Locales. Para la Justicia urgen recursos humanos y materiales para atender las causas de drogas

En un reciente fallo por la resonante causa conocida como Movediza blanca, los jueces del Tribunal dejaron sentada su postura frente a la grave situación que la ciudad afronta a la hora de combatir el delito con el tráfico de drogas. Los magistrados hablan de las limitaciones y carencias de medios que impone la realidad de la problemática. Así, se pide urgentemente procurar se dote a la Oficina local de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de los recursos humanos y de los medios específicos conforme lo exigen las circunstancias.

El reciente fallo ventilado en torno a la megacausa conocida mediáticamente como Movediza blanca, por el cual de los ocho imputados siete fueron condenados a distintas penas y por disimiles calificaciones, dejó mucha tela para cortar, no sólo en lo que hace a la particular situación de cada uno de los procesados, sino también en lo que hizo a una investigación compleja y sus distintos actores.

Tal se publicó en ediciones pasadas, la sentencia resultó contundente para los imputados, especialmente dejando esclarecido que para el Tribunal, se trató de una organización delictiva que vendía estupefacientes, la clave, el interrogante al inicio del juicio.

Pero el veredicto no sólo se quedó allí, también dedicó un par de párrafos para dejar sentada su crítica al ministerio público fiscal, considerando que si bien las pruebas resultaron suficientes para endilgar el delito, no se dejó de subrayar la “innecesaria dificultad derivada de una ajustada economía probatoria impuesta por el Ministerio Público en la presente causa”.

En este sentido, el Tribunal advirtió el abandono de diligencias de investigación pertinentes para una acreditación más extensa y profunda de las actividades ilícitas que fueron materia de pesquisa, quedando limitada de tal modo la actividad jurisdiccional a los hechos que en definitiva han sido presentados, no obstante la posibilidad de haberse podido extender la investigación a otros niveles superiores de la actividad ilícita; en este sentido la falta de entrecruzamiento de las comunicaciones entre los numerosos teléfonos celulares secuestrados, la no traducción de conversaciones mantenidas en otro idioma, la omisión de acreditar los inmuebles alquilados para llevar adelante las actividades delictivas y de las personas que intervinieron, de quiénes se alojaron en los mismos, como así también desentenderse de otras que resultaban conducentes para alcanzar niveles de mayor importancia en el narcotráfico.


URGENTES MEDIDAS

Los jueces Arecha, Galli y Echevarría también coincidieron en dejar sentada sus posturas frente a las causas por droga que la órbita ha debido atender y, que en el reciente debate quedó reflejado de modo explícito.

Al respecto, se indicó que “la circunstancia que venía siendo advertida en numerosas causas que por infracción a la Ley 23.737 han tramitado por este Tribunal Criminal, cual es el reducido número de policías afectados para la investigación específica de estos delitos, de complejidad y crecimiento sostenido, número constituido por solo tres efectivos para la ciudad de Tandil y que además deben cubrir otros dos partidos vecinos”.
Añadieron los magistrados que “ello, por lo exiguo resulta inapropiado e insuficiente para las exigencias que impone la realidad de la problemática; si a ello se adunan las limitaciones y carencias de medios y aún del correspondiente espacio físico para desarrollar las tareas propias –hoy cubierto por préstamo de una empresa-, habla de una necesidad urgente de procurar se dote a la Oficina local de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de los recursos humanos y de los medios específicos conforme lo exigen las circunstancias”.

Arecha y compañía afirmaron en su veredicto que las carencias señaladas “deben ser las razones que ha tenido en cuenta el señor Fiscal General Departamental para que a fines del año próximo pasado asignara a la ciudad un Ayudante Fiscal con competencia específica en los delitos previstos por la Ley 23.737. Y, en este sentido es que propongo oficiar al señor Ministro de Seguridad para que con la mayor premura disponga lo necesario para reforzar la dotación local y provea a la misma, para un adecuado funcionamiento, un asiento físico conveniente y la provisión de medios y tecnología que resulten indicados para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas”.


DISTINCION AL POLICIA PEREZ

Sin perjuicio de lo expuesto y por haber quedado expuesto en el transcurso del debate, los jueces destacaron el “esfuerzo, dedicación y compromiso” del oficial principal Martín Horacio Pérez, el “verdadero motor de la investigación”, por quien corresponde hacer constar dicho esfuerzo.

Teniendo en cuenta este reconocimiento, y los antecedentes que así lo avalan, los jueces ordenaron que se oficie al Jefe de Policía para que se destaque la labor cumplida y “el merecimiento de distinción por abnegado servicio y compromiso social, para que conste en su legajo personal”.