Policiales. Pidieron prisión para penitenciarias por agredir a una interna y otras agentes

En las últimas días se reanudó un juicio en la Sala de Acuerdos de la justicia local por el cual se busca esclarecer la responsabilidad penal de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Nｺ 52, acusadas de agredir a una interna y luego ventilar una coartada que fue denunciada por otras pares de las uniformadas.

En sus alegatos, el ministerio público como el particular damnificado pidieron penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para las cuatro empleadas del Servicio Penitenciario Bonaerense. El próximo lunes, el juez correccional Carlos Alberto Pocorena, dará a conocer su fallo.

Como oportunamente se informó desde éstas páginas, el Juzgado Correccional local resultó el epicentro donde se finalmente se ventiló una escabrosa historia ocurrida en el pabellón de mujeres la Unidad Penitenciaria Nｺ 52, juicio que se había postergado porque una de las coimputadas presentó un certificado médico y se suspendió la audiencia hasta esta semana.

La historia cuenta que los propios policías golpearon a sus pares para ocultar la golpiza que había sufrido una interna y así inventar una denuncia contra la presa. Finalmente, las guardiacárceles confesaron lo que sufrieron, derivando en la imputación a cuatro empleadas del servicio policial.

El grave suceso se remonta a febrero de 2007, y por causas que hacen al sistema judicial, el debate oral y público se fue dilatando hasta estos días.

La causa alude a mujeres del servicio penitenciario que golpearon a una detenida y luego, frente al cuadro de situación, agredieron a dos guardiacárceles para fingir una pelea con la interna y adelantar una denuncia sobre el ficticio episodio. Todo quedó desmantelado con la denuncia de la presa como de las guardiacérceles agredidas que se arrepintieron de lo que primeramente habían expuesto.


LA HISTORIA

Según la acusación del ministerio público aproximadamente a las 11.30 la interna Claudia Aguirre, tras un presunto incidente fue trasladada a una celda del sector de admisión, donde una de las empleadas del servicio penitenciario cometió vejaciones contra la humanidad de la detenida, aplicándole golpes en distintas partes del cuerpo mientras la presa se encontraba tirada en el piso.

Según los dichos de la detenida, en el patio, también estaba presente personal penitenciario masculino, presencia que no está contemplado dentro del pabellón de mujeres.
Para la fiscal, también se da por acreditado que tras aquel incidente, dos oficiales de guardia del mismo servicio penitenciario agredieron físicamente a sus compañeras de trabajo Rosa Edith Alonso y María Eugenia Cervino, provocando lesiones. Agresiones éstas causadas con el fin de colocar a Cervino y Alonso en estado de víctimas por parte de la interna, a quien el personal del penal había golpeado previamente pretendiendo así -denuncia de por medio- ocultar el ilícito que habían cometido.

A la vez, la acusación también le llega a la que en esos momentos ocupaba el cargo de Subjefa de la Unidad penitenciaria, dado que no obstante tomar conocimiento de la golpiza sufrida por la interna como así también del posterior intento de ocultar tal acontecimiento, omitió ilegalmente denunciarlo ante las autoridades correspondientes, incumpliendo así con un acto propio de su función.


ALEGATOS

Al tiempo de los alegatos, la acusación puso especial hincapié en la corrupción estructural del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se traduce en un sistema de “crueldad darwiniano que el año pasado se cobró 133 víctimas fatales entre internos de cárceles y comisarías bonaerenses”, según el Informe 2011 del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos Provincial.

A su turno, la fiscal Neli Rosas pidió tres años de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación para desempeñar cargos públicos para las cuatro agentes penitenciarias acusadas: Fabiana Nieves Marianache, Paola Natalia Callegaro, María José Newbery y Estefanía Fernández.

En el caso de Marianache, por omisión de la obligación de denuncia por ser funcionaria pública ante el conocimiento de los hechos; a Fernández por vejámenes contra la interna Aguirre; a Callegaro y Newbery por lesiones graves contra Rosa Alonso, agente penitenciaria y lesiones leves a Cervino en concurso ideal con encubrimiento.

El abogado del particular damnificado, el azuleño Jorge Moreno de la APDH de Azul, pidió penas más duras para las penitenciarias sentadas en el banquillo de los acusados.

En el caso de Callegaro y Newbery, Moreno dio por probada su autoría en lesiones graves y leves contra Alonso y Cervino respectivamente en concurso real, con abuso de autoridad y encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública. Reclamando consecuentemente penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y seis años de inhabilitación especial. Lo mismo para las otras imputadas.

En tanto, la defensa pidió la absolución de todas las imputadas y en caso de ser condenadas, la pena más benévola que se les pueda aplicar en la escala penal y que sean de ejecución condicional. Todo esto tras relativizar los hechos, por la “atipicidad” de las conductas de las acusadas.

Cabe consignar que la investigación que arribó a este juicio fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Azul.