Nacionales. Preocupa la situación en las cárceles bonaerenses

LA PLATA (Corresponsal).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por "las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad" en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.

En la audiencia realizada en la tarde del lunes en la sede de la CIDH en Washington, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron un extenso informe sobre las condiciones de detención de los presos bonaerenses y denunciaron torturas y superpoblación en las cárceles de la Provincia.

La presentación fue realizada luego de que en junio del año pasado el Relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, examinara distintas cárceles y comisarías y exhortara al Estado provincial a "asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana" y a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.

Durante la audiencia, representantes del gobierno provincial rechazaron "las expresiones vertidas por los denunciantes" sobre torturas y sobre la supuesta complicidad del Poder Judicial en dichas prácticas.

Desde el Estado bonaerense indicaron asimismo que "el total de detenidos en la Provincia se encuentra hoy en baja" y aseguraron que en los últimos cinco años se produjo una reducción del 20% en la cantidad de presos alojados en las 38 unidades carcelarias.

En contrapartida, el CELS y la CPM informaron que el índice de sobrepoblación de las cárceles provinciales es del 92%. "Es decir que el sistema estaría alojando a casi el doble de los detenidos que podría alojar, si se aplicaran los parámetros internacionales de plaza carcelaria", aseguraron.

Los organismos denunciaron además que "existe un patrón estructural de violaciones de derechos humanos en los lugares de detención, que se traduce en torturas extendidas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención".

Proyectos de la Provincia

En su exposición ante la CIDH, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín -representante del gobierno provincial en Washington- rechazó parte de las denuncias de los organismos de derechos humanos y anunció los proyectos del oficialismo para mejorar la situación de los detenidos en la Provincia.

En ese sentido, destacó "la promoción de la reforma a la Ley de Ejecución Penal" una iniciativa que, según el funcionario, "pone en sintonía la legislación provincial con los estándares nacionales tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia pero que además incorpora otras reformas de avanzada".

Entre esas reformas mencionó "la instauración de la oralidad para la decisión de las cuestiones referidas a la libertad, la imposibilidad de aplicar medidas de seguridad sin juicio previo" y "la instauración de mecanismos de compensaciones por año de trabajo o estudio efectivo en prisión".

Albarracín anunció además el impulso de un proyecto de ley "que se encuentra ya consensuado con las distintas fuerzas políticas de la Provincia, por el cual se potencian las posibilidades laborales de los liberados, derogando por un lado el impedimento de acceso al empleo público, pero asegurando además un porcentaje de ingresos a la administración central o descentralizada".

Finalmente destacó la instrumentación de "cuatro reformas legislativas" y "una quinta en trámite", para llevar "de 3 a 12 la cantidad de Salas del Tribunal de Casación", por lo que "el plazo promedio de duración de la prisión preventiva hasta la sentencia de primera instancia se ha reducido ya a 341 días".