29 de diciembre de 2011
La presidenta Cristina Fernández promulgó ayer la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso, en el marco del rechazo surgido desde organizaciones políticas y sociales que le reclamaban el veto a la norma aprobada a instancias del organismo de antilavado GAFI.
Organizaciones sociales y gremiales, en tanto, anunciaron que hoy se movilizarán a Plaza de Mayo para rechazar la norma.
A través del decreto 265/11 publicado ayer en el Boletín Oficial, la mandataria promulgó la ley 26.734 que significa una modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades destinadas que podrían aterrorizar a la población.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
En ese caso, la escala de la pena "se incrementará en el doble del mínimo y el máximo" y aclara la ley que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos se realicen "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", un texto fuertemente reclamado por aliados del kirchnerismo en Diputados.
La norma también establece prisión de entre 5 y 15 años y multas a quien "recolectare o proveyere bienes o dinero" para "financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida" por el anterior artículo que se refiere a la condena a los actos que aterroricen a la población.
En tanto, distintas organizaciones sociales y dirigentes de la oposición mantuvieron hasta ayer sus reclamos para que la Presidenta vete el texto convertido en ley el jueves 22 de diciembre por el Senado, pero no hubo respuesta de parte de la mandataria que firmó la promulgación y puso en marcha la ley.
Por su parte, la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) harán hoy a las 17 una movilización a la Plaza de Mayo en rechazo a la ley antiterrorista, según se informó en un comunicado.
"La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes, en el menemismo, la Alianza, momentos de intensificación, ahora el gobierno se ufana de no reprimir pero pretende ajustar aún más la legislación represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares", advirtieron.
La principal preocupación de la oposición tiene que ver con una eventual criminalización de la protesta social y del ejercicio del periodismo, pero distintos referentes del Gobierno salieron a aclarar que la norma tiene que ver con un requerimiento del organismo antilavado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Nada tienen que ver los reclamos sociales ni el periodismo mucho menos. Es una locura. Estamos hablando de un tema claro y contundente, que nosotros hemos apreciado y padecimos, teniendo muchos muertos", había explicado el senador Aníbal Fernández, en defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
En tanto, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, fue quien abrió la controversia sobre el alcance de la ley al señalar que podría afectar a la prensa, pero durante el fin de semana el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se encargó de aclarar que se trataba de un "disparate" esa lectura de la ley.
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