6 de julio de 2023
De todos modos, la fecha del 8 de julio
dispuesta por el Dr. Moragas no se aplicaría, a partir de la apelación
presentada por el Defensor Oficial Diego Araujo, que tuvo "efectos suspensivos"
de una medida de desalojo compulsivo.
Como se informara, el Juez de garantías, Dr. José Moragas, dispuso en un fallo emitido a fines de mayo, ordenar el desalojo de las tierras de Piccirilli al 1000, ocupadas ilegalmente desde febrero de este año, por un grupo de personas que intrusaron el lugar, cuya propiedad fue corroborada por la justicia, en manos de un privado.
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Esa resolución, dispuso un plazo de 45 días para que los ocupantes de las dos manzanas de Movediza, se retiraran voluntariamente del lugar, con el fin de evitar una medida de desalojo compulsivo. Ese período se cumplirá este sábado 8 de julio, y hasta el momento, prácticamente ninguna de las personas que ingresaron al predio, se han retirado.
En ese marco, el Defensor Oficial, Dr.
Diego Araujo, representante legal de las personas que integran la toma,
presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de
Azul, que buscaba un efecto "suspensorio" de la medida dispuesta por Moragas,
con el objetivo de mantener abierto un diálogo y negociaciones con los canales
institucionales de los Estados provincial y municipal, para encontrar una
salida pacífica al conflicto.
Es por eso que días atrás, un grupo que forma parte de la toma, se presentó en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, solicitando al gobierno municipal una alternativa para abandonar el predio, que al mismo tiempo suponga una solución a la problemática habitacional que los aqueja. Sin embargo, no hubo demasiados avances de ese encuentro, mantenido con la responsable del área, Alejandra Marcieri.
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Este miércoles, y mientras se aguarda la definición de la Cámara de Apelaciones azuleña, se desarrolló una reunión de la que participaron representantes de las instituciones oficiales que conforman la Mesa de Gestión Intersectorial, con diversos organismos provinciales, la Defensoría Oficial, Defensoría del Pueblo, la Unicen y el Municipio, de la que participó también el titular de las tierras ocupadas, acompañado por su abogado patrocinante.
Fuentes consultadas deslizaron que el dueño
del predio de calle Piccirilli se mostró "flexible" a aceptar alguna propuesta
"seria y concreta" de parte de las autoridades, para desactivar el conflicto de
manera pacífica, aunque dejó expresada su posición en relación a que pretende
recuperar los terrenos, para disponer de ellos.
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