comprometido con la causa, lo vino demostrando con creces para sorpresa de muchos, incluso del mismo palo.
Un párrafo aparte merece la oposición, quien si no fuera por las estoicas apariciones del concejal y precandidato Néstor Auza, no se sabe a qué juega, cual timoratos. Para con el veterinario, saber que fue el autor de la ley y quien convenció a sus ex compañeros de banca en el Senado y Diputados para que votaran. Como tal, entonces, debe defenderla, a pesar de sus legítimas discrepancias en cuanto a cómo se manejó el asunto tras su aprobación.
También merece la distinción el ex concejal y candidato socialista Oscar Martens, quien despojado de sus diferencias con el lunghismo, formó parte del auditórium que se congregó con representantes de instituciones del quehacer local para respaldar la ley.
Finalmente, bien vale repasar sobre algunos mitos que surcaron el debate. Es una falacia insistir en aquel artículo (16) que algunos reiteran cual loritos a sabiendas que finalmente no fue puesto en consideración en la norma. Básicamente porque no es parte de la ley y si estuviera las canteras no las iban a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no se querían -quieren- trasladar y así se lo hicieron saber al propio Lunghi cuando él mismo proponía allá por el 2003 un polo minero.
También se especula que la "famosa" posibilidad de explotar por debajo de la cota 220, es otro mito, porque tampoco sería redituable. En definitiva, no es posible porque lisa y llanamente las canteras no quieren cumplir con la ley, y punto.
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