Locales. Podrían ampliar denuncias contra la Secretaría de Desarrollo Social

La estrategia jurídica del bloque opositor en torno a la causa por la presunta malversación de fondos en Desarrollo Social podría incluir la ampliación de casos sin descartar la presentación en carácter de particular damnificado, paso que le daría un rol más activo a los legisladores que ponen el dedo en la llaga del Ejecutivo.
En la víspera, los asesores legales del Frente para la Victoria y Unión PRO se reunieron con los ediles y acordaron solicitar una copia de la causa penal que tiene en sus manos el fiscal Marcelo Fernández, para actualizarse en torno a los últimos testimonios, según pudo averiguar LA VOZ.
Pero además, apuntan a incorporar más casos que los 7 que motivaron la denuncia original, ya que entre abril de 2008 y junio de 2011, presuponen que los pagos de subsidios para personas con necesidades económicas derivados a prestadores serían muchos más.
Es más, el famoso "cuadernito" escrito a mano donde los funcionarios de la Secretaría harían un registro contable en negro de los montos y destinatarios de los subsidios, figuran muchos otros nombres de beneficiarios que lejos están de pasar carencias de tipo social.
Hasta el momento, se supo que en el expediente ya se puso la mira sobre los pagos a un albañil, un herrero, un plomero, un gasista, el propietario de una cantera ubicada dentro de la poligonal y un empresario que presta servicios de baños químicos para eventos organizados por el municipio.
Pero los abogados de la oposición sospechan que hay muchos otros beneficiarios. Y la reiteración de casos podría influir en la pena a manera de agravante. De todos modos, aclaran que sólo un caso comprobado merecería un fallo adverso que complicaría la situación procesal de los funcionarios.
Asimismo, se baraja la posibilidad de que los concejales críticos de la gestión Lunghi den un paso adelante al presentarse como particular damnificado, figura que deberá autorizar el juez de Garantías, aunque ese aval -opinan- debería librarse en tanto los delitos investigados atentan contra la administración pública, y los legisladores, de hecho, son representantes del pueblo.
Sin embargo, esta posibilidad recién esta en estudio, y por ahora la cuestión avanza sobre la base de la denuncia. La diferencia está en que el denunciante expone el caso al fiscal y sugiere el material probatorio a tener en cuenta, pero el particular damnificado tiene poder de acusar, solicitar medidas de prueba, recibe cada notificación que hace a la causa y se convierte en lo que se conoce como querellante. Esto le daría a los opositores un rol más activo dentro de la pesquisa.
Ya con la causa en su poder, los legisladores decidirán si amplian la denuncia, siempre colaborando con más aporte de pruebas.
Pero otro dato interesante en la escandalosa historia ventilada por el delegado gremial Marcelo Hidalgo alude a la tesis del posible "peculado", es decir, más allá de la malversación de fondos, que haya un aprovechamiento económico de la anomalía donde la administración municipal resulte damnificada.
A propósito de esta hipótesis, se evaluará si los prestadores que cobraron sus servicios con ayuda social pasaron presupuestos acordes a lo que indica el mercado, o sus tarifas excedieron largamente los valores "normales".
Para detectar esta irregularidad conocida habitualmente como "sobreprecio", se debería hacer una inspección ocular en los lugares donde se hicieron los trabajos, y cotejar con presupuestos de distintas empresas o prestadores, para definir si las diferencias económicas son significativas como para motivar una acusación más grave.
Lo cierto es que, en la causa, dos testimonios de empleados administrativos de la Secretaría de Desarrollo Social parecen cobrar una importancia significativa. El primero, al reconocer la existencia de ese "cuadernito" contable extraoficial, con nombres y apellidos de prestadores beneficiarios. El segundo, los dichos de la encargada de Mesa de Entradas, por donde deben pasar todos los subsidios y destinatarios. Esta agente dijo desconocer que los beneficiarios anotados en el cuaderno hayan percibido esos montos.
Por eso los letrados que asesoran a la oposición sospechan que en la Secretaría habría dos vías para el cobro de subsidios. Una por mesa de entradas, y otra por el camino supuestamente irregular. De todas maneras, el fiscal deberá dilucidar qué profesional -un trabajador social- firmaba estos subsidios que luego se percibían en la sede del ex Banco Hipotecario.