Locales. Quedó imputado el trabajador social por irregularidades en subsidios municipales

A casi dos años que este Diario ventilara el escabroso caso que involucraba a agentes municipales de la Secretaría de Desarrollo Social, la Justicia penal aguarda por definir bajo qué modalidad se resuelve el proceso de los involucrados, que fueron imputados de “Defraudación en perjuicio de la Administración Publica y falsificación ideológica de instrumento privado en concurso ideal”.

Más precisamente se trata de un sumario administrativo que luego devino en la intervención del fuero penal, ante la sospecha del manejo irregular a la hora de destinar subsidios que tenía a su cargo un trabajador social que cumplía funciones en la Secretaría que oportunamente conducía Julio Elichiribehety.

En efecto, el empleado de planta, trabajador social y responsable del manejo de fondos que administra el centro comunitario de Villa Italia, había sido retirado de su cargo, hasta que el propio involucrado renunció a su puesto, no obstante lo cual la investigación penal continuó su marcha.

Según se conoció por aquellos días de diciembre de 2009, la presunta malversación de fondos que administra un centro comunitario, daba cuenta de la sospecha que el funcionario utilizaba subsidios destinado para el pago de alquileres en provecho propio o a allegados.

Ya para inicios de mayo, el affaire en la Secretaría de Desarrollo Social pasaba a la justicia del fuero Penal, quedando la causa en manos del fiscal Gustavo Morey. Como suele suceder en este tipo de escabrosas situaciones administrativas, también el asunto tuvo repercusión en el ámbito político y, desde el Concejo Deliberante oposición y oficialismo de aquellos meses debatieron acaloradamente por el tema, finalmente votando un proyecto de resolución por el cual se solicitó que el caso sea remitido a la justicia penal, como en efecto ocurrió y ahora llega a su desenlace.


EL DELITO

En efecto, según este Diario pudo confirmar, el ex empleado municipal, Claudio Fabian Mastino fue notificado del delito que se le atribuyó. Más precisamente en un período comprendido entre el mes de noviembre de 2005 y hasta el mes de enero de 2009 Mastino realizó maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública, según el fiscal.

Para ello, el ministerio público definió que el imputado colocó datos falsos en los registros sociales del municipio y utilizó contratos de locación apócrifos, documentación esta que era presentado ante la Dirección de Desarrollo Social local a efectos de percibir subsidios municipales, sumas que, valiéndose de la cooperación necesaria y previamente acordada de tres personas (ver aparte) quienes constaban como locadores de inmuebles de los cuales no eran titulares, eran autorizadas por la Tesorería comunal en la creencia de la veracidad de los datos reflejados por la documentación aludida y percibidas posteriormente por los sujetos involucrados.

A los mismo fines defraudatorios y en un período comprendido entre el mes de agosto de 2006 y el mes de febrero de 2009, Mastino insertó datos falsos en registros sociales del municipio a efectos de lograr la obtención de subsidios personales del municipio local a personas que no se encontraban en condiciones de percibirlo, a quienes luego de obtenido el dinero les requería parte de lo percibido.

Como pruebas en su contra, el fiscal citó a las declaraciones testimoniales de responsables de la Secretaría de Desarrollo Social, como el actual secretario Rubén Dieguez, además de informes de dominio, socio ambiental, informes de constatación de domicilios, informe contable y expediente administrativo, entre otras documentaciones.


Los imputados

Además de Mastino, el fiscal arribó a la imputación de Marcelo Alejandro Zarzabal, Diego Fernando Fino y Norberto Fabián Arias, estos únicamente por el delito de defraudación a la administración pública.