Nacionales. Quedó cerrada la causa por el avión militar de EE.UU.

BUENOS AIRES.- La causa judicial por el armamento incautado al avión militar de los Estados Unidos quedó definitivamente archivada luego que la Fiscalía no apelara la resolución del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky de cerrar el expediente porque no se cometió delito.

Ahora la Aduana debe resolver si en el caso hubo infracción aduanera o si dicta la absolución y devuelve todo lo incautado a Estados Unidos, tal como reclama su Gobierno.

Si hubo infracción -lo que está analizando un juez administrativo del organismo-, la Aduana podría aplicar multas económicas o decomisar el material, para lo cual puede llamar a subasta, hacer una donación o destruir el material.

Todo lo secuestrado se encuentra en un conteiner precintado en Ezeiza.

Además, el conflicto diplomático del caso sigue abierto, toda vez que desde Washington reclamaron la devolución de lo incautado a través del Departamento de Estado, pero el gobierno nacional no acompañó el pedido.

Fuentes judiciales informaron ayer a DyN que la Fiscalía se notificó de la resolución del magistrado y la semana pasada devolvió la causa sin objetar su cierre.

El juez investigó si los militares estadounidenses incurrieron en el delito de contrabando al intentar ingresar al país armas y fármacos que no estaban autorizados por las autoridades locales para utilizarlos en una capacitación de seguridad a oficiales de elite del grupo GEOF de la Policía Federal.

Aguinsky cerró la causa el considerar que no hubo delito porque el contrabando "exige que se oculte o disimule la mercadería que debiera someterse al control aduanero", lo que no ocurrió en el caso ya que el material estaba a la vista dentro de bolsos.

El pasado 10 de febrero el avión C-17 llegó al aeropuerto de Ezeiza y se le incautó armas, equipos para comunicación, medicamentos y psicotrópicos porque no estaban registrados en el manifiesto donde se detallaba el material autorizado a ingresar al país.

El operativo fue encabezado por el canciller Héctor Timerman, en una muestra de la importancia que el gobierno de Cristina Fernández le otorgó al episodio de la presencia de material militar y de salud, que según la Casa Rosada no figuraba en la lista previamente remitida por Washington.